ESPECIALISTA EN KONFLICTOS

KIRCHNER PROFUNDIZA EL CONFLICTO

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Por Pascual Albanese para el Informador Público

La aprobación de la ley de matrimonio de personas del mismo sexo colocó a la relación entre el gobierno y la Iglesia Católico en el escalón más bajo de los últimos 55 años, cuando en 1955 el conflicto entre Perón y la jerarquía eclesiástica argentina, cuya profundización desembocó en la quema de las iglesias en la ciudad de Buenos Aires y volcó a la totalidad del laicado católico, incluido un sector decisivo del Ejército, a favor del derrocamiento de Perón, quien en Madrid siempre reconoció que esa confrontación había sido el error más grave de su gobierno. Hay empero una diferencia entre ambas situaciones: en 1955 hubo responsabilidades compartidas entre el gobierno peronista y la jerarquía eclesiástica, mientras que esta vez toda la responsabilidad recae inequívocamente sobre la estrategia de confrontación sistemática implementada por Néstor Kirchner.

Más allá de la discusión puntual sobre el texto legal, Kirchner quiso, y logró, poner la cuestión en términos de una disputa de poder con la Iglesia Católica y, en particular, con el cardenal Jorge Mario Bergoglio, mucha veces caracterizado desde el oficialismo como el verdadero “jefe de la oposición”, un título que desde esas mismas trincheras se endilga alternativamente al cardenal primado o al CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto.

Como suele ocurrir, las consecuencias de los hechos desbordan la voluntad de los actores. La Argentina quedó como el noveno país del mundo y el primero en América Latina en legalizar el matrimonio homosexual. Ese solo dato coloca al gobierno en la “lista negra” de la Santa Sede y obliga al Episcopado Argentino a ubicarse a la altura de ese desafío. Si bien es pronto para determinar las formas que habrá de adquirir este enfrentamiento en el futuro inmediato, no es aventurado señalar que estamos ante un hecho nuevo llamado a influir fuertemente en los acontecimientos políticos.

Las diferencias internas existentes dentro de la cúpula del Episcopado, que no son para nada novedosas pero tomaron mayor visibilidad en las últimas semanas, no tienen nada que ver con la existencia de una “línea dura” y una “línea ablanda” en relación al gobierno, sino en una diferencia táctica en relación al modo de enfrentarlo. Esa presunta “línea blanda” no existió y si alguna vez hubo algún atisbo de algo parecido, Kirchner se encargó de hacerlo desaparecer.

En el cómputo de resultados de esta ofensiva del gobierno contra la Iglesia Católica, corresponde computar un hecho no por “intangible” menos real: el deterioro los vínculos con el Vaticano acentúa el aislamiento internacional de la Argentina. Porque, más allá de la formalidad jurídica, mucho más que un pequeño estado enclavado en el interior de Italia, la Santa Sede es la cabeza del mundo católico, que constituye un fenómeno de enorme gravitación mundial. La famosa pregunta de “cuántas divisiones tiene el Papa” que formulara José Stalin a Franklin Delano Roosevelt en la conferencia de Yalta ha tenido ya sobradas y contundentes respuestas en la historia de las últimas décadas.

Que el conflicto con la Iglesia sea un factor adicional que contribuye aislamiento internacional de la Argentina no es tampoco un hecho que pueda sorprender demasiado. La renuncia del canciller Jorge Taiana y su reemplazo por el hasta entonces embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, ya había ratificado una constante de los últimos siete años: la política exterior argentina es una simple “variable de ajuste” de la política doméstica, hasta el punto que el cambio recientemente registrado en la cúpula en el Palacio San Martín es consecuencia directa de la situación creada por divulgación periodística de las revelaciones del ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, y su consiguiente citación por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Pero la dimisión de Taiana no agotó el episodio: apenas asumido Timerman, una nota firmada por el subsecretario de Integración Comercial de la Cancillería, Eduardo Sigal, confirmó, en un episodio seis años posterior a los narrados por Sadous, la existencia de lo que el ex embajador en Caracas había definido como una “diplomacia paralela” cuyo vértice estaría personificado por el Ministro de Infraestructura, Julio De Vido.

El encadenamiento de los hechos indica la existencia de un creciente “mar de fondo” entre el personal de carreta del Palacio San Martín, cuya representación gremial salió públicamente a defender a Sadous ante las acusaciones de De Vido. Quienes conocen la idiosincrasia del personal de carrera de “La Casa”, que por formación profesional es alérgico al conflicto y que en cualquier circunstancia opta siempre por la cautela, coinciden en señalar que estas manifestaciones públicas de discrepancia sólo pueden responder a la percepción de dos hechos concatenados: el debilitamiento político del gobierno, que mueve a pensar más en el 2012 que en el futuro inmediato, y el temor a que determinados manejos en el área gubernamental tenga derivaciones judiciales que nadie desea padecer en carne propia, una comprensible aprehensión que en ciertos casos extremos puede obligar a deslindar preventivamente eventuales responsabilidades penales.

Otra consecuencia de esta situación fue el fracaso de la visita a China de Cristina Fernández de Kirchner. La frase presidencial acerca de la conveniencia de “desojizar” la relación bilateral con Beijing fue interpretada como el inequívoco reconocimiento de esa frustración que complica las relaciones bilaterales con la segunda potencia económica mundial.

Lo cierto es que las revelaciones de Sadous también pusieron en blanco sobre negro el hecho de que el vínculo entre el gobierno argentino y el régimen de Hugo Chávez, más que una relación de carácter ideológico o un elemento de política exterior, tiene una naturaleza comercial y empresaria, que forma parte de la estrategia de acumulación de poder político y económico implementado por Kirchner desde mayo de 2003.

En ese intrincado tramado de negocios binacionales hincó el diente la oposición parlamentaria, en un trámite que ya inquieta seriamente en la residencia presidencial de Olivos, porque, más allá de De Vido, cuya interpelación en la Cámara de Diputados Amenaza erigirse en un acontecimiento de proporciones, las imputaciones, avaladas ahora por el ex Defensor del Pueblo Emilio Mondino, señalan directamente a Kirchner.

La investigación sobre las relaciones comerciales argentino-venezolanas son una demostración importante, pero no la única, de una seguidilla de traspiés parlamentarios del oficialismo, que motivaron fuertes v críticas de Kirchner contra Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. La aprobación del proyecto de ley sobre modificación del Consejo de la Magistratura y el curso que tomó trámite de la controvertida “Ley de Glaciares”, que había sido vetada por el gobierno, fueron otras dos expresiones de ese vuelco legislativo. Incluso el Senado avanzó en el tratamiento del proyecto de ley de normalización del INDEC y en la sanción del 82% móvil para el haber de los jubilados.

Cada una de estas sanciones legislativas incomoda al gobierno porque pueden obligarlo a recurrir reiteradamente al recurso del veto presidencial, con el consiguiente desgaste de su imagen pública., pero no son políticamente letales. En cambio, los progresos en la investigación parlamentaria sobre los negocios venezolanos, y su inevitable asociación con el episodio de la valija de Guido Antonini Wilson, no requieren la aprobación del senado ni son susceptibles de veto, por los que sus efectos prácticos son inevitables.

Más grave resulta la cuestión de las “facultades delegadas” por el Parlamento al Poder Ejecutivo, cuya vigencia caduca el 24 de agosto próximo. El gobierno requiere la aprobación de una prórroga de esas facultades antes de esa fecha en las dos cámaras del Congreso. En las actuales condiciones, es casi imposible que lo consiga, al menos sin realizar importantes concesiones que incluyan entre otras cosas una reducción de alícuotas de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. En el caso, altamente probable, que el gobierno no obtenga la prórroga que necesita, quedaría fuertemente menguada su capacidad de presión sobre gobernadores e intendentes, que configura la principal base de sustentación de su poder político. Cabe prever que ésta será la batalla más importante que habrá de librarse en el Parlamento en las próximas semanas.

Mientras esto ocurre, el curso de la ofensiva frontal que lleva adelante Kirchner contra el grupo Clarín, que constituye su batalla principal, ha tropezado con algunos reveses significativos. El fracaso del examen del ADN de los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble parece haber anulado la posibilidad de su procesamiento judicial, al menos en el corto plazo. Un fallo de la Cámara Penal Económico dificultó la vez el ataque gubernamental contra la empresa Papel Prensa. Otra resolución judicial perjudicó los intereses del gobierno favoreció a los accionistas italianos de TELECOM, una compañía cuyo control por un grupo de empresarios “amigos” constituye para el oficialismo una pieza clave en esa pulseada.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de la suspensión de la vigencia de la llamada “cláusula de desinversión” establecida por la Ley de Medios de Comunicación Audiovisuales hace que el cumplimiento efectivo del lapso de un año establecido en esa norma legal coincida ya en la práctica con las postrimerías del mandato constitucional del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa demora implica el fracaso del objetivo de desmantelamiento del “holding” empresario.

En este contexto, así como después de la sanción de la ley de matrimonio homosexual la Iglesia Católica está obligada a responder a la lógica de Kirchner en sus mismos términos, Kirchner está forzado a tener que duplicar su apuesta en su puja con el grupo Clarín. La agudización de estas dos grandes contiendas de poder, y sus múltiples derivaciones directas o indirectas en la actitud de la oposición política y de los distintos factores de poder, en el terreno parlamentario y en el plano judicial, habrá de signar el curso de los acontecimientos de las próximas semanas con mayor intensidad que el escenario electoral propiamente dicho, cuyas características finales aguardan todavía su previa remodelación que surge de la dinámica de estos conflictos.