SILENCIO

La única respuesta del Gobierno fue el silencio. Por Mariano Obarrio
Publicado en Opinión, Política |

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Periodismo de Verdad: 28 de mayo de 2011



La intención oficial es responsabilizar a Macri



En medio del escándalo por las denuncias de irregularidades contra el ex administrador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, la presidenta Cristina Kirchner ordenó ayer un profundo silencio oficial y evitó dar a conocer la cantidad de viviendas sociales construidas con fondos de la Nación, las partidas presupuestarias y los montos ejecutados.

El plan oficial es reducir la repercusión política del caso a “una cuestión interna” de Madres de Plaza de Mayo. Su presidenta, Hebe de Bonafini, es aliada histórica del Gobierno y emblema kirchnerista de la defensa de los derechos humanos. Pero la Presidenta tiene un profundo malestar con ella y con Schoklender.

Según confió a La Nacion una alta fuente oficial, la Casa Rosada intentará responsabilizar al gobierno porteño de Mauricio Macri por posibles pagos indebidos o corrupción.

La construcción de viviendas sociales en villas y asentamientos en el programa Misión Sueños Compartidos, de la Fundación Madres, se realiza por medio del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que dirige Omar Abboud, hombre de Macri. El IVC recibe los recursos del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, cuya renuncia, por ahora, descartaron en Balcarce 50.

Cuando Cristina Kirchner leyó los diarios ayer, comentó entre íntimos: “¿Ven? Estas son las cosas que me hartan”, y puso en duda otra vez su reelección. Podría intentar salvar a Bonafini y soltarle la mano a Schoklender. Todo está en análisis.

El jefe de la CGT, Hugo Moyano, recibió información sobre supuestas maniobras de Schoklender con fondos públicos para viviendas dirigidas a los pobres. Provenía de punteros barriales sublevados de Villa Lugano y Villa Soldati. El mensaje de Moyano, con quien el Gobierno mantiene una relación tensa, llegó a la Presidenta y al secretario general, Oscar Parrilli. Desde entonces, hay un intento oficial avanzado de recomponer con Moyano. Parrilli dijo ayer: “Sobre eso no voy a hacer comentarios”.

Los posibles delitos son fraude, lavado de dinero y desfalco por varios millones. El principal sospechoso: Schoklender. Altas fuentes de la Casa Rosada aseguraron que el número de viviendas sociales, monto de partidas presupuestarias y ejecución no se estimaron aún. Esa información, que es pública, es clave para calcular si hubo sobreprecios.

La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, instó a silenciar denuncias por lavado de dinero que hizo la diputada Elsa Quiroz (Coalición Cívica). Reclamó “a quienes han promovido investigaciones ante la UIF a proceder con responsabilidad y preservar la información que puede dar sustento a una causa judicial”.

Si bien Macri denunció que el Gobierno presionaba por pagar las obras que llevaban considerables demoras, un alto funcionario dijo que “nunca existió eso”.

Con expreso pedido de reserva de su nombre, un allegado a la Presidenta dijo lo que será la estrategia oficial. “El Estado cumplió lo que corresponde; se pagó lo que valía el metro cuadrado en los planes federales de viviendas”, agregó. Pero no dijo cuánto. El argumento es que el Estado financia a provincias y a municipios, y éstos contratan con el IVC, no con el Estado nacional. El IVC, según dijo, debe recibir los certificados de obra y requerir los fondos a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación. Fatala los paga si ese certificado está en orden y el IVC les paga a las Madres. “El responsable civil es el IVC”, dijo el funcionario cristinista.

Fuente: La Nación