TENSIÓN

ENCIÓ EL PLAZO
El desalojo se demora y crece la tensión en el Bajo Flores

Por pedido de los ocupantes del Bajo Flores, según informó la ministra porteña, María Eugenia Vidal, se decidió aplazar hasta las 10:00 el operativo, que en conjunto realizarán la Federal y la Metropolitana, para desolajor la zona. El plazo ya venció, y algunos okupas se retiran por propia voluntad, sin embargo, otro grupo no aceptó la negociación y sería desalojado por la fuerza.
Según informó la ministra porteña María Eugenia Vidal, a pedido de los okupas del Bajo Flores, se decidió aplazar hasta las 10:00 el operativo que encabezan la Policía Federal junto con la Metropolitana.

Sin embargo, el plazo ya venció y no todos los okupas aceptaron la negociación. Por tanto, mientras un grupo se retira por propia voluntad, otro resiste dentro de las instalaciones y sería desalojado por la fuerza.

En tanto, efectivos de la Policía Federal y de la Metropolitana aguardan en la zona para dar cumplimiento a la orden judicial de liberar los terrenos usurpados desde marzo pasado.

Ya hubo varios intentos de desalojar esta zona. El último fue aplazado por la justicia porteña el pasado 18 de mayo y esa suspensión se convirtió en la cuarta desde febrero.

Según el fallo, la medida fue adoptada por la jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro en virtud de la "instancia de mediación judicial" abierta entre las partes en conflicto -el gobierno porteño, por un lado, y los usurpadores, por el otro- y por la voluntad existente de arribar a una solución definitiva y pacífica de la toma.

La jueza también determinó en esa oportunidad que la Policía Federal mantenga el cordón de seguridad en torno del asentamiento para impedir que ingresen nuevos usurpadores. Según el censo realizado el 28 de abril por orden judicial, hay un total de 245 personas instaladas sobre las veredas de Riestra y Portela, con el consecuente perjuicio para los clubes y colegios que funcionan en la zona.

Como se recordará, mientras que los usurpadores exigen ser incorporados en planes de viviendas definitivas, el gobierno porteño niega esa posibilidad y ofrece el pago de subsidios habitacionales de $ 7000.