NADA VA A CAMBIAR

Cuando la única novedad es que nada va a cambiar

Si hasta ayer había una inocultable incógnita entre los empresarios por las características del acuerdo social que planteó Cristina Kirchner durante la campaña electoral, a partir de ahora deben de estar aún más intrigados.
Por Néstor O. Scibona

NuevoEncuentro 01/12/07



En su primer ensayo como presidenta, 10 días antes de asumir, Cristina Kirchner descartó explícitamente un futuro acuerdo marco con pautas generales de política económica. En cambio, pareció inclinarse por acuerdos sectoriales para fines específicos, como el que el Gobierno (saliente y entrante) firmó ayer para abaratar un conjunto de productos de la canasta navideña y ponerlos al alcance de los sectores de menores ingresos.

La novedad de este acuerdo es que nada cambia en el manejo de la política de precios para productos de consumo masivo. Como ocurrió en los últimos dos años, se basa en tratamientos caso por caso para aquellos rubros que tienen gravitación en el índice de precios al consumidor. Diciembre, en este sentido, siempre fue un mes crítico para el IPC por el efecto estacional de los consumos de fin de año.

Aunque todavía se desconocen la composición y los valores de los artículos que integrarán esta canasta, sería difícil creer que quienes estuvieron ayer en la Casa Rosada no sacrificarán márgenes de rentabilidad en un conjunto de productos para compensarlos quizá con los de otros.

En definitiva, mientras el consumo siga creciendo como hasta ahora, el aumento de volúmenes contrarrestará aquellos sacrificios. Más aún si, como algunos presumen, ciertos productos desaparecen rápidamente de las góndolas y deberán ser sustituidos por otras marcas y calidades, ya que algunas fábricas no dan abasto con la producción.



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También es válido suponer que estos precios acordados serán tomados por el Indec como los únicos vigentes para estos productos, independientemente de lo que terminen pagando los consumidores. En otras palabras, este esquema es funcional a la estrategia de subestimar la inflación real con índices poco creíbles, dibujados a la medida de las necesidades del Gobierno.

Detrás de esta iniciativa estuvo otra vez la mano de Guillermo Moreno. En los últimos días, el controvertido secretario de Comercio Interior gastó teléfonos para convocar individualmente a supermercadistas, comerciantes mayoristas y empresas líderes que ya se han habituado a discutir con él precios y costos como si formara parte de sus equipos gerenciales.

Sería difícil suponer que Moreno cumpliría otras funciones en el futuro gobierno, después de haber compartido la misma mesa con la presidenta electa y el ministro que el 10 de diciembre se hará cargo del Palacio de Hacienda.


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Sin embargo, el acto de ayer encierra otras incógnitas. Cristina Kirchner afirmó que en ninguna parte del mundo el mercado es un eficiente asignador de recursos, y eso constituye toda una definición.

Si esto fuera cierto, el Estado debería decidir o acordar qué se produce, a cuánto se vende y cuánto pueden ganar o no las empresas, lo cual está lejos de una definición moderna de articulación público-privada en sectores no estratégicos, y también de la necesidad que tiene la Argentina de aumentar la inversión, para lo cual se requiere rentabilidad pero también un horizonte de reglas que no cambien a cada rato.

En los países que funcionan bien, el Estado se encarga de asegurar la mayor competencia posible y de intervenir sólo en aquellos mercados en que el consumidor queda desprotegido frente a comportamientos oligopólicos o contingencias imprevisibles.

Por otro lado, al ensayo de ayer en la Casa Rosada le faltó la otra pata del acuerdo social tripartito: cuál va a ser la política salarial y laboral del futuro gobierno. Aunque muchos empresarios no lo digan en público, temen que la política del caso por caso pueda desembocar en sorpresas día por día.