SOSPECHAS DE KORRUPCIÓN

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Por Jorge R. Enríquez

El 21 de diciembre de 2007, a pocos días de la asunción de la actual presidenta, se publicó un edicto en la edición 4215 del Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz, que daba cuenta de la constitución de una nueva sociedad anónima.
El edicto, ordenado por el juez Carlos Enrique Arenillas, informaba sobre la la constitución de El Chapel SA de acuerdo al expediente Nº E-6391 de 2007, con escritura pública Nº 1193, labrada en folio 3760 el 21 de diciembre de 2007, pasada por ante el Registro Notarial 42 del escribano Jorge M. Ludueña.
Hasta aquí, nada sorprendente. Todos los días se constituyen sociedades anónimas. Pero lo curioso estaba en los sujetos que la constituían y, sobre todo, en su objeto.
Quienes constituyeron la sociedad son Máximo Carlos Kirchner, de 31 años, y los cónyuges en primeras nupcias entre sí, Néstor Carlos Kirchner, de 58, y Cristina Elizabet Fernández, de 55, con un directorio presidido por Máximo Carlos y cuyos directores suplentes son Néstor Carlos y Cristina Elizabet.
¿Cuál es el objeto de El Chapel SA? Entre otros, el asesoramiento financiero y los préstamos de dinero.
Llama la atención que la familia presidencial se aboque, durante su gestión, a prestar asesoramiento financiero. Uno podría preguntarse, antes de otras consideraciones de mayor peso, cuál es la idoneidad profesional que tienen en la materia, ya que ambos cónyuges son abogados y del joven Máximo no se conocen estudios universitarios de ningún tipo. Sin embargo, sería necio negarles aptitud o conocimiento de los modos de acrecentar el patrimonio, ya que su propia experiencia atestigua que tienen un ojo especial para las oportunidades de negocios, como se vio hace pocos días cuando vendieron terrenos de El Calafate comprados a precios irrisorios como tierras fiscales a un valor infinitamente superior, concretamente a un precio 48 veces superior.
Pero lo grave es que puedan dar asesoramiento financiero sobre la base de la información privilegiada que obtienen -y producen- por el alto cargo que invisten (hablo en plural para ir a la realidad de las cosas).
De esta posibilidad da buena cuenta la columna de Carlos Pagni en “La Nación” del día martes 23 de setiembre pasado, en la que relata que allegados al Gobierno le recomendaron el viernes pasado a sus amigos comprar títulos públicos porque la presidenta estaba por hacer un anuncio que haría subir su cotización.
La ley 25.188, de Etica Pública, sancionada en 1999, que establece las normas éticas que rigen en el ejercicio de la función pública, prescribe en su artículo 13 que es incompatible con la función pública, entre otras cosas, asesorar a quien realice actividades reguladas por el Estado siempre que el funcionario tenga competencia funcional en la gestión o control de tales beneficios o actividades.
La actividad financiera está regulada y controlada por el Estado, y -como vimos- depende muchas veces en cuanto a su éxito de decisiones del Poder Ejecutivo.
Por lo demás, aunque no fuera ilegal, el asesoramiento financiero prestado por un presidente y su familia, nada menos que durante su ejercicio del mandato, es una inmoralidad tan grande y tan grotesca que no merece comentario alguno.
El escándalo de las valijas de Uberti, ex funcionario de la más estrecha confianza de los Kirchner, va alcanzando día a día proporciones gigantescas.
A la declaración testimonial del abogado Guillermo Ledesma sostuvo que Antonini le había dicho que De Vido le había garantizado protección, se suma ahora las nuevas declaraciones del valijero venezolano, que nos relatan de varias maletas y ya no de los famosos u$s 800.000, sino de 6.000.000 de la divisa norteamericana,
A esta altura, ya es muy poco comprensible que la justicia argentina no tome cartas activas en el asunto. Mientras tanto, el gobierno ha optado por el mutismo: la locuaz presidenta, que aprovecha hasta el cierre de un bache en el Gran Buenos Aires para armar un acto y disponer de una tribuna para pontificar sobre los temas más variados, con la suficiencia que sólo poseen los que no saben nada, no ha dicho en los últimos días una sola palabra.
Igualmente, sus voceros insisten en la teoría de la conspiración del FBI, la CIA y el gobierno de Bush, y reclaman la extradición de Antonini, tan estentórea como hipócritamente.
Es una suerte que exista un proceso judicial sobre esta cuestión en los Estados Unidos. Gracias a eso, en pocos meses ya sabemos mucho más del caso que lo que habríamos sabido en décadas de pseudo investigación por parte de la justicia kirchnerista.
Pero, paralelamente a la investigación judicial, debería formarse una comisión investigadora en el Congreso Nacional, que se meta a fondo con los recursos de la campaña electoral del año pasado. El asunto ya reviste gravedad institucional y, con prudencia pero con firmeza, habrá que avanzar a fondo en la indagación de una red oscura de complicidades y tráfico de dinero ilícito. Eventualmente, si la investigación reúne los elementos suficientes, deberá pensarse en la puesta en marcha de los mecanismos institucionales que correspondan.
En cualquier otro país, esto ya sería un escándalo. El hecho de que en vastos sectores de la población los episodios que referimos sean tomados más a la chacota que con seria preocupación, habla de una resignación ante la corrupción que puede entenderse por la persistencia de este fenómeno en nuestro país, pero que no debería asumirse como un dato irreversible de la realidad.
Las valijas de Uberti, el bolso de Felisa Miceli, los fabulosos negocios de El Calafate, los retornos de Skanska y otros episodios de entidad semejante, no caen en saco roto.
Nos han permitido retroceder otros cuatro casilleros en el ranking mundial sobre corrupción estatal que elabora Transparencia Internacional (TI).
Según el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) que realiza esa organización, la Argentina ocupa este año el lugar número 109, entre 180 países clasificados. En una escala de 1 a 10 (entre la percepción de muy corrupto a la ausencia de corrupción), nuestro país alcanzó un penoso 2,9, el mismo número que el año último, aunque retrocedió del puesto 105 al 109. El IPC mide la percepción de empresarios, académicos y expertos de cada país sobre el manejo de los fondos públicos.
El ranking de este año es encabezado por Dinamarca, Suecia y Nueva Zelandia, los tres con 9,3 puntos.
El primer país sudamericano que aparece es Chile, que junto con Uruguay ocupa el puesto 23, con 6,9 puntos. La Argentina también es vista como más corrupta que Perú (3,6); que su principal socio comercial, Brasil (3,5), y que Bolivia (3). Ecuador y la Venezuela de Hugo Chávez se encuentran en el pelotón de los países con mayor índice de corrupción, con 2 y 1,9 puntos, respectivamente.
Este índice, de gran prestigio internacional, es un excelente espejo de la situación argentina.
Debería llenarnos de vergüenza estar tan rezagados, no ya respecto de los países nórdicos, sino de nuestros vecinos sudamericanos, como Chile y Uruguay, con los que tenemos una historia, una lengua y una cultura comunes.
Tal vez lo bueno sea advertir que se puede, que nuestra decadencia no es un destino fatal. Si Chile y Uruguay se encuentran entre las naciones mejor vistas, es porque han seguido políticas opuestas a las que campean en la Argentina. Respetan las normas, son transparentes, no pretenden ser "transgresores", son tolerantes con quienes piensan distinto, no siguen un empobrecedor personalismo, miran al mundo como una oportunidad y no como una amenaza, y no van a los Estados Unidos ni a Europa a darles lecciones, sino a ver de qué forma pueden insertarse mejor en una economía globalizada, en la que la seguridad jurídica es un elemento fundamental para atraer inversiones.
Nosotros somos siempre los más “cancheros del barrio”. Hacemos lo que se nos viene en gana: a eso lo llamamos "modelo nacional". No salimos jamás de la adolescencia. Nuestros vecinos han madurado. Ya son adultos, es decir, responsables. No pierden tiempo en echarles la culpa a los demás. Han decidido mirar el futuro.
Soy un incurable optimista y sé que algún día también los argentinos caminaremos por la senda del progreso. Pero no basta con sustituir a un funcionario por otro: es toda una cultura la que hay que revisar.

Viernes 26 de setiembre de 2008

jrenriquez2000@gmail.com