CONSTITUCIONES DE JUGUETE

La Nación - 04-Feb-09 - Opinión

Las cartas magnas no deben modificarse según los caprichos de los gobernadores de turno, como ocurre ahora en Tucumán

Por segunda vez en menos de tres años, la Constitución de Tucumán volverá a ser modificada para satisfacer la ambición política y el afán de perpetuación del gobernador José Alperovich.

Si bien el mandatario pretextó que la reforma que impulsa pretende solucionar el problema de la designación de los jueces en su provincia, es sabido que su verdadero objetivo es la reelección para un tercer mandato consecutivo.

La Constitución provincial ya fue reformada durante la gestión de Alperovich, trámite que le permitió al gobernador su reelección en 2007. Pero la propia Constitución en su redacción actual impide que un gobernador que ha sido reelegido para un segundo período consecutivo pueda ser elegido para un tercer mandato, a menos que haya un intervalo entre el segundo y el tercero.

Ese intervalo es el que quiere obviar Alperovich. En 2006, el gobernador empleó el mismo argumento: que era preciso reformar la Constitución de 1990 para solucionar la designación de jueces. Aquella modificación incluyó la reelección, pero lo que no solucionó fue el tema de los jueces.

El 8 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema de la provincia, ante una demanda promovida por el Colegio de Abogados, declaró inconstitucional la facultad del Poder Ejecutivo de organizar por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), encargado de la selección de los jueces, como lo permite el texto de 2006. Y, en diciembre del año pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar por la que ordenó que el Poder Ejecutivo se abstuviera de designar en forma directa y sin ningún proceso de selección previa los jueces subrogantes para así cubrir provisionalmente las treinta vacantes de magistrados que hay en la actualidad.

Esa medida cautelar impidió que el Poder Ejecutivo aplicara la ley que lo autorizaba a nombrar jueces provisionales sin mecanismo de selección hasta que se cerrara la discusión sobre la integración del CAM. Una característica de Alperovich es la de someter al Poder Judicial. Con el Legislativo no tiene inconvenientes: 44 de los 49 legisladores son oficialistas.

Las ansias de perpetuación que llevan a modificar los textos constitucionales no son exclusivas del gobernador tucumano. Como se recordará, Carlos Rovira fracasó en 2006 en el plebiscito para reformar la Constitución de Misiones con vistas a su reelección indefinida. Pero hoy Rovira maneja tanto la Justicia como la Legislatura de Misiones, y podría ser candidato a gobernador en 2011.

En Río Negro, el gobernador Miguel Saiz acarició la idea de una reforma que le permitiera un tercer mandato, aunque hoy su imagen está un tanto empañada. La Constitución de Catamarca contempla la reelección ilimitada desde 1988 y lo mismo ocurre con la de Santa Cruz desde que el entonces gobernador Néstor Kirchner impulsó su reforma en 1998.

En cambio, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, afirmó públicamente que no pretende reformar la de su provincia y que no busca su reelección. Lo mismo han manifestado Gerardo Zamora en Santiago del Estero y Juan José Luis Gioja en San Juan.

Una Constitución no puede ser un juguete para armar y desarmar, según el criterio y la ambición del gobernador de turno que no se resigna a abandonar el poder. Reformarla para permitir terceros mandatos o reelecciones indefinidas es reducirla a una herramienta política de coyuntura. Quienes impulsan con esos fines dichas reformas, por más que cumplan con las formalidades que conducen a la modificación, se ubican por encima de la Constitución y no a su servicio, como deberían estar.