RADIODIFUSIÓN

NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN:

UN DEBATE NECESARIO Y SOSPECHOSO

Por el Lic. Matías Cerdá (*)

Una ley tiene por objetivo brindar un marco de seguridad jurídica que haga sí que la previsibilidad otorgue confianza, transparencia, claridad, inversiones y trabajo. El debate que se conforma previo a la sanción de la misma se caracteriza por el intercambio de ideas, propuestas e intereses. Finalmente, la ley sancionada, es promulgada por el Poder Ejecutivo que le da validez y le otorga vigencia. El devenir del tiempo conlleva cambios que hace a la legislación, en algunos puntos, antigua o no apta para satisfacer las necesidades jurídicas, económicas, sociales y/o culturales presentes. De este modo, las reglamentaciones que se generan desvirtúan los fundamentos que conformaron la ley misma, promoviendo la necesidad de la sanción de una nueva ley. En un país normal, este debate se da de cara a la sociedad, con su participación, generando debate, consensos y obteniendo una ley superadora como resultado final.

Una ley caduca, que necesita una nueva, en la Argentina se suele generar como respuesta negativa a la anterior, negando todos sus aspectos.

El debate actual contrapone entonces una ley vigente, que otorga libertades amplias a otra que restringe a límites sospechosos.

La Ley de Radiodifusión vigente data de 1980 y se sustentaba en la Doctrina de Seguridad Nacional y ha regido nuestros medios en los últimos 29 años, mediante la autoridad de aplicación, el COMFER. Esta ley, establecía una amplia libertad en cuanto a la tenencia de medios así como a la producción y difusión de contenidos (estableciendo límites borrosos solo en tanto y en cuanto no dañare la moral pública).

La propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovida por el Gobierno Nacional, se caracteriza por la centralización en el control de los medios. Otorga a los organismos del Estado en todos sus estamentos, nacional, provinciales, municipales y al Congreso facultades regulatorias, revisoras, restrictivas, punitivas y discrecionales.

En la Argentina, lamentablemente, los cambios generan sospechas y en este debate son trascendentes. Luego de 29 años de una Ley evidentemente funcional a los regímenes de turno, en donde este gobierno nacional, luego de seis años, evidencia las falencias de la Ley vigente y las denuncia fuertemente en medio de un conflicto con aquellos medios a los que ha financiado mediante pautas oficiales en permanente aumento, no puede ser casual.

La necesidad de reforma es evidente, las sospechas importantes pero la esperanza es grande ya que este debate quizás abra las puertas a la posibilidad de debatir la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería, que día a día nos quita ingentes sumas de dinero, que bien podrían destinarse a Educación, Cultura, Salud, Seguridad y a la promoción de la Cultura del Trabajo.

La reflexión nos orienta a pensar que es un tema demasiado importante para ser dejado en manos de políticos, quizás debería convocarse a un plebiscito para que una Ley tan trascendente no sea sancionada por un debilitado Congreso, promulgada por un inestable poder ejecutivo y sufrida por una ciudadanía en las sombras.

(*) Lic. Matías Cerdá (Nueva Generación, Vicente López)