BAJO FUEGO

Río Negro - 07-Ene-10 - Opinión

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Editorial
El Banco Central bajo fuego

Siempre fue una exageración calificar de "estalinista" la forma de gobernar de Néstor Kirchner y su esposa, pero no puede cuestionarse el apego de la pareja a lo que los comunistas llamaban el "centralismo democrático", los socialistas nacionales alemanes el "principio de autoridad" y los peronistas de antaño "el verticalismo". Conforme a dicha teoría política, el líder máximo tiene derecho a decidir todo, mientras que a los demás sólo les corresponde obedecerle sin chistar. Entre quienes reivindican con más vehemencia la autocracia así supuesta están el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que acaba de instruirnos que "en este país las decisiones las toma la primera mandataria, no el presidente del Banco Central" y, claro está, Miguel Ángel Pichetto. Según el senador oficialista, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está plenamente facultada para hacer cuanto se le ocurra con la reservas del Banco Central porque en el 2007 fue elegida por el voto popular.

En opinión de los kirchneristas, pues, el presidente del Banco Central es solamente un subordinado que debería limitarse a acatar las órdenes de sus superiores, pero sucede que tanto aquí como en todos los países civilizados la institución así llamada o su equivalente disfruta de un grado considerable de autonomía frente al Poder Ejecutivo de turno. La razón por la que hoy en día es normal que el Banco Central sea relativamente independiente es sencilla, porque de otro modo gobiernos inescrupulosos se apoderarían de los recursos financieros nacionales por motivos que con toda seguridad tendrán más que ver con sus propios intereses políticos o personales que con el bienestar del conjunto. Puede que en algunos países resulte escaso el peligro de que ello ocurra, pero nadie en sus cabales supondría que lo sea en la Argentina. Puesto que a juicio del titular actual del Banco Central, Martín Redrado, esto es precisamente lo que tienen en mente los Kirchner, puede entenderse su negativa a permitir que la presidenta lo eche. Otro motivo consiste en que a Redrado no le gustaría exponerse a los riesgos legales que le supondría anteponer los caprichos presidenciales a sus propios deberes de funcionario público. La embestida kirchnerista contra el Banco está dando pie a un escándalo político de proporciones, una que, es de prever, brindará a una multitud de fiscales, jueces y abogados materia abundante para pedir el procesamiento de todos los involucrados. Por lo tanto, es comprensible que Redrado haya preferido actuar con cautela.

El mandato de Redrado vencerá en septiembre. Según se informa, el funcionario está resuelto a terminarlo en la fecha prevista por la ley. Parecería, pues, que el país tendrá que prepararse para una nueva interna gubernamental que resulte ser tan prolongada como sucia, ya que a esta altura nadie puede ignorar que los operadores kirchneristas están listos para emplear cuanto medio, por canallesco que fuera, que se les ocurra para desprestigiar a los "traidores" e "infiltrados" cuya presencia en el gobierno les provoca molestias. Y en efecto, los intentos de descalificar a Redrado ya están cobrando fuerza. Lo que quiere el oficialismo es pintarlo como un "derechista" o "liberal" cuya gestión es incompatible con la estrategia de un gobierno que, a pesar de haber perdido el apoyo de la mayor parte del país, sigue ufanándose de ser "popular" y por lo tanto con el derecho de pisotear todas las reglas formales. Aunque a Redrado le será muy difícil mantenerse en sus trece, ahorrándose así el destino de otros "rebeldes" como la ex ministra de Salud Graciela Ocaña que fueron expulsados del redil por tomar sus responsabilidades demasiado en serio -cuenta con el respaldo de buena parte del arco opositor que está en condiciones de dominar la Cámara de Diputados-, el que se haya animado a desafiar a un matrimonio prepotente y sus operadores es de por sí un hecho positivo. La "inseguridad jurídica" que de acuerdo común constituye una de las deficiencias más notorias, y más costosas, de nuestro país, es fruto no sólo de la voluntad de muchas personas cínicas de burlarse de las reglas formales sino también de la debilidad de funcionarios reacios a arriesgarse en defensa de las instituciones y que, sin habérselo propuesto, terminan comportándose como cómplices de quienes se creen por encima de la ley.