KRETINA Y EL YO NO FUÍ

La Presidenta y el juego del "yo no fui"

por Armando Frezze
Abogado, ex juez de la Corte de Justicia de Salta

El 5 de mayo de 2006 treinta mil personas escuchaban en el Corsódromo de Gualeguaychú una vigorosa arenga del entonces presidente Néstor Kirchner, quien defendiendo una "causa nacional" decía: "Hemos venido a Gualeguaychú a comprometernos con el desarrollo sostenible". Lo rodeaban sus ministros, 20 gobernadores provinciales y tres vicegobernadores, legisladores e intendentes de todo el país, como también los principales sindicalistas. Todos ellos estaban apoyando su política en el conflicto por las papeleras, que consistía en alentar el corte del puente internacional San Martín, que une aquella ciudad con la uruguaya Fray Bentos. Esa jornada política finalizó con el "Acta de Gualeguaychú", que instaló como política de Estado la defensa del medio ambiente y que rubricaron 22 provincias argentinas. En esos tiempos la prensa gráfica y televisiva informaba día a día a todo el país las alternativas del corte, nadie ignoraba lo que estaba ocurriendo, incluida la hoy Presidenta de los argentinos, quien sin embargo la semana pasada, en una conferencia de prensa celebrada en tierra uruguaya, junto al presidente José Mujica, afirmó sin rubores: "Desde los 90 se instaló una metodología del corte que no comparto", rematando con este aserto: "En todo caso es una falla del sistema".

El sistema al que hace alusión comienza en este caso por quien en el 2006 era fiscal -aún lo es- de los dos Juzgados Federales de Concepción de Uruguay con competencia territorial sobre Gualeguaychú: la doctora María de los Milagros Squivo. Poco o nada ha hecho esta funcionaria en todos estos años. Debe recordarse que los jueces con competencia penal no pueden iniciar por sí mismos investigaciones. Es requisito imprescindible que primero haya una denuncia o una solicitud del fiscal para iniciar la causa.

La doctora Squivo juró públicamente al asumir que, entre otras cosas, cumpliría y haría cumplir la Constitución Nacional, fórmula usual en la Justicia de todo el país y que por mandato del artículo 93 de la Carta Magna también deben jurar los presidentes de la Nación Argentina, incluida Cristina Fernández de Kirchner.

Si la fiscal Squivo era renuente a cumplir con su deber o el juez federal de Concepción tiene alguna causa ya abierta pero inmovilizada, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de denunciar el hecho y promover su remoción, obligado por el juramento que prestó. Para ello la ley le otorga un representante en el Consejo de la Magistratura. Héctor Masquelet es desde el 13 de agosto del año pasado ese consejero. Hombre de Aníbal Fernández, nada ha dicho ni obrado sobre este tema. Masquelet, además, integra la Comisión de Disciplina y Acusación. Y el sistema resulta aún más completo: la Procuración del Tesoro es la asesoría jurídica de más alto rango de la Presidenta de la Nación y así como se le ordenó al entonces procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, denunciar penalmente a Martín Redrado cuando éste era presidente del Banco Central, así pudo y puede hoy el Ejecutivo dar la misma orden al doctor Da Rocha, reemplazante de Guglielmino. En síntesis: difícil creer que haya una falla en el sistema y que la culpa sea de la Justicia, como distraídamente afirmó la Presidenta la semana pasada en su visita a Uruguay.

En esa conferencia de prensa afirmó también que nunca se había condenado a ningún piquetero. Si se refería a los sucesos entrerrianos, visto está que la Presidenta tiene la facultad de poner en marcha el sistema y los resortes necesarios, lo que falta es en todo caso su voluntad política. Mal hace entonces en pasarle facturas a la Justicia. Si se refería en cambio a la Justicia en general, basta con una causa que tiene más de una década: el caso Schifrin.

El 21 de marzo de 1997 personas de distintas agrupaciones cortaron la ruta nacional 237 cerca de San Carlos de Bariloche, en protesta por reducciones salariales. Por estos sucesos el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, condenó a Marina Schifrin, participante de la manifestación, a tres meses de prisión en suspenso, fallo confirmado posteriormente por la Cámara Nacional de Casación Penal y que en sus fundamentos indicaba que la absolución de la imputada hubiera sido "... una formidable contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los derechos", entendiendo que la conducta juzgada era incompatible con las garantías de los artículos 28 y 31 de la Constitución Nacional.

Cuando la Presidenta afirma que nunca estuvo de acuerdo con los cortes, o que lo que falla es el sistema o que falta actividad judicial, se asemeja a esos niños que frente a la evidencia de su travesura afirman tercamente: "Yo no fui".

Lo que diferencia a los niños de los adultos es el poder hacerse cargo de sus errores y ser conscientes de su propia responsabilidad. Aquello de que los locos y los niños siempre dicen la verdad resulta una sentencia graciosa y tierna, pero no es una verdad terrenal.

TRIBUNO