MINUÉ KIRCHNERISTA

Minué K

Por Ricardo Lafferriere



“En el tema del corte, debería hablar la Justicia”, le dijo Cristina a Mujica en la reunión de la semana pasada, en la Estancia Anchorena de Colonia, en oportunidad de su visita oficial a Uruguay, confesando que su gobierno no tiene el control de una parte del territorio nacional.



La justicia le contestó de inmediato: “hace tres años que se ordenó liberar el puente y el oficio está en el Gobierno”.



Y para que no quedaran dudas, sin demorar un instante, libró un nuevo oficio ratificando la disposición, luego de dictar la resolución que, en su parte resolutiva, dice: “Hacer saber al Sr. Jefe del Escuadrón n° 56 (de la Gendarmería Nacional, paréntesis nuestro) y por su intermedio al Sr. Director Nacional de Gendarmería Nacional Argentina que los mandatos judiciales instrumentados mediante los oficios n° 86/06, 299/06 y 1479/07 se encuentran plenamente vigentes, todo ello sin perjuicio de las atribuciones y deberes que le son propios en virtud de las disposiciones procesales que emergen del Art. 184 del C.P.P.N.”



Ante esta evidente contradicción –que mostró la ligereza de su declaración al gobierno uruguayo- expresó que actuaría de inmediato.



Pero... la actuación consistió en “denunciar ante la justicia” a los que cortan el puente. Y se presentó como “querellante”. Olvidó de presentar el Poder, en este caso, un Decreto, lo que le fue advertido por el Juez. Y con bombos y platillos firmó el decreto.



Dislate tras dislate, los asambleístas expresaron que si fueran imputados, no dudarían en agregar a la causa los datos sobre el apoyo que el matrimonio presidencial y varios funcionarios dieron a la medida del corte, durante todos estos años. Estas alegaciones y pruebas convertirían al matrimonio presidencial y varios funcionarios de su gobierno en co-imputados de los delitos que ellos mismos denuncian.



Reflexión: Si el gobierno considera que los asambleístas están cometiendo la impactante lista de delitos imputados –entre otros, entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, apología del delito, amenazas agravadas, daño a bienes públicos, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública, homicidio culposo, ...- desde hace tres años, ¿cómo no ha actuado en todo este tiempo?



¿Desde cuándo para detener la ejecución de un delito en marcha el poder ejecutivo o la policía necesitan una orden judicial? Si hay un robo en ejecución ¿debe esperar la policía que un Juez le ordene detenerlo? y si hay un secuestro realizado frente a los ojos de un policía, ¿no debe hacer nada para impedirlo porque un Juez no dio la orden? ¿o no se enteró el gobierno que desde hace tres años ese paso está cortado por la acción de particulares?



El razonamiento del gobierno es de un infantilismo tal que la ubica en pleno escenario del ridículo, de donde –como decía alguna vez Perón- es de un lugar desde el que no se vuelve.



Por supuesto, los asambleístas de Gualeguaychú se ríen –como todo el país- de este minué. No porque tengan razón en cortar el puente –desde esta columna, varias veces hemos objetado la medida justamente por su contenido delictivo, y porque afectan a ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto - sino porque los encargados de hacer cumplir la ley son incapaces de hacerlo.



El presidente Mujica, mientras tanto, “espera sentado”, seguramente tomando mate. Nunca tan bien graficada una situación. Deberá seguir esperando...



Y la presidenta, en plena etapa eufórica –dice la revista Noticias-, prepara las maletas para ir a China, intentando recuperar el nivel de relaciones que deterioró cuando suspendió –mientras atravesaba una etapa depresiva de su curiosa sicología- porque no se sentía segura de dejar el poder en manos del Vicepresidente Cobos. Ahora parece que recuperó su confianza.



El estado de derecho es el gran ausente, en un vacío que hasta ahora cubre, cuando quiere, la discrecionalidad oficialista. Lo que está lejos de configurar un escenario civilizado de convivencia que inspire a los ciudadanos la tranquilidad de que sus derechos están bien custodiados por aquellos que tienen la obligación constitucional de hacerlo: los poderes del Estado.