ARGENCHINA

Tribuna de Periodistas - 14-Jul-10 - Análisis

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Polémica: Argenchina, ¿camino a la segunda enmienda?
VIOLENCIA, ASESINATOS Y LEGÍTIMA DEFENSA

por Enrique Piragini

El derecho a la posesión de armas consiste en el derecho de cualquier individuo a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, deportivos y cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas.

Este derecho suele estar asociado con Estados Unidos de América, donde, con pocas limitaciones por la ley, está plenamente reconocido.

Desde que en nuestro país resulta incontrolable la violencia endémica que cobra vidas en hechos cada vez más cruentos, demostrando a la par la ineficacia, inoperancia y falta de una política de previsión y adecuada represión del delito, este tópico podría resultar más que atendible para poder sobrevivir.

En los últimos días fuimos testigos de agresiones a supermercadistas chinos, no sólo en hechos de violencia común sino en lo que aparece como una sistemática serie de demostraciones de poder, con uso de poderosas armas de fuego utilizadas por sicarios. Estos, los sicarios, son contratados para cumplir contratos que conllevan la muerte o lesiones ejemplares a determinadas víctimas, a cambio de un precio determinado.

El colador de nuestras fronteras y el irrestricto tráfico migratorio permite que ingresen y egresen estos personeros de la muerte sin control alguno. Las autoridades aduaneras están más preocupadas por detectar comida o perfumes importados y no reparan en las personas que deambulan libremente por nuestro país.

No es casualidad que en los últimos días las páginas policiales informen de ataques violentos a empleados y dueños de supermercados chinos. Algo se está gestando en esa comunidad, pero a la vez debe servir de advertencia para determinar la necesidad de defender legítimamente la vida de los ciudadanos.

Como sociedad civilizada debemos replantearnos el uso de la fuerza para repeler ilegítimas agresiones. Si quienes están autorizados por el Estado para garantizar nuestra seguridad no logran su cometido, creo llegó la hora de requerir el derecho a tener y portar armas por la legítima defensa.

Todos los programas para desarmar a la sociedad tienden a erradicar el armamento que se halla en manos de ciudadanos honestos que las poseen legítimamente habiendo cumplido cuanta disposición legal y reglamentaria lo establezca. Pero con esos programas sólo se obtiene la desprotección más absoluta, ya que quienes manejan el armamento en la clandestinidad aprovechan esa situación inducida por el propio Estado que no puede garantizar la seguridad de la población inerme.

Más allá de las singulares teorías que priorizan los derechos humanos de los delincuentes en perjuicio de los ciudadanos victimizados, lo cierto es que la "sensación" de inseguridad se convirtió en la Argentina en muestra cabal de una verdadera y real situación de abandono de persona, habiéndonos colocado en situación de riesgo de vida que no parece tener visos de solución.

Si Estados Unidos de Norteamérica sostiene a nivel constitucional el derecho a utilizar y portar armas, lo cual fuera ratificado por la Suprema Corte de Justicia de ese país en reciente fallo que declaró inconstitucional una prohibición del Estado de Chicago a portar revólveres, sosteniendo los jueces que la Constitución de EEUU protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas "a efectos de defensa personal", ha llegado la hora de plantear el tema.

Ante la inoperancia, ineficacia, ineficiencia y corrupción de muchos de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad que dejan libre el terreno para que operen los delincuentes, resulta ineludible replantear esta cuestión.

Viene al caso mencionar la denuncia promovida por un Fiscal por la desidia y falta de colaboración de personal de la Seccional 21ª de la Policía Federal Argentina, una mínima muestra de lo que se repite a lo largo y ancho del país.

El 7 de julio cte., el Fiscal Federal Federico Delgado pidió que se investiguen una serie de hechos delictivos porque desde la comisaría 21ª, "no ven" los delitos que se producen en la jurisdicción que tiene a su cargo en el barrio porteño de Palermo, lo cual robustece la hipótesis de verdaderas zonas liberadas en connivencia con marginales que asolan a su antojo.