ATACAN PARA INTIMIDAR

Atacar a la prensa para intimidar a todos


El nuevo avance del Gobierno sobre los medios independientes no es sólo un abuso de poder: condiciona el derecho de todo ciudadano a estar informado.




Nunca como en estos días el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la libertad de expresión han estado tan amenazados desde que Néstor Kirchner asumió, siete años atrás, la presidencia de la Nación.

Los abusos de poder por parte del Poder Ejecutivo están a la orden del día. El jueves pasado, en otro capítulo de su guerra contra los medios de comunicación que no se muestran dóciles ante sus pretensiones, el Gobierno, mediante una arbitraria resolución de la Secretaría de Comunicaciones, le prohibió a Cablevisión brindar servicios de acceso a Internet a través de la marca Fibertel.

La medida, que afectará a más de un millón de clientes que en su momento optaron libremente por contratar a aquel proveedor de banda ancha, lejos está de apuntar al interés general. Sólo procura satisfacer la instrumentación de un plan para disciplinar a un grupo periodístico al cual el Gobierno no ha podido domesticar.

Pasado mañana, según trascendió, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizará anuncios vinculados con la intención de que el Estado se apropie de Papel Prensa, la principal empresa proveedora de papel para diarios del país, de la que son dueños el Grupo Clarín, LA NACION y el propio Estado nacional. Semejante ataque a la propiedad privada, cuyo prólogo estuvo dado por varias actitudes patoteriles de Guillermo Moreno en la empresa, será justificado, seguramente, por toda clase de falacias, que encubrirán el verdadero propósito: intimidar y silenciar a la prensa escrita que actúa con independencia frente al Gobierno.

La libertad de prensa no es un bien que beneficie con exclusividad a los editores de un diario. Es, por el contrario, la mejor garantía de todas las demás libertades en una democracia. Es un derecho de todo ciudadano. Y, desde ya, no es una gracia que un gobierno le dispensa a la población, sino un bien fundamental que nos provee la Constitución nacional.

Así como se recurrió a la ley de servicios audiovisuales para condicionar a determinados grupos periodísticos y avanzar sobre la radio y la televisión, el gobierno kirchnerista pretende ahora controlar el suministro de papel para hacer lo mismo con la prensa gráfica. No es una discusión histórica. A los Kirchner no les importa el pasado. Es una discusión acerca del presente y el futuro.

No se trata únicamente de un plan dirigido al imposible objetivo de condicionar a la opinión pública en su percepción sobre el Gobierno y, de ese modo, mejorar su desempeño electoral. Callar al periodismo es indispensable para que prosperen cuestionables operaciones económicas al amparo del poder.

Si actualmente hay funcionarios de este y de anteriores gobiernos que están siendo investigados por la Justicia por su historial de corrupción es porque han existido y existen diarios y periodistas independientes.

Si se han conocido escandalosas derivaciones de relaciones internacionales manchadas por la corrupción y por negociados en los que intervinieron altos funcionarios, es porque han existido y existen diarios y periodistas independientes.

Y si el oficialismo no pudo terminar de someter a empresas privadas de las que pretendía apropiarse, es también por la existencia de esos diarios y periodistas independientes.

Sin esos medios de comunicación independientes, aun con todas sus equivocaciones, la Argentina sería mucho peor de lo que es. Tal vez, más parecida aún a la Venezuela de Hugo Chávez que, semana tras semana, nos da elocuentes muestras de intolerancia, de la asfixia a la que están sometidos los medios periodísticos y de las crecientes trabas que padece la ciudadanía para expresarse libremente.

Es frecuente que los gobernantes crean que muchas de sus dificultades obedezcan a deficiencias de comunicación. El matrimonio Kirchner, en especial después de su derrota electoral del año pasado, ha llevado esa hipótesis a un extremo irrazonable. Pretende hacer creer que sus problemas de comunicación no son atribuibles a sus errores de gestión, sino a la presunta perversidad de quienes manejan los medios privados y su aparente capacidad para manipular conciencias. Se trata de una teoría que subestima el sentido común y la inteligencia de vastas audiencias que, afortunadamente, disponen hasta ahora de amplias alternativas para informarse.

Los ataques a la prensa y a los grupos empresarios que no han cedido frente a los intentos oficiales de sometimiento apuntan a la utopía de controlar el flujo informativo, a silenciar a quienes estorban el desarrollo de planes poco transparentes o de negocios propios de un capitalismo para los amigos, que LA NACION ha puesto al descubierto en reiteradas oportunidades.

En las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, la inmensa mayoría de la ciudadanía condenó un estilo de gestión asociado a la prepotencia, la crispación y la falta de diálogo. Más de un año después del pronunciamiento de las urnas, debe lamentarse que sigan gobernando la exasperación y el resentimiento. Y que, además, se siga pretendiendo imponer la voluntad al servicio de un proyecto hegemónico a través del miedo.

Los líderes sociales y no pocos dirigentes políticos del propio oficialismo que probablemente acudan pasado mañana a la Casa Rosada para aplaudir un nuevo avance del Gobierno sobre la libertad de prensa y sobre la propiedad privada tal vez crean, ingenuamente, que con esa señal de sumisión evitarán que se desaten sobre ellos males mayores. Se equivocan. El apagón informativo es la condición para el aumento de los abusos de poder y para que el Gobierno se torne aún más arbitrario. No es otra cosa que la antesala de nuevos y mayores sometimientos. En otras palabras, de más autoritarismo.

Editorial La Nación