LA PLATA DE LOS MONTOS

EL CIRCUITO DE LA PLATA DE MONTONEROS

Historia secreta de Papel Prensa

Por Guillermo Cherashny

Durante el año 1972, el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse creó la empresa Papel Prensa, que fue integrada por César Civitta, de la Editorial Abril, y el ingeniero Carlos Rey, de Tauro Construcciones. Pero al asumir el gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, la organización político-militar Montoneros secuestró a la sobrina de Civitta y exigió como pago del rescate las acciones de Papel Prensa, que debían entonces transferirse a nombre de David Graiver. Éste logró la aprobación de la operación por parte del entonces ministro de economía, José Ber Gelbard. Nunca se supo cuánto pagó Graiver pero sí se sabe con seguridad que el dinero salió del rescate pagado por el secuestro de Jorge Born, cuya empresa, Bunge & Born, pagó 60 millones de dólares. La cifra que se utilizó para comprar la empresa papelera fue menor, ya que en esa época tenía escasas inversiones.

En aquel momento, Graiver recibió una parte importante del rescate de los Born para que lo colocara a intereses en la plaza de Nueva York, donde Graiver tenía dos bancos. El empresario era también dueño del paquete accionario del diario “La Opinión”, en el que estaba asociado con Jacobo Timerman y Abrasha Rotemberg, padre de la actriz Cecilia Roth.

El golpe

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado desplazando al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, que no tenía éxito en el combate a la guerrilla y que además estaba sometido a un proceso hiperinflacionario. El golpe fue recibido con alivio por toda la sociedad. Se trataba de un gobierno militar parecido a otros que generalmente terminaban con un apuro tremendo llamando a elecciones libres.

Pero esta vez la violencia irracional de la guerrilla marxista iba a desembocar en una represión ilegal similar al conflicto argelino o al golpe chileno contra Salvador Allende. Se trataba de una guerra de inteligencia que se hacía sin uniformes, donde la captura del guerrillero por las fuerzas armadas lo transformaba en un detenido desaparecido que era obligado a denunciar y marcar a sus compañeros y luego era asesinado. En tanto, la guerrilla hacía atentados dirigidos a blancos militares solamente, en los que se buscaba matar a la mayor parte de uniformados.

A mediados de 1976, Graiver murió en México en un accidente de avión y hasta entonces no eran conocidas sus vinculaciones con Montoneros, que surgirían en marzo de 1977. El golpe fue anunciado desde diciembre de 1975 por el vespertino “La Razón”, cuyos accionistas eran los hermanos Peralta Ramos. Pero, en realidad, el paquete accionario del matutino estaba en la caja fuerte del Comando en jefe del Ejército.

“La Razón” era el encargado de preparar la acción psicológica del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habiendo cumplido esa función en distintas ocasiones desde el derrocamiento del General Juan Domingo Perón en 1955. Según algunas fuentes, unos meses después de consumada la revolución libertadora, el Ejército se apoderó del paquete accionario del citado vespertino, aunque otras señalan que esto ocurrió recién antes de entregarle el poder a Arturo Frondizi en 1958.

En la segunda mitad de 1976, ya muerto Graiver, su testaferro, Rafael Ianover, recibió la visita de Patricio Peralta Ramos, director de “La Razón”. Éste le dijo que el Ejército quería Papel Prensa para entregárselo a un grupo de diarios, entre los que se contaba el suyo. Le prometió inmunidad ante la represión ilegal que se estaba produciendo y lo mismo ocurrió con los demás integrantes de la familia Graiver. A finales de ese año, éstos le vendieron las acciones en un millón de dólares a la sociedad FAPEL, que luego, a su vez, se las vendió a los diarios “Clarín”, “La Nación” y “La Razón”, que se quedaron con la empresa papelera. Simultáneamente, empezaron las persecuciones y un centenar de periodistas sufrieron persecución y muerte.

Olvidos presidenciales

Una vez que los Graiver firmaron los papeles de la transferencia de acciones fueron detenidos y torturados durante cinco años. Al estar como detenidos-desaparecidos no fueron víctimas de los Montoneros, que reclamaban la devolución del dinero que le habían depositado a David Graiver para que lo trabajara en inversiones de distinto tipo.

Así fue como esta historia quedó enterrada y nadie hizo reclamos con la vuelta de la democracia. Los familiares del banquero cobraron una indemnización de 84 millones de dólares, que fueron embargados por Jorge Born, quien finalmente recuperó una parte importante del rescate pagado por su secuestro.

Esta historia es desenterrada por el kirchnerismo en su guerra desatada contra el grupo Clarín, que empezó con la sanción de una nueva ley de medios, la anulación de la fusión de Multicanal con Cablevisión y últimamente, con el cierre de la compañía Fibertel.

En su discurso del martes, la presidente se olvidó de mencionar a la organización político-militar Montoneros, que tiene como continuidad histórica el Frente para la Victoria que lidera el matrimonio presidencial Kirchner. Quizás sería mejor que los Kirchner dijeran que quieren recuperar para su gobierno la empresa Papel Prensa que le fuera arrebatada a Montoneros a fines de 1976.

Pero este intento de recuperación no apunta sólo a la empresa sino a la destrucción total del grupo Clarín, imputándoles delitos de lesa humanidad al quedarse con una empresa que le fue cedida por extorsión a los militares pero que los diarios eran compradores de buena fe.

En realidad, las dos cosas ocurrieron a la vez. Los militares se la quitaron a los Graiver con extorsión -de la cual no participaron Clarín y La Nación- y no se pueden calificar como delitos de lesa humanidad hechos que no estaban encuadrados como tales en la época del proceso de reorganización nacional.

Este criterio jurídico fue utilizado por el juez Gabriel Cavallo, los legisladores y la Corte Suprema, que calificaron como delitos de lesa humanidad la represión ilegal del proceso, cuando la Argentina no había subscripto por esa época ningún tratado de defensa de los derechos humanos ni convenciones contra la tortura. Esto sí lo hizo en la reforma constitucional de 1994. La justicia británica no hizo lugar a la extradición del general Augusto Pinochet, a pedido del juez Baltazar Garzón, teniendo en cuenta que Chile y Gran Bretaña habían aprobado estos convenios internacionales recién en 1988. Así es que los procesos y condenas contra los militares que reprimieron a la guerrilla del 76 al 83 son nulos de nulidad absoluta, aunque la Corte Suprema local diga lo contrario.

El kirchnerismo caracteriza a ese golpe como cívico-militar y no militar solamente, por lo cual está preso José Alfredo Martínez de Hoz, ex Ministro de Economía. Ahora el Procurador del Tesoro reclama que se les aplique la imprescriptibilidad a los entonces directores de Clarín y La Nación, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre respectivamente. Con este criterio, mañana también podrían ser incriminados empresarios y obispos y curas que apoyaron ese golpe. O sea, estos juicios no terminarían nunca más.