MATAR AL MENSAJERO

por Ricardo Lafferriere

Cuando se discutió, hace algunos meses, la nueva ley de medios audiovisuales, advertimos sobre la intención autoritaria y dictatorial de la norma.

Muchos prefirieron ver sus aspectos positivos, achacando en forma desmatizada un alineamiento con el grupo Clarín a quienes sostuvimos esta posición cuestionatoria.

Ahora se ve, lamentablemente, la certeza de nuestra predicción y la ingenuidad de los que, de buena fe, apoyaron la iniciativa oficialista. Lo que buscaba el matrimonio gobernante era terminar con las voces opositoras y aún las imparciales, y perseguir hasta su desaparición a los mensajeros que no pudiera controlar.

La ofensiva contra un grupo de empresas de comunicación no tiene justificación ética ni respaldo legal. Una democracia no puede funcionar sin el juego libre de opiniones diferentes y mucho menos puede hacerlo sin libertad para informar.

Esa libertad está eliminada si las fuentes de la información se encierran en el secreto, si los periodistas son objeto de una persecusión constante y de una política de soborno y captación, y si las empresas titulares de los medios –audiovisuales e impresos- son constantemente presionadas para evitar su funcionamiento y conducirlas a la quiebra.

La Argentina se encuentra hoy en el borde mismo de su implosión como estado de derecho. Una pareja de dirigentes, sostenida por importantes sectores del partido justicialista y algunos sectores de izquierda otrora respetables pero reconocidos hoy por sus rudimentarias posiciones retro-progresistas, ha desatado sobre la democracia argentina una tormenta de involución.

En estos días, varias acciones protagonizadas por el tragicómico personaje dotado de poder extralegal, el Secretario de Comecio, operan como motores de la tragedia. La ofensiva sobre la empresa Papel Prensa, la arbitraria decisión sobre la empresa Fibertel, la pretensión de poner en vigencia por encima de las decisiones judiciales las inconstitucionales decisiones de la ley de medios y la utilización, con prepotencia dictatorial, de la palabra presidencial para sostener esta ofensiva, son acompañados de la construcción de un monopólico y avasallante complejo de medios adictos y oficiales.

Cada vez es más difícil encontrar en el dial voces no cooptadas, que trabajen y opinen con libertad, o periodistas que no ejerzan su misión con la espada de Damocles de su inseguridad personal. Cada vez son más los medios gráficos gratuitos que aparecen en la calle, financiados con dineros públicos. Cada vez es mayor la utilización del fútbol como gran paredón publicitario para difundir en forma sistemática los engaños oficiales. Y cada vez se hunde más el puñal de la discordia en el cuerpo social argentino provocando enfrentamientos intestinos entre amigos que piensan diferente, entre familiares, entre compatriotas, por la perversa acción del matrimonio gobernante que no tolera una sociedad con los matices y coloridos de una democracia libre, sino con el rudimentario maniqueísmo del pensamiento primitivo.

Los sangrientos hechos de los años setenta del siglo pasado son fraguados de manera parcial para apoyar en ellos una suerte de falsa épica de lucha por la justicia. Ni los hechos son ciertos, ni los propósitos son los confesados. Los hechos se falsifican para justificar las acciones más perversas. Los propósitos están cada vez más claros: terminar con cualquier voz disidente, para continuar con el saqueo de la economía, la concentración de poder, el enriquecimiento ilícito protegido por jueces complacientes, aunque el precio sea el hambreamiento de los jubilados, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el vaciamiento de la democracia, el aislamiento internacional.

Triste momento el de la democracia argentina, que creíamos ya instalada como marco de convivencia aunque la concibiéramos siempre como una tarea perfectible. Habrá que retomar esa lucha, no ya contra el gobierno surgido de un golpe, sino frente a un peligro más retorcido pero no menos maligno: el ejercicio del poder claramente violatorio de las normas más elementales del estado de derecho por parte de la presidenta Kirchner, su marido y sus soportes políticos.