SENSACIONES

El lunes pasado fue el jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca.

Cuando lo dijo, estaba en el Panteón Policial de la Chacarita, entre el dolor de familiares y compañeros del agente Cristian Aoun, asesinado durante un asalto en el conurbano: “Yo no digo que la Justicia no trabaje; la Justicia trabaja, pero hay que medir mejor el tema de las excarcelaciones”.

Para comprobar que Vallecca no es hombre de arrojarse por sí mismo al pantano de las declaraciones polémicas -ni aún en la particular situación de un sepelio-, hubo que esperar apenas 48 horas. El miércoles, la queja bajó directamente desde la cumbre del poder.

La presidente Cristina Kirchner dijo en el Teatro Cervantes: “Estoy segura de que si se cumplieran las leyes tal como están en el Código Penal y de Procedimientos, tendríamos una sociedad más segura”.

Un par de horas antes había tomado el tema Néstor Kirchner, durante un acto en Merlo: “Hay que darle garantía a la sociedad de que quienes delinquen van a ir al lugar que corresponde. No hay sociedad que pueda sobrevivir a una Justicia permeable, a que cualquiera que comete un delito al otro día esté en la calle”.

El escenario para la escalada estuvo salpicado, otra vez, por episodios violentos en el Gran Buenos Aires y en la Capital: Carolina Píparo -la embarazada baleada en una salidera bancaria- luchando por su vida tras perder a su bebé Isidro; tres policías asesinados en sólo 5 días; robos con víctimas muertas a tiros y rehenes en su propio balcón, con un revólver en la cabeza, en pleno Palermo.

Imágenes fuertes que empujaron al Gobierno a fijar posición: apuntarles a los jueces y al criterio con que liberan a los sospechosos. Así, la pelota pasa entonces al campo de la Justicia.

Por si quedaba alguna duda, ayer se sumó el ministro del Interior, Florencio Randazzo: “Los jueces deberían aplicar mucho mejor la ley, para que los que delinquen, los que son un peligro para la sociedad, estén entre rejas”. Habló, directamente, de preocupación: “Estamos muy preocupados por la cantidad de excarcelaciones que hay”, advirtió.

Aníbal Fernández usó luego la expresión “preocupado” con un matiz muy diferente. El jefe de Gabinete dijo que lo está porque teme que “se sobredimensione una situación que le haga tener a la sociedad una preocupación mayor”. Algo así como que la inseguridad no es para tanto.

Pero aclaró: “Decir que el problema de la inseguridad está resuelto sería una estupidez”. Luego habló de “jueces permisivos” y expresó: “Nosotros debiéramos ajustar las clavijas para no dar oportunidad de que (los delincuentes) tengan la posibilidad de salir con tanta facilidad”.

Fernández aprovechó para destacar que la Policía Federal “está en una situación óptima para prevenir el delito” en cuanto a los recursos, y dijo que “en la ciudad de Buenos Aires la tasa de homicidios es de 3,9 cada 100.000 habitantes por año”.

Lo que no dijo es que ese dato es de 2007: figura en la página web del Ministerio de Justicia, entre las cifras de las últimas estadísticas del delito difundidas ese año.

Nunca se publicó lo que ocurrió con el delito a nivel nacional desde 2008 en adelante.

Aún tomando aquellas últimas cifras oficiales, la dimensión de la escalada de la inseguridad es gigantesca si se la mira desde más lejos: en 1984, ya con el regreso de la democracia, se registraron en todo el país 340.000 delitos. En 2007, 1.218.000. La población argentina creció menos de un 40 por ciento en ese lapso. El delito, un 258 por ciento. Y no hay cifras globales acerca de lo que pasa hoy.

El último Plan Nacional contra la inseguridad fue lanzado hace casi un año y medio, tras el crimen del policía Aldo Garrido, durante un asalto a un comercio de San Isidro.

El programa consistía en un traspaso de fondos del Gobierno hacia los municipios del conurbano (más Bahía Blanca, Mar del Plata y Mendoza) que abarcaba una serie de medidas globales (como una entrega masiva de celulares a los vecinos que no están comunicados), pero que en la práctica quedó reducido casi exclusivamente a la instalación de cámaras de vigilancia cuya eficacia real aún está por verse: en Londres, donde hay una cámara cada 14 personas, cuestionan el sistema. Y en el Gran Buenos Aires apenas hay una cámara cada 9.000 vecinos

Antes lo había intentado el entonces presidente Néstor Kirchner: el 19 de abril de 2004, junto a todo su gabinete, anunció el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad.

Contemplaba bajar la edad de imputabilidad a los menores, invertir 1.000 millones de pesos en tres años y crear una nueva fuerza federal de seguridad con superpoderes para hacer frente a todo tipo de delito. Nada de eso sucedió.

Los jueces y camaristas coincidieron en que no son ellos quienes hacen las leyes, y en que el acento debería estar puesto en prevenir.

Como telón de fondo está la foto de siempre: policías separados de sus cargos por corrupción; cárceles abarrotadas, con denuncias de torturas a presos; patronatos de liberados sin presupuesto para intentar una reinserción de los excarcelados; la inexistencia de un plan integral y masivo para la recuperación de adictos, y un panorama social sombrío, con medio millón de jóvenes de 16 a 24 años en los márgenes de una vida digna, sin estudio ni trabajo.

Héctor Gambini