DEBATE CON TRAMPA

Jubilaciones: un debate con trampa
Por María Eugenia Estenssoro
Martes 23 de setiembre de 2008
El Gobierno insiste en sancionar, mañana, su proyecto de aparente movilidad previsional, con un Senado dividido y con varios senadores del Frente para la Victoria que protestan por lo bajo porque se los obliga a votar una ley rechazada por las organizaciones de jubilados, una ley que ya ni cuenta con el apoyo de los dirigentes gremiales oficialistas, como Hugo Yasky y Hugo Moyano.
Las audiencias en las comisiones de Previsión y Presupuesto del Senado mostraron que el Gobierno está tratando de aprobar con fórceps una ley contra natura que significará lo opuesto a la ansiada reinstauración de una movilidad cercana al salario real.
El ministro Carlos Tomada abrió las audiencias, la semana pasada, con un discurso altisonante, pero vacío. Dijo: 'Una de las virtudes de esta fórmula es su transparencia. La ventaja es que ahora los cálculos, las cuentas y las proyecciones las podrá hacer cualquiera. No será necesario que nosotros traigamos, en particular, un dato...'.
Menos de 24 horas después, su aliado político Yasky, de la CTA, lo desmintió: 'Cuando se recurre a las fórmulas casi esotéricas, evidentemente es porque se impide ver con transparencia o quien lo hace se reserva el derecho de ajustar algunos coeficientes según cómo marche la macroeconomía'. Yasky señaló que pusieron a tres equipos de economistas de reconocidas entidades para hacer los cálculos y que cada uno obtuvo un resultado diferente. Hugo Moyano, que fue invitado a la Comisión y que en Diputados había respaldado la iniciativa, faltó sin aviso.
Por su parte, el abogado previsional y contador Guillermo Jáuregui añadió un dato que está más allá de toda interpretación ideológica. De su explicación surge que el resultado de la indexación siempre resultará inferior en términos reales al aumento de los salarios y a la variación de la recaudación -y, por ende, de la inflación-, porque así lo establece la fórmula. Esto significa que inevitablemente los haberes jubilatorios, que hoy apenas llegan al 40% de los salarios reales, se depreciarán año tras año con relación al ingreso de los trabajadores activos. Si se aprueba esta ley, las jubilaciones se moverán, ¡pero para abajo!
El defensor del pueblo Eduardo Mondino, que ganó un juicio en primera instancia en representación de 20.000 jubilados, señaló que hizo un pedido de informes a la Anses sobre las series estadísticas utilizadas por el organismo en los últimos tres años para estimar los resultados de la fórmula propuesta. Sorprendentemente, la autoridad previsional respondió que no había hecho los cálculos y que demoraría 15 días hábiles en estimarlos.
Ante esa situación, los senadores de la oposición solicitamos que Amado Boudou, director ejecutivo de la Anses, asistiera nuevamente al Senado con su equipo técnico para brindar los datos estadísticos utilizados para elaborar el proyecto, que a estas alturas debería rebautizarse 'de inmovilidad previsional'. La segunda visita del titular de la Anses no sólo no disipó las dudas, sino que dejó en claro que no tienen -o no quieren brindar- información, obligando al Senado a una votación 'a ciegas'. ¿Es que no tuvieron tiempo para hacer las misteriosas cuentas que, según el ministro Tomada, cualquier jubilado puede hacer, y presentarlas con claridad?
Más allá de esta crónica de enredos y engaños, me gustaría aclarar cuáles son los principales reparos de la Coalición Cívica y de las asociaciones de jubilados a la propuesta oficial:
1) Recomposición: el Gobierno se niega a otorgar una necesaria recomposición de los haberes. En los últimos años, el Gobierno aumentó sustancialmente los haberes mínimos, pero mantuvo muy retrasado el resto. Esto provocó un achatamiento de las prestaciones, que no respeta lo que aprotó el jubilado durante su vida laboral. Actualmente, el 70% cobra el haber mínimo. Hace una década, lo cobraba sólo el 17%. La Corte Suprema dictaminó que esto es inconstitucional, lo cual ha ocasionado una catarata de juicios e indemnizaciones, que esta ley multiplicará.
2) Intangibilidad: La Anses ha tenido recursos suficientes para disponer esta recomposición, ya que, en los últimos años, constituyó un fondo especial de $20.000 millones con el supuesto superávit previsional que acumuló gracias al dinero que les confiscó a los propios jubilados. La justificación fue la conformación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, que 'preserva el valor de los recursos previsionales' y 'asegura que los beneficiarios del sistema de reparto público no se constituyan en variable de ajuste de la economía', según reza el decreto 897/2007.
Muy lindas palabras, pero ¿qué pasó, hasta ahora, con el Fondo? El Gobierno lo utilizó para pagar vencimientos de la deuda externa, financiar el déficit del Tesoro y saldar las pérdidas de AySA, la empresa estatal de aguas, a tasas negativas del 8,5% anual, cuando la inflación ronda el 30% y al amigo Chávez le pagan tasas del 14% en dólares. De acuerdo con la información periodística, el capital del Fondo cayó a $18.700 millones, ya que habría perdido $ 1300 millones en un buen año, como fue 2007. ¿Será ésta una nueva definición de sustentabilidad?
La Coalición Cívica propone que el dinero de este fondo se utilice para recomponer los haberes jubilatorios y reconstruir la pirámide previsional, antes de que se esfume definitivamente y que la nueva ley declare su absoluta intangibilidad.
3) Movilidad: La 'movilidad previsional' no es una simple indexación, sino la garantía establecida en el artículo 14 bis de la Constitución de que las jubilaciones mantendrán una relación 'razonable y proporcional con los salarios reales'. Como vimos, el proyecto oficial es tramposo, porque no respeta estos requisitos esenciales.
El Gobierno propone una movilidad descendente y disociada de los salarios. La Coalición Cívica y otros partidos de la oposición proponemos que se actualicen los haberes según el índice Ripte, de remuneración promedio de los trabajadores estables.
Escuchar los desesperados testimonios de los jubilados durante las audiencias me llevó a la siguiente reflexión: una sociedad que maltrata, no respeta ni honra a sus mayores no puede aspirar a un futuro digno. Esta actitud que se repite con distintos lenguajes, década tras década, nos está señalando que a su edad nosotros también terminaremos de la misma manera: condenados a la ingratitud y a la desesperanza.
El peronismo acuñó la expresión 'justicia social' en nuestro país, pero, paradójicamente, tanto en la década de los 90 como en ésta, han sido los gobiernos justicialistas los responsables de una de las mayores injusticias: someter a millones de jubilados a vivir en la miseria. ¿A quién le van a echar la culpa esta vez?
La autora es senadora nacional (Coalición Cívica).