DEUDA

DEUDA DEL ESTADO CON EL SECTOR AGROPECUARIO.

Por Arturo Navarro

La ausencia de políticas de Estado integrales para cubrir los riesgos climáticos es una de las grandes deudas que Estado tiene con el sector agropecuario.
Esta deuda es la que impulsó a la Comisión de Enlace, reunida en Olavarría hace una semana, a la presentación de propuestas del sector ante el Congreso. La idea central de esta iniciativa parte del planeamiento e instrumentación de políticas para que los productores argentinos tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios.
Hasta ahora, la argentina política ha manejado su relación con el campo bajo un doble supuesto. (a) Si los riesgos se transforman en siniestros son exclusivamente a cargo de los productores, incluso al costo de su propia quiebra. (b) Si el éxito acompaña la gestión de esos productores el Estado participa de las ganancias, no sólo a través de impuestos, sino mediante retenciones exorbitantes. Para que todos entiendan: “si hay perdidas no te conozco, si hay ganancias somos socios”.
Una política que proteja a la más importante y eficiente de las industrias argentinas debería sostenerse en tres instrumentos:
1. Nueva Ley de Emergencia agropecuaria;
2. Ley que obligue a organizar una Política de seguros agropecuarios;
3. Creación de un Fondo Permanente para atender a sucesos no previsibles.
Lo primero que hay que dejar claro es que la ley de emergencia no es antagónica al seguro agropecuario; ni lo puede reemplazar. Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir las consecuencias por desastres naturales; responsabilidad indelegable del Estado.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado la ejecución de un sistema mixto. Dicho sistema público-privado actúa con éxito como responsable de atender en forma directa los efectos de los riesgos climáticos.
Todos los países desarrollados aplican este tipo de políticas activas. Las mismas potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación; a la vez que aumentan los recursos del Estado para que éste pueda atender en tiempo y forma problemas de índole social. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC); con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.
Mientras el Estado argentino ha estado ausente, es mucho lo que ha realizado la acción privada. El accionar y la imaginación de esta actividad privada permitió llegar a cubrir un 35% del área sembrada en el último ciclo. Hay también una muy buena experiencia de lo que puede hacer la sinergia entre el sector público y el privado. Un ejemplo es la experiencia vigente en la provincia de Mendoza para cubrir los riesgos del granizo.
Es importante destacar que todos los indicadores de la producción agropecuaria muestran los mismos resultados. Pero debemos aceptar que sin una política de Estado que institucionalice el sistema en forma permanente no hay ninguna posibilidad de poder pasar del actual 35% del área sembrada asegurada al 60% y bajar al mismo tiempo el costo de la prima del seguro.
Esta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica, finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.