INVESTIGANDO

Néstor y Cristina Kirchner y cinco de sus funcionarios más cercanos comenzaron a ser investigados esta semana por posible enriquecimiento ilícito a pedido del fiscal Federico Delgado. Los despachos de los tribunales de Comodoro Py sumaron así seis causas con nombres y apellidos que van a generar polémica: además del matrimonio presidencial hay expedientes sobre Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minicelli, Guillermo Moreno, Ricardo Jaime, Enrique Albistur y José López, secretario de Obras Públicas. Todos tendrán que explicar su patrimonio en la Justicia.El origen de este compilado de causas es una nota de Crítica de la Argentina publicada el 27 de julio con el detalle de las declaraciones juradas del gabinete kirchnerista. Entre todos suman muchos millones y varias contradicciones. Los Kirchner, por ejemplo, llegaron desde Santa Cruz con $6.732.016. En su declaración jurada de 2007 consta que su patrimonio aumentó un 164% ($ 17.824.941) y que sólo durante ese año ganaron $7.027.806, una cifra mayor a todo su capital cuando Kirchner se convirtió en presidente.Con esa información, el abogado Ricardo Monner Sanz hizo una denuncia en el fuero federal. El miércoles 27, Delgado consideró que había elementos para investigar y le pidió al juez Daniel Rafecas que abriera estas seis investigaciones sobre el patrimonio de los Kirchner y de cinco funcionarios de confianza.En el requerimiento de instrucción, al que accedió este diario, separa de la nota publicada los casos que considera en que podría haberse cometido el delito de enriquecimiento ilícito y le pide a Rafecas que "se reserve la instrucción del hecho más importante y remita a sorteo individualmente al resto".El juez se quedó entonces con la causa sobre el matrimonio presidencial y denunció a todos los demás funcionarios. Así, desde el viernes quedaron distribuidas entre los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid, Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide las investigaciones sobre el ministro de Planificación y su esposa, el secretario de Obras Públicas, el secretario de Medios, el secretario de Comercio Interior y el secretario de Transporte.En el caso de De Vido y su mujer, Lali Minicelli, el fiscal pide detalles sobre la casona color terracota de más de 300 metros cuadrados que se compraron el año pasado en el club de chacras Puerto Panal, en Zárate. Una inmobiliaria que vende casas en el lugar la cotizó en $2.287.500.Además, los De Vido tienen otro dato curioso: alquilan un departamento en el piso décimo de Libertador 2277 –320 metros cuadrados, dos cocheras, living comedor, cuatro dormitorios con sus baños y un balcón con pajarera y sus pajaritos– que les consume todo su sueldo. Sin contar las expensas, el mercado cotiza ese departamento a U$S3.000 por mes. Una cifra similar al salario que percibe como ministro.En el caso de Jaime, al fiscal le llamó la atención que su patrimonio se haya achicado desde que llegó a la Capital a pesar de que vive en un semipiso de Libertador y Cerrito. Su alquiler también le sale más plata que el sueldo. Ni hablar de las expensas, que le cuestan $1.552 todos los meses, ni de los viajes en jets privados que pertenecen a empresas concesionarias y que también investiga el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.Sobre Moreno se preguntan por qué no declaró la consultora AFFA S.A. que figura registrada a su nombre en el Boletín Oficial. Mientras que López, el de Obras Públicas, es un ejemplo de movimiento social ascendente: llegó de Santa Cruz sin ningún ahorro y ya tiene más de 300 mil pesos en su cuenta. Además, su patrimonio se cuadriplicó durante la era K.Albistur tiene un frondoso conglomerado de empresas de las que cedió el manejo a su familia. El crecimiento de su patrimonio también será investigado. En su pedido, el fiscal quiere saber también si hubo falta de acción de la Oficina Anticorrupció n (OA), el organismo encargado de reunir y analizar las declaraciones juradas. A pesar de que su objetivo inicial es ser denunciante, la OA figura en todas estas causas como denunciado.AntecedenteHace apenas dos meses la Justicia federal archivó una causa por el presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial. Entonces, la Cámara Federal porteña avaló la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral –quien tenía a su cargo el expediente– pero advirtió que podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas por enriquecimiento ilícito. Si éste es el caso o no, se sabrá durante el proceso de investigación que acaba de comenzar el juez Daniel Rafecas.La causa anterior, que también se había iniciado por una denuncia de Ricardo Monner Sans, se archivó por "inexistencia de delito", según la opinión de Canicoba y del fiscal Eduardo Taiano. Dijeron que el aumento patrimonial había existido "pero fue debidamente declarado en cada ejercicio fiscal y se corresponde con nuevas inversiones realizadas por la pareja.