LEY DE MEDIOS : ESTO RECIEN COMIENZA

Más polémica por el fallo de la Corte sobre la cautelar por la Ley de Medios

Esto no ha terminado. Más bien, recién comienza. Gobierno y oposición mantienen sus enfoques bien diferentes sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esta oportunidad no falló según las expectativas opositoras. Aqui un repaso a las posiciones:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El diario Página/12 fue, durante gran parte de los años '90, funcional a los intereses de Grupo Clarín. Sin embargo, hoy se encuentran bien enfrentados en sus enfoques editoriales.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone esas discrepancias.

Página/12, con la firma de Irina Hauser, tituló:

"La ley de medios ya sólo es cuestión de tiempo - Por unanimidad, los ministros de la Corte revocaron la decisión de la Justicia mendocina. Sin embargo, la ley de medios seguirá suspendida por un fallo similar en Salta. Se calcula que ahora la Cámara salteña levantaría la medida."

En tanto Clarín, con la firma de Silvana Boschi, tituló:

"La Corte revocó una cautelar, pero la ley de medios sigue suspendida - El Tribunal entendió que los jueces no pueden frenar leyes de manera general".

Volviendo a Hauser:

"(...) Dos integrantes de la Corte tradujeron a Página/12 el espíritu del fallo: “Queremos evitar que los jueces gobiernen a través de medidas cautelares”.

Es, en definitiva, lo que viene repitiendo el presidente supremo, Lorenzetti, en cuanto acto le toca hablar.

El fallo que firmaron los siete jueces del alto tribunal (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Carlos Fayt) está en sintonía con el dictamen del procurador Esteban Righi.

No analiza la constitucionalidad del contenido de la ley sino que revoca la medida cautelar que la congeló con el fin –enfatiza– de “corregir una deformación que introduciría el caos en la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso lesionando para siempre el ejercicio de los poderes constitucionales”.

El texto de la Corte desarrolla cuatro conceptos decisivos, basados en la propia doctrina suprema:

> La discusión por la suspensión judicial de toda la ley de medios es un asunto “de gravedad institucional” porque “compromete” al “principio de división de poderes” al “neutralizar” la ejecución de una norma aprobada en el Congreso y al sistema mismo de “control de constitucionalidad”.

> Thomas no tiene legitimación como ciudadano para cuestionar la ley porque no demuestra un perjuicio directo ni un “interés concreto” y “diferenciado”. Tampoco la tiene como supuesto representante del “interés de todos los ciudadanos” porque eso “deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”. La Corte, además, no puede evaluar la constitucionalidad de una ley “en abstracto”, sino un caso concreto con derechos afectados.

> Thomas fue electo, dice la Corte, para representar a los ciudadanos en el ámbito del Congreso, pero no puede pretender lograr en el terreno judicial la “reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo”. Sólo podría reclamar legitimación si demostrara “un daño claro, directo inmediato de sus prerrogativas legislativas”, pero no lo hizo. “No surge” que haya sido “inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador”.

> Ningún tribunal puede suspender o derogar una ley con efectos generales para toda la población. Ni Thomas ni ningún legislador “representa a la cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación, por lo cual se arribaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado sino que, incluso, podrían no compartirla”, sostiene el fallo. “Una cautelar que suspende la vigencia de toda la ley” afecta “el principio constitucional de división de poderes”, “al modelo de control de constitucionalidad” y “no respeta el criterio de razonabilidad”, agrega. “La dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes”, alerta. (...)".


En cambio el diario La Nación, tradicional aliado de Clarín, aunque hoy día intenta mayor autonomía, buscó la oponión de los constitucionalistas:

"(...) Mientras Gregorio Badeni sostuvo que el fallo es "aceptable", pero advirtió que la ley sigue suspendida, Eduardo Barcesat elogió con énfasis lo resuelto por el tribunal y afirmó que la ley "está validada y vigente" y debe ser aplicada "tal cual fue promulgada".

María Angélica Gelli, en cambio, sostuvo que el caso justificaba un debate mayor de parte de la Corte y lamentó que el máximo tribunal se haya limitado a revocar la medida cautelar por la falta de legitimación del legislador que promovió el caso y no haya examinado los agravios concretos que él había presentado.

"De acuerdo con lo que surge de la sentencia de primera instancia hay irregularidades muy notorias en la sanción de la ley. Los derechos de las minorías deben respetarse porque están en juego las reglas básicas del debate democrático -dijo Gelli a LA NACION-. Me llama la atención que la Corte no haya facilitado que se presentaran los amigos del tribunal [expertos podrían haber dado su opinión], ni haya llamado a una audiencia pública. Hubiera sido muy útil."

Badeni también puso énfasis en que la Corte se limitó a revocar la medida cautelar por la falta de legitimación de Thomas y destacó, además, que la norma aún no puede aplicarse porque existen otras medidas cautelares, dictadas en otros expedientes, que siguen vigentes. "Hay otros casos en los que los actores demostraron que tienen un interés concreto que es vulnerado por la ley", dijo el jurista a la agencia DyN.

Además, Badeni sostuvo que hay un artículo que establece que seguirá vigente la ley de 1980 hasta que se cumplan condiciones que aún no se han cumplido, como el dictado de un reglamento para el funcionamiento del directorio de la autoridad de aplicación. "Ese reglamento no se ha elaborado y tampoco se han dictado las normas técnicas para el funcionamiento de los servicios de radiodifusión", observó Badeni.

Para Barcesat, en cambio, es claro que la Corte respaldó la ley, una norma que -según este constitucionalista- es "razonable y explícita" y está "validada y vigente".

"Si tenemos una ley es para aplicarla -afirmó Barcesat en declaraciones radiales-. Los jueces no pueden dejar en suspenso una ley de la Nación como lo hicieron."

Según él, la Corte optó por ingresar al fondo de la cuestión en lo que respecta a la falta de competencia de los jueces para examinar la ley. "La Corte señaló la gravedad institucional que tenía este pronunciamiento", dijo, en referencia al fallo de la Cámara Federal de Mendoza. (...)".

Sin embargo, en declaraciones a la kirchnerista Radio América, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, advirtió: "La Corte dice que nadie puede meterse en la Constitución, ni los jueces. Les dijo a los jueces de Mendoza que los diputados no pueden presentarse porque no le gustó una la ley por medio de un juez. Y los magistrados no pueden paralizar una ley que perjudica la libertad de expresión. Esto afecta el equilibrio de los poderes, eso rescato del fallo de la Corte".

El también kirchnerista Eduardo Barcesat le dijo a esa misma radiodifusora que "la Corte prefirió ingresar al fondo de la cuestión y la falta de competencia de los jueces para examinar la ley, señala la gravedad institucional que tenia este pronunciamiento y la habilitaba para el ingreso".

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que "el fallo es un avance hacia la plena aplicación" de la norma y también "reconoce la legitimidad del Congreso en la sanción" de la ley de Medios.

"La Corte dijo que un legislador no tiene legitimación activa cuando pide a la Justicia la reedición de un debate parlamentario que perdió por el juego de las mayorías y minorías", enfatizó Rossi, en referencia al diputado del Peronismo Federal, Enrique Thomas, que había presentado la medida cautelar en Mendoza.

Por su parte, los legisladores porteños Juan Cabandié, Francisco Nenna, Gabriela Alegre y María José Lubertino, del bloque Encuentro Popular para la Victoria, se mostraron conformes con el fallo de la Corte Suprema.

"Se trata de una ley democrática, que fue impulsada por el Gobierno, pero muy esperada por todos", remarcaron los legisladores kirchneristas en un comunicado.

Por su parte, el diputado y titular el bloque Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, destacó que el fallo le dice a los legisladores que "no pretendan ganar en la Justicia lo que perdieron en el Congreso".

"La decisión de la Corte es doblemente importante; porque a la par de favorecer la democratización de los medios promovida por la Ley, jerarquiza la división de poderes y destaca la decisión tomada por el voto mayoritario de Diputados y Senadores", opinó Sabbatella.

Los legisladores de la oposición tenían diferentes miradas sobre esa decisión. Entre los más duros estaban el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal), la diputada Patricia Bullrich (CC) y el senador Luis Juez (Partido Nuevo), quienes cuestionaron abiertamente el fallo de la Corte Suprema.

Thomas consideró “incorrecta” la decisión adoptada por la Corte y cuestionó “la celeridad con que el máximo tribunal ha resuelto un asunto de tamaña complejidad. El fallo de la Corte ha sido dictado en un tiempo inusual para los que normalmente se observan en pronunciamientos similares”.

Para Luis Juez, “esta Corte es absolutamente dependiente del poder político. Estoy convencido de que cuando el Gobierno necesita decisiones de la Corte, esta Corte termina actuando con un nivel de genuflexión hacia el poder político, que pone en evidencia que el grado de independencia de la Corte termina siendo casi declamativo”.

La diputada Bullrich dijo que “así como un juez debe respetar el Código de Procedimientos, también el Congreso tiene su reglamento, al que hay que atenerse, porque sino se abre una puerta a la ruptura de las reglas básicas que rigen este cuerpo constitucional”.

Una mirada más comprensiva tuvo la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió: “Respetamos el fallo de la Corte. Es distinto de aquellos en que las empresas de medios piden las medidas cautelares. Esos subsisten. Por eso, se viene un debate larguísimo hasta que se destrabe la cuestión”.

La diputada Silvana Giudici (UCR) explicó que “la ley continúa suspendida, porque aún hay otras medidas cautelares dictadas por jueces de Capital Federal, Salta y San Juan, sobre las cuales la Corte no ha dictaminado”. Por eso, el diputado Federico Pinedo (PRO) dijo que “la sanción de la ley de Medios fue irregular, pero la Corte consideró que no fue suficientemente irregular para anularla. Afortunadamente las violaciones más graves de la Constitución están frenadas por otras sentencias”.