EL DILEMA DE KRETINA

Río Negro - 15-Ago-10 - Opinión



Editorial
El dilema de Cristina

Tiene razón el senador radical Gerardo Morales cuando dice que "sería una locura" que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara el proyecto de ley de normalización del Indec que ya ha sido aprobado por una amplia mayoría de los Senadores y que, se prevé, será sancionado por Diputados a pesar de los reparos de Proyecto Sur, cuyos dirigentes quieren asegurar la reincorporación de trabajadores desplazados por "la patota de Guillermo Moreno". Además de dar pie a una situación ridícula en que la tasa de inflación oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no guarda relación alguna con la de varias provincias, la manipulación de las estadísticas, comenzando con las vinculadas con el aumento del costo de vida, que fue ordenada por el entonces presidente Néstor Kirchner, ha perjudicado enormemente al país, agravando los conflictos con los acreedores, en especial con los tenedores de bonos indexados que se han visto defraudados por al menos 2.500 millones de dólares, de tal modo prolongando nuestra exclusión del mercado de crédito. Por lo demás, luego de decidir el gobierno, en base a datos que sabía falsos, que la inflación no constituía un problema, optó por no intentar frenarla, omisión que tendría consecuencias previsiblemente penosas para millones de personas.

Con todo, si bien es de suponer que a esta altura Cristina entenderá tan bien como el que más que el Indec manejado por Moreno con la ayuda de un equipo de matones es peor que inútil y que vetar una eventual ley destinada a normalizarlo la obligaría a pagar costos políticos abultados, aún podría llegar a la conclusión de que le sería mejor pagarlos que enfrentar las dificultades que surgirían si por fin se enfrentara con la realidad. Son tan grandes las distorsiones causadas por la voluntad del gobierno de actuar como si los datos confeccionados por el Indec fueran genuinos –al fin y al cabo, tuvo que fingir tomar en serio sus propios números– que intentar corregirlas de golpe sería traumático. De reconocer que la tasa de inflación ya supera el 1% mensual y que los acuerdos, escritos o no, relacionados con el índice oficial ya se han desactualizado, el gasto público se expandiría todavía más de lo previsto, los sindicatos reclamarían en seguida aumentos salariales importantes, los emularían los muchos sectores que dependen de subsidios y, es innecesario decirlo, los bonistas harían lo suyo. Para un gobierno que se ha acostumbrado a gastar de forma discrecional el contenido de "la caja", o sea los fondos públicos, tener que asumir los costos que le supondría una tasa de inflación muy superior a la oficialmente consagrada sería sumamente ingrato.

Mentir es fácil pero, cuando uno se ha aferrado a una mentira por mucho tiempo, reencontrarse con la verdad no suele serlo en absoluto. Ya han transcurrido casi cuatro años desde que, en octubre del 2006, Néstor Kirchner, a través de Moreno, empezara a presionar a los funcionarios del Indec para que "colaboraran" en la lucha contra la inflación, aunque sólo fuera revelando los nombres de los comerciantes encuestados para poder forzarlos a congelar los precios de lo que vendían. En el intervalo así supuesto, la brecha entre la economía real de la que dependen las personas de carne y hueso y la inventada por el Indec para complacer a los Kirchner se ha hecho tan ancha que podrían ser de países distintos, en este caso, de Chile y Venezuela. En la Argentina que efectivamente existe, los precios suben a un ritmo que propende a hacerse cada vez más rápido; en la del Indec, y del gobierno, la tasa de inflación apenas se hace sentir, de suerte que no hay motivos para preocuparse por ella. Asimismo, en el país creado por el gobierno, pero, por desgracia, no en el que vive la mayoría de los argentinos, la pobreza ha disminuido, la tasa de desempleo es muy inferior a la registrada en casi toda Europa y en Estados Unidos y el poder de compra de los jubilados se ha mantenido constante. Tarde o temprano, será necesario abolir por completo la economía ficticia, pero para el gobierno responsable del sinceramiento postergado la crisis resultante será tan grave como la enfrentada por el encargado de tratar de reparar los daños inmensos que fueron ocasionados por el default festivo declarado por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá.