viernes, 6 de agosto de 2010

LA CONFUSIÓN


EL MEJOR JUEGO ES LA CONFUSIÓN

Por Susana Merlo (*)

Es evidente que tanto la oposición como el oficialismo, por táctica o por ignorancia, cada vez embarran más la cancha y lo que en un principio parecía “sólo” un complejo trámite jurídico (el vencimiento del plazo de la delegación de poderes legislativos en el Ejecutivo), con derivaciones parlamentarias, hoy ya se está transformando en un gran embrollo político, que hasta amenaza con poner en juego el propio sistema democrático.

Y en este escenario que irrumpió brutalmente, ya que hasta hace pocos días atrás venía manejándose en forma solapada, y en voz muy baja, vuelve a aparecer el campo –y las retenciones- en el eje del conflicto, como si fuera el único sector que paga estos gravámenes regresivos y, más aún, como si fuera la única cuestión en juego cuando, en realidad, si bien este asunto es muy trascendente, hay otros de similar envergadura en la misma situación, léase: Ley de Abastecimiento, el resto del Código Aduanero, impuestos internos, y hasta el Presupuesto, entre otro centenar de leyes, que hoy están en la lista de las herramientas que una parte del Congreso pretende rescatar bajo su control. Para otros, más vale, están en la “mira” de los legisladores no oficialistas, que buscan recuperar sus facultades delegadas, y así acotar el manejo casi absoluto que el Poder Ejecutivo vino ejerciendo hasta ahora en todas estas materias.

Pero, a la luz de lo que se ve hasta ahora, el Gobierno aparece más armado, estructurado y homogéneo que la oposición, cada vez más dividida, debilitada, y sin poder neutralizar el poder económico y político del oficialismo.

Ni siquiera se pudo, por el momento, lograr una posición técnica/jurídica única. Más vale, siguen multiplicándose las interpretaciones lo que, no sólo confunde cada vez más a la gente, sí no que puede terminar siendo muy funcional a la Administración kirchnerista que, ante la indefinición, o el supuesto “vacío de poder”, podría inclinar la balanza hacia el lado de “no innovar”.

Es claro que el mejor escenario para el matrimonio gobernante es que todo siga igual y mantener, al menos otro año (lo que les permitiría llegar a las elecciones), las facultades que, dicen, les delegó el Congreso (aunque varios juristas sostienen lo contrario y hasta la “inconstitucionalidad” de esta interpretación, determinada por su taxativa prohibición constitucional, según la última versión de 1994).

A su vez, para algún sector del Gobierno, esto significaría que la oposición, prácticamente, imponga una “co-gobernabilidad” ya que, a partir de allí, el Ejecutivo requeriría la autorización casi permanente del Parlamento para una gran cantidad de acciones que hoy define en forma directa y autónoma, lo cual consideran directamente “inadmisible”, aunque no está claro aún cómo creen poder evitarlo, cuando la ley impone lo contrario.

En semejante contexto, es obvio que ni las retenciones, ni el “campo” constituyen el eje del conflicto, por el contrario, pareciera que otra vez están siendo usados como variable de ajuste, y para “distraer” sobre las restantes cuestiones de fondo. Tanto es así que hasta se especula con algún anuncio oficial previo al 24, con sensibles rebajas en las retenciones del campo, a cambio de la prórroga en las facultades delegadas, pero sin mencionar ninguna de las otras cuestiones que pasarían así desapercibidas. Ni siquiera se escucha hablar de las retenciones de otros productos, como los combustibles que, además, son móviles, algo que el campo logró frenar en 2008.

Pero, mientras algunos comienzan a reaccionar sobre la gravedad del asunto, y otros sostienen que es necesario recuperar el equilibrio entre los poderes públicos para evitar que la actitud gubernamental sea cada vez más hegemónica (lo cual no es bueno ni para el país, ni para consolidar la democracia), la realidad muestra que la falta de un liderazgo concreto en el heterogéneo frente de la oposición, no sólo está provocando exactamente lo contrario, si no que, peor aún, cada vez le facilita más al oficialismo imponer su estrategia.

Y, para completar el panorama, si bien en las grandes ciudades la mayoría de la población todavía no llegó a darse cuenta cabal sobre que tan grave es la situación, en el interior ocurre exactamente lo contrario, y el alerta ya comenzó a correr. Probablemente, porque a partir de la experiencia de la Resolución 125, la sensibilidad sobre estos asuntos es mucho mayor, como también la conciencia sobre el poder de “contralor” directo que los ciudadanos tienen sobre los legisladores. Después de todo, los diputados no son más que los representantes del pueblo… ¿no?.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de la Ingeniera Agrónoma Susana Merlo por gentileza de su autora y Campo 2.0.

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