JARABE DE PICO

LA INSEGURIDAD NO SE REVIERTE CON “JARABE DE PICO…”

Por Jesús Evaristo Scanavino

A esta altura de los acontecimientos, en materia de inseguridad y que son de público conocimiento, que se puede decir que no se haya dicho desde esta misma página. Y desde todos los sectores que de una u otra manera –inclusive individualmente- representan la voz de los experimentados en el tema, que son los policías…

El bárbaro asalto cometido en Panamericana al camión de caudales, con el alevoso asesinato de dos policías, mas los heridos y asesinados en las últimas horas, desnuda por enésima vez la verdad incontrastable del nivel alcanzado por la crisis de inseguridad y la inédita falta de decisiones políticas, urgentes y trascendentes, por parte de la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, para poner coto a este verdadero baño de sangre, que ya no se puede encontrar explicación a no ser en un increíble e injustificable pánico de las autoridades para tomar las medidas que la población está reclamando.

No lo han hecho en los últimos diez años y difícilmente lo hagan ahora. No al menos mientras la maldita ideología de unos pocos se siga anteponiendo al interés común y al clamor de los ciudadanos en su inmensa mayoría. Todo el gobierno, toda la administración, sin límite de dinero público, es decir nuestro, dedicado a satisfacer a la gente de los derechos humanos, en lugar de garantizar los derechos humanos de la gente.

Los vemos en todos los medios. Se erigen a sí mismos en paladines de los Derechos Humanos, cuando en realidad apenas despliegan una política berreta, que tiene muy poco de derechos y de humano. Solo les preocupa y se ocupan del buen pasar de los delincuentes y asesinos, a quienes presentan como víctimas de la sociedad, merecedores de toda la conmiseración pública. Como si solo a eso se redujera la Declaración Universal de DD.HH…

¿Y del derecho humano a la seguridad del resto de los ciudadanos que no roba, ni mata, entre ellos los policías que no tienen elementos ni entrenamiento suficiente para defender sus vidas ni la de sus semejantes?

¿Y qué hay del derecho humano a ser protegido contra la discriminación? (A los policías retirados, por ejemplo no se le provee el arma reglamentaria correspondiente para su defensa y eventualmente su actuación)

¿Y del derecho humano que incluye a policías, a ser protegido contra los ataques a la honra y reputación como impunemente lo hizo el ex Ministro León Arslanián y su cohorte de acólitos y simpatizantes, que dicho sea de paso siguen sin pagar el desastre causado?

¿Y del derecho humano consagrado a toda persona, a la libertad de reunión y asociación pacífica, que despóticamente se le niega a los policías?

¿Y qué hay de la obligación del gobierno de respetar la voluntad del pueblo, declarado como base de la autoridad del poder, y que se lo desoye groseramente?

¿Y del derecho humano a percibir igual salario por igual trabajo, cuando lo va a respetar el gobierno?

¿Y acerca del derecho humano, que se debe respetar a toda persona, a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, que a los ciudadanos y trabajadores policías se les niega descaradamente?

¿Y del derecho humano al descanso y tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, que a los policías no se les respeta y luego, abatidos por el cansancio, son blanco fácil de los delincuentes asesinos?

De estos derechos humanos y de varios otros, a la dirigencia gobernante pareciera no interesarle demasiado. Solamente les preocupa –como dijera- el buen pasar de los delincuentes. Que las cárceles estén limpias y sanas, mientras que hay comisarías sin las mínimas comodidades para el personal; que los reclusos tengan cuatro comidas balanceadas por día; que los guardia cárceles sean poco menos que sus mucamos; que la policía no los interrogue; que no declaren sin que primero su abogado pueda asesorarlo, o explicarle como eludir la investigación y poner en duda las evidencias; que los policías no usen armas largas y que no se entrenen. Y hasta pareciera que les conviene que haya bolsones de corrupción en la fuerza. ¿Será para manipularla mejor, y de vez en cuando utilizarla para expiar las barbaridades que los mismos gobiernos cometen...?

La dirigencia política en general sabe de qué estamos hablando. Ya tienen en claro cual es la salida rápida y eficiente para revertir esta desastrosa situación que día a día se agrava. Pero miran para otro lado. Hacen únicamente lo que sea “políticamente correcto”, y a veces en contra de sus propias convicciones, aunque el pueblo se desangre, con tal de no contradecir a ese sector tilingo del progresismo con poder, que ha hecho de los derechos humanos un gran negocio.

Atomizaron a la fuerza policial del estado donde se registra la mayor actividad criminal; a la vez someten a todo su personal a un mal trato que no registra precedentes. ¿Alguien puede ser tan iluso de esperar otro resultado del que estamos experimentando?

Mientras tanto, a la población: buenas dosis de “jarabe de pico”. Discursos y más discursos. Promesas que nunca se cumplen; proyectos costosos e inservibles como el Hospital Policial, las policías comunales antes, ahora las policías municipales ideadas por el “grupo de los 8 intendentes”; las policías rurales a ser solventadas por el campo; el FBI bonaerense (o lo que sería mejor decir la “policía política” que algunos sueñan) y otros tantos anuncios espectaculares y de gran impacto, pero que de concretarse solo acarrearan más gastos y mas atomización e ineficacia, como es el caso de la publicitada creación de más escuelas de policía o sucursales de la Vucetich.

Soluciones aunque sean transitorias y de emergencia para “el mientras tanto”, que alivien los peligros y la angustia de la gente: nada.

La Escuela de Policía Juan Vucetich debió transitar más de medio Siglo (65 años), para lograr a través de ese tiempo, un nivel de calidad que aún requiere de muchos y mayores esfuerzos para ser una institución moderna y de excelencia, como para que ahora, so pretexto de formar “400 agentes por año”, se gasten fortunas en inmuebles, mobiliario, contratos, movilidad, etc. Además de personal calificado habrá que armar equipos de trabajo interdisciplinarios, gabinetes de investigación, de formación, técnicos, etc., para cada “sucursal” de la Vucetich que se inaugure en la provincia. Un formidable dispendio presupuestario.

Basta de darnos “jarabe de pico”.

Los “400 agentes por año” que necesita el gobierno para la fuerza, ya los tiene, y mas también, reduciendo el actual ausentismo laboral que se registra en la fuerza, (obviamente sin descuidar la salud del personal) y el éxodo constante, consecuencia directa o indirecta de los sueldos miserables, de la ineficiente asistencia social, del mal trato que recibe el personal del propio estado-patrón (injusticia en los ascensos, alargamiento de la carrera, altos y excesivos aportes previsionales, falta de prácticas de tiro, exceso de tiempo de trabajo, etc.,) y todo un andamiaje de leyes y resoluciones que dejan a los policías y a la comunidad prácticamente indefensos ante una delincuencia cada vez mas agrandada y violenta, como se demuestra en estas horas con la seguidilla de policías baleados en distintos hechos.

Es decir que en lugar de invertir esa descomunal masa de dinero en el personal policial, para que mejoren su calidad de vida -mediante sueldos genuinos y en blanco y no la mentira de los incentivos que se pierden con el cambio de servicio y la jubilación-, y optimicen su rendimiento laboral, con más y mejores medios, estos señores del gobierno, seguramente guiado por los consejos de algún “Jaime” que nunca falta, han decidido gastar el dinero en obras innecesarias, contratistas y más empleados administrativos, a costa del sudor del pueblo contribuyente y de la matanza de vecinos y policías que continuará, porque la solución a la crisis no pasa por allí.

Eso si, los políticos podrán darse el gusto de cortar cintas y sacarse fotos, desde ahora hasta la próxima contienda electoral…

La muerte de los camaradas Tte. Darío Fabián GARCIA y Subtte. Rubén Darío Fangio, asesinados en Panamericana debiera ser un serio llamado de atención para las autoridades. Grave error sería que fuese percibido y tratado como un hecho más del hampa. Habría que investigar muy a fondo para que se sepa la verdad y despejar toda duda. Es que los delitos previos y concatenados cometidos por esta banda(apropiación de vehículos y equipos de comunicación); la logística, especialmente el armamento, de un poder y cantidad como hacía muchos años no se verificaba; la organización y la predisposición para asesinar fríamente como paso previo al asalto, modalidad que no comprobábamos prácticamente desde la década del 70’, cuando los “jóvenes idealistas” mataban policías a mansalva; a todo ello sumada la insólita y por lo menos sospechosa disposición de que los custodios no pueden portar armas largas, ha puesto a toda la fuerza policial en un inocultable estado de alerta. Y lo mínimo que se espera es un pronto y total esclarecimiento que aleje los fantasmas del pasado.

Nadie duda, así lo creo sinceramente en lo personal, de la buena fe y dedicación puesta por el Sr. Gobernador a la solución de este drama. Aunque sí creo aquello de que tiene “las manos atadas” como lo reconociera públicamente. Sería bueno que en lugar de seguir engañándonos con “jarabe de pico”, rompa las ataduras que dijo tener y tome las medidas urgente que sean necesarias, por duras que sean, pensando en el pueblo que lo ungió y no en los sectores minúsculos con mezquinos intereses ideológicos.

Finalmente las autoridades deben entender que las mujeres y hombres de la institución policial, es gente de vocación y disciplinada, pero el crecimiento desmesurado de la delincuencia y el nivel de agresividad hacia los policías, que los mismos gobiernos por negligencia han permitido, y de alguna manera fomentado, ha generado un profundo malestar; nadie deberá rasgarse las vestiduras entonces, si los efectivos policiales, trabajadores como los que más, deciden exteriorizar públicamente el disgusto por sus camaradas vilmente asesinados y por la situación en general de adversidad en que desempeñan su servicio.