CLAMOR : SUSPENDAN TARIFAZO !!!!

Solicitan que el gobierno suspenda los aumentos

PROTESTAN CONSUMIDORES POR ALZAS EN LAS TARIFAS

Buenos Aires - Un nutrido grupo de consumidores, movimientos sociales y legisladores de la oposición protestaron ayer frente a los entes reguladores de energía eléctrica (ENRE) y gas (Enargas) por los aumentos de más de 200 por ciento registrados en ambos servicios desde enero. El diputado bonaerense (UCR), Gustavo Zuccari, solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense que "declare la suspensión e inaplicabilidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos

A las 15, columnas de manifestantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells, la CTA, la Corriente Clasista y Combativa, la Corriente de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Barrios de Pie y otras organizaciones cruzaron a pie el microcentro para concentrarse en Suipacha al 600, frente a las oficinas de ambos entes. Allí los aguardaban asambleas barriales y consumidores “autoconvocados” de distintos puntos de la Capital y el Gran Buenos Aires, con las boletas que daban cuenta de aumentos exorbitantes entre sus manos.

Un vecino del bajo Flores, de apellido Pacco Rossel, mostraba su factura de Edesur de enero, que marcaba un consumo de 4.500 kw frente a los 500 kw habituales que emplea. ¿Aire acondicionado? “¡No tengo ni lavarropas!”, bramó Pacco Rossel, que pagaba $ 50 por bimestre y ahora le exigen $ 430, 760% más. Lo mismo ocurría con otros vecinos de la zona, que enarbolaban boletas con importes de hasta $ 1.000. La historia se repetía en Lomas de Zamora, Lanús, Ezeiza, Garín, Los Polvorines, Don Torcuato y Pilar.

En el palco armado ad hoc, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti, organizador de la protesta, compartió cartel con diputados opositores como Carlos Raimundi (Solidaridad e Igualdad), Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos), la ex kirchnerista Victoria Donda (Encuentro Popular) y la evangélica Cynthia Hotton (Pro). La mayoría venía de protestar frente a la sede del Indec por la intervención del organismo.

La titular del Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada, participó de la protesta: “Recibimos todo tipo de reclamos. Hay gente que pagaba 90 pesos por bimestre por la electricidad y ahora debe pagar $ 300. Los aumentos son, en promedio, de un 200%, aunque hay de todo”, dijo.

Las organizaciones de consumidores están atentas a lo que puede ocurrir con el gas. Si bien en la Capital y el Gran Buenos Aires aún no llegaron las boletas con el incremento, desde el interior del país ya comenzaron a denunciar subas igual de fuertes, debido a un doble aumento: por un lado, la implementación de un “nuevo cargo tarifario”, con el que el Gobierno pretende financiar un fideicomiso para la importación de gas y, por el otro, la suba del precio del fluido para los usuarios residenciales categoría R3, que consumen más de 1.000 metros cúbicos. En Jujuy, por ejemplo, Gasnor alertó que el incremento afectará a la mitad de los 60.000 usuarios residenciales.

Otras asociaciones de usuarios, afines al Gobierno, defendieron las nuevas tarifas. La presidenta de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), Sandra González, justificó : “Cualquier aumento es antipático y afecta a nuestros bolsillos, (pero) es preciso reconocer que es lo único que no aumentó en los últimos ocho años y que realmente necesitamos un sistema equitativo, solidario y redistributivo que privilegie al que menos tiene”. La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas (Fetingra) envió una solicitada a los medios titulada “el gas es de todos” en la que aplaudió las subas.

En tanto, el diputado bonaerense (UCR), Gustavo Zuccari, solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense que "declare la suspensión e inaplicabilidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos y corrección de los cuadros tarifarios de los servicios de electricidad y gas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (Decreto 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional y Resolución 741/08 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires)".

En ese contexto, el pehuajense manifestó que "esta medida ha sido adoptada por vía administrativa y resolutiva sin potestad jurídica suficiente: la facultad de fijar impuestos es competencia exclusiva y excluyente del Congreso (Art. 4 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional). Además, la capacidad de imponer multas en el territorio de la Provincia, es potestad exclusiva y conforma el poder de policía del Gobierno de la provincia, no delegado a la Nación y en ocasión del ejercicio federal de poder constitucionalmente contemplado (Preámbulo, art. 1, 5 y 121 C.N.)".

Al referirse al tema, Zuccari remarcó que "el gobierno provincial le está dando la espalda a la gente más humilde y carenciada de nuestro territorio bonaerense y mas allá de la flagrancia violatoria de la Constitución Nacional y el avasallamiento de la Constitución y autonomía Provincial, estos incrementos repercuten directa y perjudicialmente en el bolsillo de los consumidores y dejan en claro lo inoportuno de la medida al ser contrastada con el inestable contexto socio económico actual".

"La situación de ilegitimidad y falta de proporcionalidad que presenta la medida, agrava este asunto además de tornarlo abusivo, vulnerando principios consagrados constitucionalmente, atentando de esta manera contra el estado de derecho, las políticas de desarrollo de la provincia", concluyó el legislador.

"Tal medida – continúa explicando el proyecto de declaración del radical - se vuelve confiscatoria respecto del ingreso promedio de todo ciudadano bonaerense, más aún tratándose de aumentos de índole impositiva calificados resolutoriamente como "cargos tarifarios" por el decreto 2067/08 P.E.N y que no deberían ser aplicados tal cual han sido concebidos los mismos".

Entre sus fundamentos, la iniciativa parlamentaria señala que "la Provincia de Buenos Aires debe proveer a la defensa de los intereses de sus habitantes en carácter de ciudadanos y usuarios de servicios considerados públicos y como tales de interés general y estratégico para el funcionamiento y desarrollo del territorio provincial, su comercio e industria (Por imperio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en concordancia con los artículos 1, 38, 45, 57, 103 inciso 1 y 13)".