sábado, 5 de diciembre de 2009

DECADENCIA


Segunda opinión

Algunas reflexiones sobre la decadencia argentina

por Héctor B. Trillo

La Argentina tiene problemas económicos serios desde hace muchos años. Es probable que haya habido gobiernos malos, presiones externas y todo lo que pudiera imaginarse. Pero no es todo. Algo ha venido pasando entre nosotros y alguna vez debemos poner los pies sobre la tierra.

La Argentina hacia 1910 era, junto con Australia, E.E.U.U. y Canadá, la gran promesa del siglo por venir. Estaba entre los primeros 10 países del planeta y las olas inmigratorias eran enormes. Algo ocurrió y por algo es que ocurrió. Las teorías son muchas. Nos limitaremos a esbozar nuestra visión de la historia reciente, con el ánimo de desmitificar algunas cuestiones en tanto sea posible.

No vamos a hacer acá un racconto histórico, que sería demasiado extenso y nos desviaría del eje principal. Vamos sí a recalcar algunas bases lógicas (a nuestro entender) para intentar explicar la decadencia argentina.

Al menos desde mediados de 1920 la Argentina comenzó una carrera intervencionista en materia económica cuya primera cima en una cadena interminable probablemente llegó con el peronismo en los años 50, para posteriormente arreciar, luego de algún retroceso a comienzos de los 60, en los 70 y los 80, recular en los 90 y volver con toda la furia a partir del gobierno del Dr. Kirchner y la continuación en la esposa de éste.

A partir de los años 30, la creación del Banco Central y la teoría del deterioro de los términos del intercambio hicieron eclosión. A ello se sumó la creación del impuesto a los réditos (hoy impuesto a las ganancias) la centralización en la nación del poder de fijar gravámenes y el sistema de coparticipación federal de impuestos. A ello se sumó el inicio de la aplicación de escalas progresivas, bajo el principio más inconsistente de todo el esquema ideológico: El famosísimo quien más tiene más paga, que casi nadie hoy discute. Entiéndasenos: hablamos de pagar más que proporcionalmente.

El abandono del patrón oro y la creación del Banco Central contribuyeron de manera decisiva a dejar al país sin moneda de cambio. Todo el mundo sabe lo que sobrevino a partir de fines de los 40 en materia inflacionaria y la actitud de los políticos de todo color acusando a los comerciantes deshonestos, siendo que la inflación es un fenómeno monetario por definición y que el único con poder para emitir moneda es el propio Estado.

La cuestión del deterioro de los términos del intercambio y el intervencionismo estatal, llevaron a la idea de que el sector agropecuario debía aportar el dinero necesario para desarrollar la industria argentina. De tal modo, por décadas el sector más rentable de la economía argentina debió ceder parte de su rentabilidad para que los funcionarios actuantes imaginaran polos de desarrollo o sistemas de promoción varios con el objetivo de industrializar al país. Los sectores eficientes se veían así forzados a sostener los emprendimientos imaginados por los funcionarios, que nada tenían que perder porque utilizaban, claro está, el dinero de los productores. Así, en lugar de aprovechar al máximo las capacidades del país, se limitó su crecimiento para apoyar los engendros del burócrata de turno.

Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos cerraron filas y fronteras para evitar la competencia extranjera, asegurándose de ese modo que los precios subirían y que la tecnología siempre sería inferior a la de los países industrializados. El argumento era el de conservar las fuentes de trabajo. Argumento que jamás tuvo en cuenta asegurar la competencia para favorecer a los consumidores y no quitarles la posibilidad de elegir.

Las industrias se desarrollaron (es un modo de decir) siempre al amparo del Estado protector, con quitas impositivas, cierre de fronteras y compre nacional. Cualquiera sabe aún hoy mismo que la calidad de los productos nacionales no es equiparable a la de muchos importados (por ejemplo simples repuestos de automotores), mientras que los precios son en muchos casos prohibitivos.

Otro elemento al que se recurrió con frecuencia ha sido el del tipo de cambio alto. Sostenido como hoy ocurre con emisión monetaria, provocando inflación y baja de los salarios en dólares. Este mecanismo fue el que llevó alguna vez al General Perón a preguntar si alguien había visto alguna vez un dólar. Esto equivale a decir que, dado que la gente no conocía siquiera los dólares (en esos años), no era importante cuántos se ganaran. Pero con sueldos bajos en dólares, fronteras cerradas o importaciones con gravámenes absolutamente descomunales, lo que se logró durante décadas es que el país no alcanzara los niveles de tecnología internacionales. Baja productividad, bajos salarios, pocas importaciones, tipo de cambio elevado, inflación, aislamiento y pauperización.

La productividad es la medida de la utilización de los recursos disponibles. Puede explicarse desde el lado de la competitividad, como se hace hoy. No somos competitivos y por eso para serlo tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, con lo que confesamos abiertamente que jamás llegaremos a ser competitivos y por eso recurrimos a artilugios monetarios. Artilugios que, por supuesto, más temprano que tarde se caen de manera virulenta generando las recurrentes crisis monetarias y cambiarias.

Desde el punto de vista de la organización política, se buscó acomodar la Constitución a los apetitos o las ideas de los gobernantes. La violación de los principios, los derechos y las garantías constitucionales mellaron a fondo la confianza tanto interna como externa. La falta de respeto de los contratos es por ahí la cara más visible de esto que decimos, pero no la única. La intervención en los precios, en los costos, en las utilidades, en la fijación de salarios, en los sindicatos con personería gremial, en la afiliación compulsiva, en los sistemas jubilatorios obligatorios y muchísimas otras cuestiones son decididamente violatorias de principios básicos de la primera parte de la Constitución.

Cualquiera que lea el artículo 14 (no el 14 bis, que es un capítulo bastante aciago al que se llegó durante un gobierno de facto con una reforma constitucional que hoy nadie discute pero que sin duda es ilegal e ilegítima). Cualquiera que lea el artículo 14, decíamos, verá que prácticamente ninguno de sus principios se respeta.

Y no se trata de respetar o no la ley, únicamente. Se trata de nadie está seguro ni tiene garantías para trabajar y producir. No existen garantías de que sus derechos serán siempre defendidos por las autoridades, al mismo tiempo que le son exigidas sus obligaciones.

El sistema constitucional argentino apunta a que nuestros derechos sean respetados y no violados impunemente por los poderes públicos. Apunta a limitar la discrecionalidad del Estado, el avance sobre los derechos personales. No es así porque sí. Es así porque es el respeto de las normas lo que posibilita desatar la capacidad humana para mejorar el bienestar general. Ello incluye respetar la propiedad y la libertades básicas (de comercio, de asociación con fines útiles, de afiliarse o no, de enseñar y aprender, de trabajar, etc.).

A partir de los años 40 se intentó forjar el llamado Estado benefactor, copiando lo peor del fascismo italiano. Si fijaron condiciones para el trabajo y se dictaron normas tendientes a garantizar a los trabajadores sus derechos. No está mal que así sea, pero también hay que garantizar el derecho de los empresarios, de los industriales, de los productores agropecuarios, de los profesionales, de las amas de casa, de los religiosos y de quienes fuere. Eso es lo que dice justamente la Constitución. Y eso no ocurrió. En esa primera etapa, en realidad quienes tenían ciertas garantías eran los afiliados al partido gobernante, los adictos y sus amigos. No era una lucha de ricos contra pobres o viceversa como cínicamente se pretende desde no pocos claustros. Era un enfrentamiento entre adictos y no adictos, tal como ocurre hoy mismo.

Los profesionales hoy por hoy deben estar colegiados obligatoriamente y deben abonar matrículas para poder trabajar. Y si no lo hacen son suspendidos en su profesión. Ni siquiera se recurre a la legislación de fondo en caso de tener deudas con sus Colegios. Directamente se los suspende y no pueden trabajar. Los empresarios están sometidos (y no de ahora) a todo tipo de presiones, acusaciones y cuestionamientos morales. Carecen del derecho de huelga y son por lo general demonizados cargando sobre ellos las culpas de un sistema basado en la inflación y el intervencionismo.

Los trabajadores, supuestamente defendidos, sucumben ante la afiliación compulsiva al sindicato único por rama de actividad. Aportan sus dineros de manera coercitiva a una obra social y durante muchos años debieron donar al sindicato el primer mes de aumento salarial, en carácter de pago por la gestión. Por su parte, los dirigentes sindicales son verdaderos Papas en sus funciones, dado que perduran de por vida. Se enriquecen, se vinculan al poder político de turno (sea éste civil o militar, constitucional o no) y envejecen en medio de riquezas materiales imposibles de imaginar para un laburante.

Todo este esquema perverso que describimos más arriba ha sido mantenido e incluso exacerbado a lo largo de los últimos 60 años por lo menos. Por eso han salido tantos capitales (y ciudadanos) del país. Por eso la gente no ahorra por lo general en moneda local. Por eso nadie espera seriamente ser bien atendido en una Obra Social o cobrar algún día una jubilación digna. Y últimamente nadie espera ser protegido contra la delincuencia, ni espera que sus hijos puedan concurrir a boliches donde no se vendan drogas o alcohol. O donde seres irracionales arrojen bengalas en lugares cerrados por la negligencia y el aprovechamiento de empresarios, funcionarios, políticos y hasta los propios músicos y sus entrevistadores radio televisivos, como consta en la causa Cromagnón.

Nadie espera que se respeten las normas de tránsito. Nadie espera que la gente no sea desaprensiva arrojando a las calles papeles, bolsas de plástico, latas, botellas, basura en general, etc. Nadie espera que el Estado le obligue a cumplir las normas. Es que el incumplimiento de las normas parte, justamente, de la falta de respeto a la propia Constitución. De allí para abajo, todo es posible.

Aparte de esta breve reseña hay otros datos que tienen que ver con lo que podríamos llamar la idiosincrasia o la mentalidad argentina. En general la gente se pone contenta cuando un precio se congela, o cuando se otorga un subsidio, o cuando el Estado interviene para que una empresa gane menos plata. También se alegra si se limitan los alquileres a un porcentaje del sueldo del inquilino. O si se cierran las fronteras a los productos importados.

Los gobiernos se vanaglorian de ayudar a las Pymes y de castigar a las grandes empresas o a los grandes grupos económicos. Mayoritariamente la población apoya también eso.

Hay que distribuir riquezas (no crearlas) y para eso hay que exprimir a los ricos. Los precios deben ser bajos, las empresas deben ganar poco. Quienes no trabajan deben ser ayudados por el aparato estatal. Los cortes de ruta son la única manera de ser oídos. Así, más y más quienes poseen recursos huyen hacia otras playas y el círculo vicioso se conforma de manera cada día más patética.

Precios congelados o controlados, bajas ganancias, impuestos progresivos, cierre de fronteras, ataque a los ricos, salarios y jubilaciones aumentados en pesos (moneda inexistente en la realidad pues debe representar dólares o euros, y no valer por sí misma). La medicina debe ser gratuita, las prepagas y las obras sociales deben cubrir todas las carencias. El Estado debe ayudar, subsidiar, promocionar, promover, establecer impuestos diferenciales que castiguen a los exitosos, aprobar y fijar salarios, realizar campañas de abaratamiento, aplicar impuestos y más impuestos a cuanto sector gane dinero. El Estado y sus funcionarios han reemplazado el libre albedrío, la capacidad de discernir, la libertad de crear.

Repartir casas, comida, ayudas, subsidios, planes, asignaciones universales. Jubilaciones masivas. El Estado debe proporcionar aquello que per se la gente no logra precisamente porque el propio Estado le impide desarrollarse. Si se observa el panorama detenidamente, se verá que hoy en día prácticamente no hay iniciativas particulares. Nadie está dispuesto a hacer nada. Ni invertir, ni inventar, ni crear. Nada. Todo eso ha sido reemplazado por un Estado omnisapiente que todo lo resuelve y a todos ayuda. Pero en verdad, tal Estado se nutre de quienes invierten, producen y crean. Y como éstos están absolutamente imposibilitados de proyectar un futuro libre de arbitrariedades intervencionistas, cada vez es menos lo que hay para repartir. Fíjese bien el lector en los ataques impositivos recientes y también en los anteriores. El Estado va allí donde hay un mango, si se nos permite. Y mete una gabela más. Todos sabemos que aquellos a quienes les va bien, serán visitados por el Estado rapiñero más temprano que tarde.

Así es imposible alcanzar o al menos rozar la excelsitud. Es imposible eliminar los feudos. Los votos cautivos. Es imposible acabar con el voto cuota. Atraer inversiones.

El Estado omnisapiente y omnipresente dirá en qué invertir, cómo, cuánto, en qué momento, con qué cargos y con qué prebendas. Y también dirá qué podemos ver, leer, estudiar, informar. Los planes d estudio son oficiales en la Argentina. Mucho se dice de universidades o escuelas privadas. Pero los planes de estudio son oficiales.

En estos días se inician cooperativas, se dan asignaciones universales a los chicos, se realizan planes canje, se anuncian créditos a Pymes, créditos a viviendas que no superen la cuota de un alquiler, extras a los jubilados para fin de año, canastas navideñas, urbanización de villas de emergencia. Lo que sea.

La felicidad pasa por la ayuda estatal. Y en las provincias es peor. ¿En qué cambió Santiago del Estero porque ya no esté en clan Juárez? ¿Estarán seguros los empleados públicos si se van los Rodríguez Saa de San Luis? ¿Quién dejará de votar a los Kirchner si corre riesgo la ayuda por hijo? ¿quién reconocerá que los boletos de colectivo o de los trenes cuestan el triple sólo que la diferencia la pone el Estado vía emisión monetaria? ¿Por qué el Estado no hace las cosas de tal manera que cada quien perciba un salario acorde a lo que produce y adquirir lo que pueda con ello como ocurre en buena parte del mundo?

Y por supuesto la pregunta obligada es bastante simple y lógica: ¿estamos en camino de ser un país más rico y con inclusión social o por el contrario estamos en camino de ser un país más pobre, lleno de carencias y con gobernantes populistas preocupadísimos por repartir dádivas para mantener el statu quo?

¿Desaparecerá la pobreza con planes Trabajar, Jefas y Jefes, Cooperativas, empleos públicos, electrodomésticos, jubilaciones sin aportes y miles de etcéteras por el estilo? ¿O por el contrario serán más los pobres cada día?

¿Se logra el bienestar general con gobernantes arbitrarios, prepotentes, patoteros, repartidores de dádivas y prebendas a los amigos, acusadores e insultadores de cuanto ser vivo no coincida y respete al mandamás de turno dueño de la chequera? ¿O más bien se consigue la pauperización, la dependencia genuflexa y la ignorancia más vergonzosa?

La Argentina es un país inmensamente rico y con capacidades inesperadas a veces. Pero todos nosotros debemos comprender, si es que cabe decirlo así, que ni el trabajo, ni la riqueza, ni el bienestar, ni el conocimiento, ni lo que pueda mejorar nuestra condición humana dependen de otra cosa que de nuestro esfuerzo, el cumplimiento de nuestras obligaciones y el respeto de los demás.

Mientras pensemos que perjudicando al otro nos favoreceremos incurrimos en el mismo error de aquella canción popular de la Guerra Civil Española que rezaba en su estribillo Que la tortilla se invierta, que los pobres coman pan, y los ricos mierda.

Lo que hay que lograr es que todos comamos pan. Y para eso hay que ganarlo con el sudor de la frente. Y asumiendo que nada es gratis. El respeto de las normas es el respeto de la Constitución y especialmente de su primera parte, que habla de los derechos y de las garantías. La falta de un Estado de Derecho sólido es el principal problema. El reparto de dádivas y las arbitrariedades, prepotencias y amenazas no conducen a otra cosa que al desastre.

HÉCTOR BLAS TRILLO

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