CRIMEN Y POLÍTICA

Río Negro -

Editorial
Crimen y política

A ningún gobierno le gusta ser acusado de indiferencia frente a las malas noticias, pero en el mundo democrático por lo menos pocos han adoptado la estrategia del avestruz elegida por el kirchnerista que consiste en tratarlas como inventos del periodismo. Si algo no encuadra en el "relato" improvisado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su marido y sus ideólogos favoritos, suelen negar su existencia, razón por la que dibujan las estadísticas económicas y sociales, de este modo eliminando la inflación, la crisis energética y la recesión del año pasado, o lo atribuyen a sus adversarios, tratándolo como una consecuencia del "neoliberalismo". Es lo que están haciendo frente a los brotes periódicos de delincuencia violenta. Según el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se deben "a los años de la larga noche de políticas neoliberales con exclusión, marginalidad y falta de expectativas en lo que a movilidad social ascendente nos referimos, han dejado heridas que debemos restañar", lo que podría tomarse por una confesión de que más de siete años de kirchnerismo no han servido para nada. Aún más patética fue la reacción de Fernández ante la muerte de un bebé recién nacido, de resultas de un crimen que fue protagonizado por una banda de motochorros que balearon a su madre antes de que diera a luz. Con una falta de sensibilidad realmente extraordinaria, Fernández opinó que los indignados por lo sucedido "esperaban la muerte de este pibe para hacer politiquería con el dolor ajeno", o sea que a su juicio nadie tiene derecho a pedirle al gobierno nacional asumir sus responsabilidades.

Mal que les pese a funcionarios como Fernández, la seguridad ciudadana sí es un tema político legítimo y, si bien sería absurdo culpar al gobierno nacional por todos los crímenes que se cometen, no lo es en absoluto pedirle que lidere la lucha contra los delincuentes cuya violencia despiadada, y a menudo gratuita, está sembrando temor en buena parte del país. Puede que no haya mucho que el gobierno esté en condiciones de hacer en el corto plazo, pero así y todo sería importante que brindara la impresión de compartir plenamente la preocupación que siente la mayoría. No se equivoca Fernández cuando señala que, en comparación con otras grandes ciudades latinoamericanas, Buenos Aires y otros centros urbanos son relativamente seguros –Caracas es uno de los lugares más peligrosos del planeta–, pero es insultante de su parte dar a entender que el país es víctima de una especie de ilusión colectiva, una psicosis subjetiva propagada por medios de comunicación sensacionalistas o, según el gobierno, cómplices de la oposición. Si el aún jefe de Gabinete realmente cree lo que dice, está viviendo en una burbuja.

A esta altura, nadie puede suponer que haya soluciones sencillas para el desafío planteado por el crimen violento. Sabemos que penas más duras no servirían para disuadir a los delincuentes y, de todos modos, aplicarlas haría necesaria una expansión muy costosa de un sistema carcelario que ya se encuentra desbordado. Asimismo, exigirle a la policía actuar con mayor contundencia pronto daría pie a más episodios de "gatillo fácil". Con todo, aunque en términos prácticos son limitadas las opciones frente al gobierno nacional, ayudaría que intentara tranquilizar a la ciudadanía haciendo un esfuerzo auténtico por convencerla de que es plenamente consciente de la gravedad de lo que está pasando y que está resuelto a tomar todas las medidas posibles para combatir el crimen violento. A voceros oficialistas como Fernández y el infaltable canciller, Héctor Timerman, les gusta tratar la sensación de inseguridad que se ha difundido por el país como un fenómeno psicológico, pero parecería que no se les ocurre que los ciudadanos honestos no son los únicos afectados por el clima imperante. También lo son los delincuentes mismos. Al virtualmente informarles que el gobierno nacional no se ha propuesto tomar medidas destinadas a frenar la violencia, Fernández y quienes piensan como él están ayudando a crear la impresión de que el país se ha transformado en una gran zona liberada en que malhechores desalmados pueden hacer cuando se les antoje porque las máximas autoridades políticas se sienten impotentes para impedirlo. Dadas las circunstancias, sería difícil concebir un mensaje más siniestro.