GOLPISTA, MOMTONERO Y CHORRO

Complican a funcionarios de Timerman



ESCANDALO EN EL PALACIO SAN MARTÍN POR SOBREPRECIOS

Buenos Aires - El juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria a seis funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y a cuatro empresarios investigados por una licitación con presuntos sobreprecios de más de tres millones de pesos, confirmaron fuentes judiciales. El caso roza al canciller Héctor Timerman, superior de los funcionarios involucrados.

El pedido del magistrado titular del juzgado federal número 4 incluye a cuatro directores del Ministerio y a dos funcionarios miembro de la Comisión Evaluadora de la cartera que dirige Timerman, que participaron en una licitación para la XX Cumbre Iberoamericana, celebrada en diciembre en Mar del Plata.

El caso de sobreprecios fue adelantado por el diario Perfil en su edición del 26 de diciembre de 2010, luego de que ese medio accediera a un expediente interno de Cancillería titulado “Servicio integral de tecnología para la XX Cumbre Iberoamericana”. En el documento se detallan las condiciones para elegir al proveedor de computadoras, impresoras y plasmas utilizados por los 1.061 delegados y los 1.056 periodistas del encuentro internacional. La operación también incluía el sistema de iluminación, videoconferencias, sonido y traducciones.

El juez Lijo sospecha que los funcionarios favorecieron a la empresa Punto Baires, ganadora de la licitación dos días antes de la Cumbre, a pesar de que no cumplía con los antecedentes solicitados en el pliego ni contaba con el stock suficiente. Sin embargo, ganó la licitación por un monto de 6.045.766,74 pesos.
A pedido del juzgado, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) calculó el valor de la contratación por poco más de 2,6 millones de pesos, lo que implica sobreprecios de más del 50 por ciento del valor.

Precios y sobreprecios. Una cuarta empresa, 2MGMet, fue apartada de la licitación, a pesar de que había ofertado por unos 3.225.505 pesos, casi la mitad de lo que el Estado terminó pagándole a la compañía ganadora.
El resto de los empresarios sospechados fueron llamados a indagatoria por estar vinculados a la empresa ganadora, a pesar de que participaron en la licitación con otras compañías. Todo habría sido un montaje para asegurar que Punto Baires ganara el contrato, según consta en el expediente judicial. “Habría habido un acuerdo entre ellos para que la adjudicataria, finalmente, sea Punto Baires S.A. y se habría dado la apariencia de un trámite habitual de licitación, pero se habrían alterado los mecanismos de adjudicación para que finalmente la firma Punto Baires sea la que figure como la única empresa capaz de cumplir con las exigencias de la contratación”, consta en los pedidos de indagatorias.

Los imputados, que deberán presentarse los primeros días de julio ante el magistrado, son Javier Jaureguiberry (director de Compras y Contrataciones), Cecilia Bruno (directora de la Administración General), María Mercedes Buratovich (a cargo de la Dirección general de Asuntos Jurídicos), Juan Valle Raleigh (director general de Política Latinoamericana), Carlos Luis López Varela y Víctor Hugo Cipolla (miembros de la Comisión Evaluadora del Ministerio). Además, se llamó a indagatoria a cuatro empresarios, titulares de las empresas vinculadas a la licitación: Diego y Carlos De Elías (Punto Baires S.A.) Carlos Fabián González (Compañía Audiovisual), Edgardo Pelliza y Esteban De Elías (por AVR).

En diciembre, el sobreprecio se estimaba en seis millones, pero la Justicia determinó que se trata más de tres millones de pesos.