ROMINA PICOLOTTI - DENUNCIA PENAL

FORMULA DENUNCIA PENAL

Señor Juez Federal:

Adrián PÉREZ, Susana GARCIA, Elsa QUIROZ, por derecho propio, con domicilio en Riobamba 25, oficina 708 (Anexo de la H. Cámara de Diputados de la Nación), de esta Capital Federal, a V.Sa. nos presentamos y respetuosamente, decimos:

I.- OBJETO:

Que en los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a interponer denuncia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos contemplados en los artículos 174 inc. 5 (fraude en perjuicio de la administración pública), 260 y 261 (malversación de caudales públicos) y 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas) del Código Penal, y/o los que V.Sa. determine se cometieron mediante la respectiva investigación, por parte de la Sectaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti; el Jefe de gabinete de la Secretaría, Juan Miguel Picolotti; y todo otro funcionario de la Secretaría y/o particular que haya participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio del Estado Nacional.

Las circunstancias que vengo a denunciar han trascendido públicamente y cumplo con el deber de denunciarlas formalmente en mi carácter de diputado de la Nación, en orden a lo prescripto por el art. 177, inc. 2º, C.P.P.N..

II.- LOS HECHOS:

El 7 de julio de 2006, la abogada Romina Picolotti asumió la titularidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, luego de que dicho órgano fuera trasladado desde el Ministerio de Salud a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El presupuesto de la Secretaría se quintuplicó para su gestión, y sería del orden de los 166 millones de pesos.

El diario Clarín del domingo 8 de julio refleja una serie presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la Secretaria que merecen el análisis e investigación por parte de V.S

Según lo publicado por mencionado matutino “.Romina Picolotti y sus allegados participan de una serie de maniobras presupuestarias que les permiten derivar mucho dinero público para gastos personales, multiplicar contratos de trabajos irregulares y por montos desmedidos y hacer grandes compras sin muchos controles...”.

Entre otras preocupantes informaciones, puede leerse en el artículo, que para evitar los controles previstos para las contrataciones por parte del Estado, la actual gestión recurrió a un convenio que la Secretaría había firmado en el año 2001 con la Fundación ArgenINTA –creada con fines específicos relacionados con el desarrollo de la agroindustria-, por el cual habría remitido fondos públicos –20 millones de pesos, en lo que va del año- que luego podía utilizar saltando algunos controles estatales, con sólo elevar una nota al Director Ejecutivo de la Fundación indicándole las facturas que debía pagar.

Según tomara estado público, “...hasta la llegada de Picolotti a Ambiente, desde ArgenINTA se pagaban unos 20 contratos de profesionales. Ahora, esta cifra se habría multiplicado por quince. Para estos y otros gastos, la Secretaría habría utilizado unos 5 millones de pesos depositados en la Fundación para su “fortalecimiento institucional” y para el trabajo del Consejo Federal de Medio Ambiente, y otros 4 millones destinados al Plan Nacional de Manejo del Fuego...”.

Pero como al parecer, el ex Director Ejecutivo de la fundación –José Weber- y el titular del INTA, Carlos Cheppi, habrían hacho algún planteo o puesto algún límite, la actual titular de la Secretaría habría procurado la habilitación de dos nuevas vías: un convenio con el PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) para financiar el plan del Riachuelo, por el que habría derivado 26 millones de dólares; y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Ambientales, al que según el texto del Decreto 739/2007, enviará 20 millones de pesos para brindar apoyo científico y técnico a entidades públicas y privadas, y especialmente, a las distintas unidades dependientes de la Secretaría.

Pero si a esa información sumamos aquella que señala que habría elementos que permitirían acreditar que los fondos públicos depositados en ArgenINTA fueron utilizados para pagar gastos personales del Jefe de gabinete de la Secretaría, Juan Miguel Picolotti –hermano de la Secretaria-, entonces podríamos encontrarnos directamente ante una sustracción de esos fondos, en los términos del art. 261 del mismo Código.

Por otro lado, la investigación de Clarín, que dice tener como fuente “...a dos exsubsecretarios y tres altos funcionarios de la Secretaría de Ambiente, fuentes de los Ministerios de Economía y Salud, la Chancillería, la Jefatura de Gabinte y dos empresas particulares que prestaron servicios para Picolotti...”, estaría dando cuenta irregulares contrataciones de “servicios profesionales”.

En efecto, resultan llamativas la cantidad de contratos de locación de obra o de servicios que dice la investigación ha celebrado la Secretaría –350 sobre una planta de empleados de 422-; las estrechas relaciones (cantidad importante de contrataciones para familiares y y amigos) que existirían entre los “contratados” y la propia Secretaria; y sobre todo, los altos montos de las retribuciones de los mismos, desfasados totalmente con las remuneraciones que se pagan actualmente en la Administración Pública en general.

Como puede leerse en la nota periodística, “Ninguno de ellos (sus allegados) cobra menos de 8.000 pesos. Según los datos recogidos, la Secretaría paga tres contratos de 12.000 pesos, unos 20 de 8.000, otros 30 de entre 6.000 y 7.000 pesos, y decenas de personas cobrarían entre 4.000 y 5.000 pesos. Un dato: en la Secretaría, un profesional de línea con diez años de antigüedad cobra 2.700 pesos”.
En este sentido será necesario indagar también sobre los motivos del incremento sustancial del personal de la Secretaria, la relación de las remuneraciones y la función y la idoneidad de las personas contratadas para la prestación de servicios.

Asimismo, han tomado estado público el mal manejo de los generosos fondos que se estaría haciendo en la Secretaría, y los abultados costos que se manejan, así como los injustificados gastos en los que se habrían incurrido, por ejemplo, los viajes en Jets privados o la compra de bienes muebles por sumas exorbitantes.

Y no menos preocupante, resulta ser la situación del llamado Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo según refleja la misma investigación periodística

Como podrá observar V.Sa., de las irregularidades publicadas por el diario Clarín, surge la posibilidad de que funcionarios estatales y particulares en connivencia, hubieran desplegado conductas ilícitas, incompatibles con una administración fiel de los recursos estatales, buscando su propio beneficio y/o el de varios terceros allegados.

Es por ello que considero existen motivos para que se inicie la pertinente investigación penal, a fin de descubrir la posible comisión de delitos penales e identificar, en su caso, a los responsables.

III.- CALIFICACION LEGAL:

Sin perjuicio del elevado criterio de V.Sa., considero que la información que ha tomado estado público, resulta suficiente para sospechar respecto de la posible existencia de delitos que podrían haber sido cometidos tanto por funcionarios públicos, como por particulares con relaciones familiares de amistad o profesionales con aquellos; que se encuentra tipificados en los artículos 174 inc. 5 (fraude en perjuicio de la administración pública), 260 y 261 (malversación de caudales públicos) y 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas) del Código Penal.

En tal sentido, es imprescindible la realización de una profunda investigación que determine en primer lugar quiénes fueron todas las personas involucradas en las distintas maniobras, para luego determinar con precisión la tipicidad de las conductas ilícitas cometidas.

IV.- PRUEBAS:

A.- Se acompaña como prueba documental nota titulada: “Los extraños manejos en la Secretaría de Medio Ambiente”, de la edición del diario Clarín de fecha 08/07/2007 –tapa y páginas 32/34 del Suplemento “Zona”-.

Asimismo, sin perjuicio de las medidas que V.Sa. o el Ministerio Público estimen correspondan producir, sugiero las siguientes:

B.- Se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas, quienes habrían tomado conocimiento directo de muchos de los hechos aquí denunciados:

2.- Al representante legal de la empresa Baires Fly, para que aporte toda la documentación obrante en su poder respecto de todos los vuelos que hubiera contratado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o la Fundación ArgenINTA, y brinde toda la información que supiera al respecto.

3.- Al representante legal de la empresa Sky Connections, para que aporte toda la documentación obrante en su poder respecto de todos los vuelos que hubiera contratado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o la Fundación ArgenINTA, y brinde toda la información que supiera al respecto.

4.- Al titular del inmueble sito en la calle Reconquista 555, para que aporte toda la documentación obrante en su poder respecto del contrato de locación suscripto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y declare todo cuanto supiera respecto a dicha operación inmobiliaria y del actual estado de ocupación del inmueble.

C.-.- Se libren los siguientes oficios:

1.- Al Director Ejecutivo de la Fundación ArgenINTA, para que aporte el convenio celebrado en el año 2001 con la Secretaría de Ambiente, y todas las cartas-acuerdo y demás actuaciones correspondientes a los envíos de fondos por parte de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como de todas las órdenes de pago emitidas por la misma.

2.- Al Director del Programa de la ONU para el Desarrollo, para que aporte el convenio celebrado con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para financiar el Plan del Riachuelo, y por el cual se le habría derivado fondos por 26.000 millones de dólares.

V.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a V.Sa. solicito:

1. Tenga por formulada la presente denuncia.
2. Me cite a ratificarla, ocasión en la que acompañaré la documentación ofrecida como prueba.
3. Se investiguen los hechos denunciados


Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA.