KONSULTORA

La privilegiada consultora de la PresidenTA


En forma coincidente con su abrupto y marcado aumento patrimonial de los últimos años, la familia de la presidenta Cristina Kirchner comenzó a crear nuevas empresas, pero la última, El Chapel, cuya existencia reveló LA NACION hace pocos días, violentaría, en principio, lo establecido en la ley de ética pública. Por este motivo, la Oficina Anticorrupción (OA) ha iniciado una investigación preliminar cuya seriedad y profundidad es de esperar que no se vean acotadas por la dependencia de este órgano del Ministerio de Justicia.

El caso es singular. Creada el 21 de diciembre del año pasado por Néstor Kirchner, su esposa y su hijo Máximo, quien la preside, la sociedad anónima El Chapel declaró, entre otras actividades, la consultoría financiera y de inversión, que entrañarían una franca violación de la ley de ética pública. Entre los objetos de esta sociedad familiar en la que Kirchner y su mujer son directores suplentes figura, según consta en el Boletín Oficial de Santa Cruz, dedicarse "a la prestación de todo tipo de servicios de consultoría, estudio, inversión y asesoramiento en las ramas de la economía, finanzas, derecho, ciencias sociales, educación, administración y otras disciplinas, a personas físicas o jurídicas del país o del extranjero".

Salta a la vista que, por lo pronto, debería haber existido un impedimento moral para que la familia que hoy concentra las decisiones políticas y económicas del país no pueda, al mismo tiempo, vender su asesoramiento en materia económica a quienes están dispuestos a realizar inversiones en una Argentina caracterizada por el hiperpresidencialismo. Porque quienes contraten los privilegiados servicios de El Chapel estarán contratando los servicios de la Presidenta y del ex presidente, quienes, dada la peculiar mecánica del kirchnerismo, son quienes proponen, deciden y ejecutan en todas las materias. Sus clientes no sólo tendrán acceso a información de primera mano sobre el presente económico del país, sino también sobre su futuro, y lo obtendrán de quienes toman las decisiones, cuentan con mayorías parlamentarias y ejercen un control indirecto sobre la Justicia a través del Consejo de la Magistratura.

Pero también existiría una franca violación del artículo 13 de la ley de ética pública, que establece que es incompatible para quien ejerce la función pública "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades".

La misma ley, en su artículo 2, exige a los funcionarios públicos "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados".

Sólo quien está acostumbrado a ejercer el poder en forma casi ilimitada, como el matrimonio presidencial, pudo no reparar en estos aspectos, que hablan a las claras de la incompatibilidad entre la función pública y el trabajo que se propone hacer desde la flamante consultora.

A lo insólito del emprendimiento presidencial hay que agregar que, al tiempo que se tuvo conocimiento de la existencia y características de El Chapel, se supo que la Presidenta había dejado de figurar como monotributista en la AFIP para volver a ser una contribuyente autónoma. Pero luego la AFIP informó que ese cambio fue ilegítimo y que lo realizó un hacker que usó la clave fiscal de la señora de Kirchner. La explicación no es plenamente convincente.

Ahora cabe esperar que la investigación preliminar de la OA no se vea condicionada o que, en el peor de los casos, no sea sólo un pretexto para radicar un pedido de investigación judicial de forma tal que algún juez resuelva rápidamente, como ha ocurrido con la investigación del incremento patrimonial de los Kirchner, que no ha existido delito.