LA TABLADA

A veinte años
En los 70, un gobierno constitucional ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar y exterminar el terrorismo que asolaba nuestra Patria, sembrando de angustias en su población. Treinta años después, muchos de quienes cumplieron esas órdenes se encuentran ilegalmente privados de su libertad, como consecuencia de decisiones y fallos de jueces que, por convicción, corrupción o simple cobardía, han hecho del prevaricato su metodología de impartir justicia, violentando nada menos que 20 garantías jurídicas para saciar la sed de venganza de una minoría violenta y rencorosa.
El 23 de enero de 1989, durante otro gobierno legítimamente constituido, la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria atacó un cuartel desguarnecido, como consecuencia de la insólita política militar implementada por Raúl Alfonsín, masacrando salvajemente a los pocos hombres que en él se hallaban, asestándole un nuevo zarpazo a la sociedad argentina.
Veinte años después, al igual que en febrero de 2001, cuando otro gobierno decidió conmutar las penas fijadas en juicios justos a quienes miserablemente asesinaron al teniente coronel Horacio Fernández Cutiellos, al teniente primero Ricardo Rolón, al suboficial principal Ricardo Raúl Esquivel, al sargento primero Ramón Wladimiro Orue, al sargento Gustavo Albornoz, a los soldados Domingo Julio Grillo, Héctor Cardozo, Roberto Tadeo Taddía, Leonardo Martín Díaz, al comisario Emilio García García y al sargento primero José Manuel Soria (perpetrando un nuevo delito de lesa humanidad), se persiste en el ultraje.
Un juez, amparándose en una interpretación antojadiza de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dado excusa al gobierno nacional para que disponga el inicio de una investigación, no para determinar las complicidades de algunos funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín en el criminal ataque ni para que se aclare la procedencia, ingreso, derrotero de los terroristas extranjeros que participaron en la agresión ni para averiguar quiénes apoyaron, financiaron, organizaron y dirigieron este atentado ni (por supuesto) para defender los derechos humanos de las familias de los jefes, oficiales, suboficiales y soldados del otrora glorioso Ejército Argentino y de la Policía de la provincia de Buenos Aires que cumplieron cabalmente con su juramento de dar la vida por la Patria, sino para intentar continuar reescribiendo la historia.
Qué país extraño el nuestro que, en un mundo cada vez más comprometido en la guerra contraterrorista, los terroristas gocen de cuanto privilegio se les ocurra a los demagogos de turno y que quienes los combatieron, en defensa de las instituciones y de la sociedad en su conjunto, en cumplimiento de claras órdenes emanadas de gobiernos constitucionales, se encuentren presos o en vías de estarlo.
Esta medida demuestra cómo los cómplices de quienes aquel 23 de enero (frente a las cámaras de los cientos de periodistas que cubrieron la infame agresión) decidieron reanudar los baños de sangre como metodología para imponernos su proyecto de país, en el que sin duda alguna ningún argentino quiere vivir, continúan los embates para mantener abiertas las heridas existentes en el seno de nuestro pueblo, insistiendo en la sistemática prédica disociadora dirigida a evitar cualquier posibilidad de construir un país en el que reine la paz social.
Honor a los caídos en defensa de la Patria y que Dios se apiade de quienes la atacaron.

Tte. coronel (r) Emilio Guillermo Nani, veterano de guerra