ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE CONSUMIDORES APOYARON LA DEMANDA DEL OMBUDSMAN
Distintas organizaciones sociales y de derechos del consumidor marcharon hasta la Defensoría del Pueblo de la Nación para manifestar su apoyo e interiorizarse sobre los alcances de fallo judicial de primera instancia, originado por el Ombudsman nacional, que prohibió a las empresas de energía
eléctrica interrumpir el suministro a los usuarios que no paguen las facturas de luz con el aumento ordenado por el Ministerio de Planificación Federal a través de la Resolución 1169/08.
"Los usuarios de las empresas EDESUR S.A., EDENOR S.A., y EDELAP, exigimos la inmediata anulación del tarifazo aplicado a través de la Resolución 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación por su ilegalidad e irrazonabilidad y acompañamos la posición asumida por la Defensoría del Pueblo de la Nación en protección de los que menos tienen" detalla la presentación recibida por
el Defensor Adjunto, Juan Jesús Minguez.
Entre las organizaciones representadas figuran DEUCO, la Corriente Clasista y Combativa, Federación de Tierra y Vivienda Disidente, Autoconvocados del Campo, Organización de Trabajadores Radicales, distintas Asociaciones Vecinales y representantes de distintos partidos políticos.
El lunes, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, a cargo de la Dra. Alicia G. M. de Negre, hizo lugar a la medida cautelar que había pedido el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, "ordenándose a las empresas EDENOR S.A, EDESUR S.A y EDELAP, se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la forma pago de
las facturas emitidas en base a las resoluciones cuya impugnación el Defensor pretende".
Este miércoles el Ombudsman Nacional le recomendó a la Secretaría de Energía de la Nación que instruya a Entes Reguladores Provinciales y a las Empresas del Servicio Público de Distribución Eléctrica de todo el país para que se abstengan de efectuar cortes en el servicio público de distribución de electricidad motivado en la falta de pago de las facturas afectadas por la aplicación de la Resolución N 1169/08.
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