ENTRE DOS FUEGOS

Entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla
En Isabel Perón, intimidades de un gobierno (El Ateneo), Julio González , ex secretario privado de “Isabelita”, reconstruye el microclima del peronismo a principios de los años 70 y analiza la gestión de la ex presidenta. Aquí, un fragmento de la obra

Isabel conocía perfectamente que el gobierno no tenía poder militar. El equilibrio entre el gobierno constitucional y las Fuerzas Armadas desapareció por completo con los relevos sucesivos de los tenientes generales Anaya y Numa Laplane y del brigadier general Fautario. La lectura del libro de Lanusse nos ilustra sobre los objetivos de las elecciones del 11 de marzo de 1973: evitar que Perón muriese en el exilio bendiciendo a la guerrilla y dotar al país de un gobierno civil condicionado que impidiese el desgaste de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que continuaría ejerciendo, antes como ahora, el Poder Supremo de la Nación. Para sortear esta valla asfixiante de la acción de gobierno y que reducía a este a una misérrima función administrativa era menester una fuerza compensatoria. “El general y López Rega -me comentó la Presidenta- pensaron que esa fuerza tendría que ser la policía”. Aunque a militares y guerrilleros este remedio les asuste, no estaba exento de lógica. La proliferación de la guerrilla y la ausencia de poder militar para enfrentarla dejaba al gobierno a merced de los guerrilleros y daba motivo a las Fuerzas Armadas para acusar al gobierno de débil e indiferente frente al terrorismo y predicar su derrocamiento como solución. Por ende, una fuerza policial jerarquizada, cuantiosa y leal era el único medio del que disponía el gobierno para ejercer la autoridad y neutralizar de esa manera la rebelión militar y la subversión paramilitar. Para este fin, durante la gestión de Rocamora se creó la Secretaría de Seguridad Interior. La iniciativa provocó una estampida de resistencia y repudio tanto en las Fuerzas Armadas como en los grupos guerrilleros. Las primeras no podían aceptar un gobierno civil resguardado por un sistema policial que emergiese dentro de la estructura del Estado como un nuevo poder con características más ágiles en su movilización y más eficaz que las mismas Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. La práctica de la policía en los procedimientos contrastaba con la estática de los efectivos militares, navales y aeronáuticos, cuya movilización ha estado siempre referida a maniobras de ensayo para guerra convencional y clásica, a desfiles al son de acordes musicales y otros desfiles no tan musicales, como lo fueron los ininterrumpidos golpes de Estado que triunfantes o abortados se sucedieron desde 1930. A todo esto se sumaría un efecto que no pasaba inadvertido para los sectores clásicos de las Fuerzas Armadas: si la lucha antisubversiva era dirigida, realizada y ejecutada triunfalmente por las fuerzas policiales, los lauros por el restablecimiento del orden del Estado corresponderían a esta nueva fuerza y al gobierno civil del que dependía y con el cual además, por razones formativas o sociales, las fuerzas policiales tenían mayor mancomunidad que con las Fuerzas Armadas, las que, elitistas al fin, siempre consideraron deshonrosa toda vinculación con la policía.
La guerrilla, por su parte, tenía mucho más que perder con una investigación y la acción policial que con una represión militar. Esto último permitiría a los guerrilleros asumir el rol de beligerantes, es decir, ser considerados como un ejército en operaciones a la par del ejército regular de la Nación. Hasta podrían quizá lograr el reconocimiento de parte beligerante por algún organismo internacional, o bien declarar “zona liberada” una porción geográfica en que asentasen dominio y de esta manera internacionalizar su actuación con la asistencia de observadores de la Cruz Roja Internacional o de las Naciones Unidas. Pero tengo la convicción de que el terror letal de los subversivos a las actuaciones policiales residía en la posibilidad de una investigación profunda de sus verdaderos objetivos y móviles, de sus fuertes recursos y de su apoyo interno y extranjero.
Invariablemente los jefes de las Fuerzas Armadas sostuvieron que el fin último de la subversión era la conquista del poder del Estado. Muchos elementos hacen opinable este juicio. Sin duda que si el fin de la guerrilla hubiera sido la toma del poder, como erróneamente se repitió, los diversos grupos guerrilleros hubiesen difundido un programa revolucionario y un plan de acción de gobierno para adquirir consenso y adeptos en la opinión pública. Pero nada de eso había en sus procedimientos de devastación y muerte, los cuales perseguían evidentemente fines muy distintos: habían desatado una guerra de destrucción total, no de conquista del poder del Estado y del ejercicio del gobierno. Una guerra de la cual saldrían un área geográfica beneficiada y un área geográfica damnificada, como ocurre y ocurrió en todas las guerras cualesquiera sean los elementos ideológicos que forman parte de su armamento.
Las víctimas elegidas por la guerrilla fueron casi sin excepción personas vinculadas a la actividad industrial. Fueron empresarios industriales y no financistas usureros ni grandes productores agropecuarios; fueron dirigentes gremiales y trabajadores de la industria y no sindicalistas del puerto o del comercio. En cuanto a las Fuerzas Armadas, el asesinato y el secuestro aleve e ininterrumpido e implacable cobró casi todas sus víctimas en el Ejército Argentino, custodio y propulsor de la industria y del acero de Fabricaciones Militares. ¿Buscaba en realidad la subversión la toma del poder, o era -como lo señaló Isabel en su discurso- un ataque extranjero ejecutado inconscientemente por los argentinos nativos a quienes se manipuló ideológicamente “para voltear las chimeneas que levantó Perón”, es decir, para aniquilar a la Argentina industrial? Son muchas las presunciones y concordancias que nos llevan a afirmar esto último. La guerrilla operó en las ciudades industriales. Los cordobazos y los rosariazos no tuvieron lugar precisamente en medio del campo. En el testimonio memoria del teniente general Lanusse leemos con estupor que el Ejército hizo caso omiso a los requerimientos preventivos que el gobernador provincial hiciera para evitar el “Cordobazo”. Lanusse lo justifica llegando a decir que el país estaba “enfermo de orden”. Cuando las fuerzas militares recibieron orden de operar, el destrozo de la ciudad ya había sido consumado. Es más, antes de iniciar su cometido, la guarnición Córdoba del Ejército dio un comunicado anticipando a la población que habría de entrar en acción una hora después. Entonces, cuando el ejército llegó, los devastadores habían desaparecido. El saldo fue la impunidad frente a las ruinas. Entre las figuras protagónicas del Cordobazo, Lanusse menciona la actuación del entonces coronel Harguindeguy. Los argumentos que ensaya el autor para demostrar que el Cordobazo no fue consentido por el Ejército para coadyuvar al derrocamiento de Onganía son insuficientemente convincentes.
La fuerza policial propia del gobierno tuvo fatal destino. Una poderosa bomba truncó la vida del comisario general Villar, jefe de la Policía Federal antes de terminar 1974. También falleció su esposa. Días antes, Villar se había hecho presente fugazmente en una reunión de gabinete. No recuerdo sobre qué tema informó. Se mantuvo de pie durante su exposición y se retiró de inmediato.
-Tenga cuidado, señor -le dijo Isabel al despedirlo.
-Los que tienen que tener cuidado de mí son ellos, señora -le respondió el jefe de Policía.