viernes, 3 de junio de 2011

IMPUNIDAD


“BILL” DE IMPUNIDAD

Por el Dr. Jorge R. Enríquez

La renuncia de Sergio Schoklender, la semana pasada, a sus funciones en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, junto a las revelaciones de irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por parte de esa entidad, configuran una de las noticias relevantes de estos días, porque exhiben múltiples aristas.

Empiezo por una pregunta que en general no se hacen los que comentan estos hechos: ¿qué tienen que hacer las Madres de Plaza de Mayo construyendo casas?

La causa original de las Madres, que fue la desesperada búsqueda de sus hijos desaparecidos, permanece inalterada en su nobleza. La posterior actuación de algunas de estas madres, en especial de Hebe de Bonafini, asumiendo posiciones políticas de apoyo a regímenes totalitarios o celebrando ataques terroristas como el perpetrado contra las Torres Gemelas, no desmerece esa causa original, pero permite advertir que en esos casos no había un compromiso sincero con la idea de los derechos humanos. Por eso, calificar a la señora de Bonafini como dirigente de los derechos humanos es un grosero error.

Ahora bien, si esa institución está destinada -por lo menos en sus propósitos alegados - a la lucha por los derechos humanos, y está formada por señoras ya ancianas que hace tres décadas perdieron a sus hijos, ¿qué tiene que ver con una empresa constructora?

¿Por qué el Estado no construye por sí mismo las viviendas sociales? O, en todo caso, ¿por qué, si quiere tercerizar esa tarea, no llama a un concurso público?

La segunda cuestión es la completa falta de controles respecto de la asignación de los fondos públicos asignados. Según ha trascendido, los costos de la construcción de las casas de las Madres del programa Sueños Compartidos eran altísimos en relación a los costos de mercado, a los que superaban en más de un 100%.

Así, mientras el costo de cada unidad que entrega la Fundación Madres asciende a $ 161.000, idéntica vivienda construída en el marco de los 50 subprogramas del gobierno nacional tiene un costo promedio de $ 91.000.

A ello hay que agregar los severos incumplimientos de los plazos de entrega de las unidades radicadas todas ellas en Capital Federal, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Las irregularidades se acumulan: las sumas transferidas por el Ministro de Planificación, Julio de Vido, a ese programa ascienden a 300.000.000 de dólares, sin que jamás se haya verificado el grado de avance de las obras.

Las denuncias, que han saltado ahora a la luz se vinculan, asimismo, con presiones del gobierno nacional a funcionarios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para contrataran directamente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sin ningún tipo de licitación.

Por último, nos enteramos de que el Sr. Sergio Schoklender, quien había sido condenado a prisión perpetua, nada menos que por el homicidio de sus padres, ocurrido en 1981 en complicidad con su hermano Pablo y pasado 15 años en la cárcel, es una persona próspera, con un tren de vida que no tienen algunos de los principales empresarios de la Argentina.

Entre otros bienes que posee, es el propietario del 90 % del paquete de Meldorek S. A., una empresa dedicada a la venta e importación de electrodomésticos que, al igual que otras 46 sociedades anónimas, curiosamente constituyeron dos prósperas jubiladas de 80 y 70 años.

Aquella empresa fue comprada en 2010 por Schoklender, seguramente entusiasmado por los aviones de los cuales es propietaria, a los que hay que sumar un yate anclado en San Fernando y cuyo valor es de 420.000 dólares.

El objeto societario hasta esa instancia jamás había contemplado actividades relacionadas con la construcción. Sugestivamente, cuando el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo aparece como su propietario principal y director, comienza a fabricar viviendas para el programa Sueños Compartidos, el cual, sugestivamente, es dirigido por él mismo, todo ello con fondos del Estado Nacional, en el marco – repito - de una contratación directa, que no tiene ningún tipo de control el Estado.

¿Cómo construyó su fortuna este cuasi hijo adoptivo de Bonafini, que percibía 5000 $ por su trabajo en la Fundación Madres de Plaza de Mayo?

Según él, por otros negocios y por haber inventado un revolucionario sistema constructivo, lo que suena, por lo menos, extraño.

También trascendió una denuncia presentada hace un año ante la Unidad de información financiera (UIF) por la diputada Elsa Quiroz, por supuesto lavado de dinero de Schoklender, a raíz de la compra de un terreno en José C. Paz por un precio vil, y que no había sido objeto de ninguna investigación seria.

Luego de haber dormido el sueño de los justos en el mencionado organismo, su titular José Sbatella, acuciado por el estado público que había tomado el escándalo inmobiliario, se vio obligado a remitir las actuaciones al titular de la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, dr. Raúl Pleé, que, con la celeridad y profesionalidad que lo caracteriza, se abocó inmediatamente a la causa.

Todo este asunto revela una vez más la discrecionalidad absoluta y la falta de controles del Estado kirchnerista. Y también nos demuestra, una vez más, que en este "modelo" los amigos del poder se enriquecen rápidamente y tienen garantizada la protección y la impunidad. ¿Qué insultos no habría dejado de proferir la señora Bonafini si esta súbita riqueza hubiera sido obtenida por una persona ajena a su círculo aúlico o al del kirchnerismo? ¡Qué perlitas se perdió 6, 7 Y 8!

No hay comentarios: