PICOLOTTI : LA FINANCIADA

En estos días, la vapuleada Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti ha expresado: "Yo tengo el apoyo del Presidente y del jefe de gabinete [Alberto Fernández]. El día que eso cambie, me voy",

Según afirman observadores de Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, el matrimonio, al cual califican de "expertos burócratas internacionales" integrado por los abogados Jorge Daniel Taillant y Romina Picolotti han logrado estructurar una organización -con sede matriz en Córdoba- de intenso batallar en los mercados marketineros y lucrativos de la actual sociedad globalizada.

Fuertemente financiados por entes para-gubernamentale s y ONGs. Del exterior. La defensa sobreactuada de los Derechos Humanos y el Ambientalismo ha pasado a constituír -en varios casos- un fenómeno fronterizo con la asociación ilícita por sus métodos de acción coactiva.

Llama la atención el histrionismo fundamentalista que exhiben estimulados por las generosas financiaciones que provienen de las ¿despistadas? y asombrosamente dadivosas fundaciones de los Estados Unidos, Inglaterra y otros países de sólida solvencia.

Observando la página web de la ONG CEDHA fundada en 1999 por la abogada Picolotti ( http://www.cedha. org.ar/es/ financiamiento ) se puede apreciar la nutrida lista de entidades transnacionales que sostienen a este hábil grupo que supo congraciarse en sus andanzas y merodeos por los organismos complacientes del mundillo internacional: Ford Foundation, Embajada Británica en Buenos Aires, Fundación Richard y Rhoda Goldman, Bank Information Center, Global Green Grants Fund, Hobson Family Fund, Inter-American Association for Environmental Defense, International Institute for Sustainable Development, World Conservation Union (IUCN).

Se afirma en fuentes políticas de la provincia de Córdoba que el grupo capitaneado por Taillant-Picolotti utiliza un método de copamiento de aquellas estructuras sociales que logran propagar con cierto éxito algún conflicto ambiental o conexo con lo ambiental, político y social.

Desde allí, con su experiencia en los ámbitos internacionales, alcanzan posiciones relevantes de "asesoramiento" de esos conjuntos humanos díscolos y proclives a la anarquía.

En recientes publicaciones de diarios mendocinos se ha anunciado la reunión entre determinados legisladores de la legislatura de Mendoza y el Coordinador de la Unidad de Gestión de la Actividad Minera de la Secretaría de Medio Ambiente de la nación, un personaje colombiano -Juan Carlos Ordóñez- que responde al dirigente trotskista Néstor Pitrola de fuerte ascendiente ante la abogada Picolotti.

Continuaron afirmando los periódicos mendocinos que en esa reunión el funcionario Ordóñez y el Senador "hiper-ecologista" Difonso acordaron manipular la sanción de una ley provincial obstruccionista y constituir una comisión interprovincial a la cual el Congreso Nacional le otorgaría la función de obligar a las provincias a efectuar estudios de impactos ambientales previos a cualquier otorgamiento de permisos o concesiones por parte de las respectivas provincias mineras.

Vale decir, promover regulaciones para embestir contra el desarrollo de la minería mediante pretextos y falacias disfrazadas de ecologistas.
Armar desde el Congreso Nacional "comisiones interprovinciales tramposas" -así las denominan los sectores agredidos- las cuales absorberían otras facultades arrebatadas a las provincias, violando elementales textos constitucionales.

Notorios juristas afirman que un proyecto de esta naturaleza justifica sanciones o medidas disciplinarias por la tremenda maniobra que se encubre para taponar todo proceso de inversión en la exploración de yacimientos.

Significa -insisten- nada más y nada menos que crear una "comisión supraprovincial" que asumiría las potestades indelegables que la Constitución Nacional les asigna a las provincias argentinas, entidades fundadoras de la Nación.
Grupo Mapuen