AFJP: KONSECUENCIAS

La Nueva Provincia - 17-Ene-09 - Opinión
http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/17/01/2009/91h091.html

OTRAS VOCES
Disolución de las AFJP: Primeras consecuencias

por Horacio López Santiso

"No es bueno llorar sobre la leche derramada", se ha dicho siempre, con sabiduría. Pero tampoco es bueno para un país disimular las consecuencias prácticas de las decisiones políticas que comprometen su desenvolvimiento actual y futuro. Máxime, cuando esas decisiones (por su complejidad y múltiples implicancias) hubiesen requerido un amplio debate que permitiera evaluar con la necesaria serenidad los riesgos que el país, no sus gobernantes ocasionales, estaba asumiendo.

El caso de las AFJP es un ejemplo típico.

Hace poco más de una década y luego de prolongados debates académicos, políticos y, finalmente, parlamentarios, se llegó a plasmar, en 1993, por ley de la Nación, un régimen previsional mixto, de capitalización y de reparto.

La flamante reforma abrió una enorme esperanza frente a un modelo estatal cuya inoperancia, deterioro y vaciamiento financiero, por parte de diferentes gobiernos, habían conducido a un virtual colapso del servicio y a una degradación inaceptable del monto de los haberes jubilatorios de los argentinos. Significó, también, la posibilidad de que la gente pudiera acceder a los seguros de retiro (que, hasta ese momento, se contrataban, fundamentalmente, en el exterior) y, con ello, se iniciase una cultura del ahorro que posibilitase asegurar para todos la opción de una vejez sin angustias económicas.

Es cierto que la nueva modalidad mereció críticas, algunas de tipo ideológico, ciertamente, y, otras, en cambio, de índole práctica, pero ninguna que no pudiese solucionarse a medida que el sistema se fuese perfeccionando, mediante normas reglamentarias y aun legales, como la ley 26.222, que se dictó en 2007, con el voto unánime del Senado de la Nación, cuya composición es, curiosamente, la misma que, hace algunos días, no vaciló un instante en derogar el sistema.

La mencionada norma 26.222 (que mereció el entusiasta apoyo del entonces director ejecutivo de la Anses y hoy jefe de gabinete, Sergio Massa) facilitaba la libre opción de los afiliados a las AFJP para pasar, si lo deseaban, al sistema de reparto. Según datos oficiales y a pesar de una profusa propaganda del gobierno para alentar el traspaso, tan sólo un mínimo porcentaje de los afiliados a las AFJP optó por pasar al sistema estatal. Voluntad clara y definida de los futuros jubilados, que tan sólo unos meses después fue brutalmente desconocida por el propio gobierno, al sancionar la ley que eliminó las AFJP.

Varias son las consecuencias mediatas e inmediatas de este hecho.

En primer lugar, el despido de más de diez mil empleados del sistema, que constituían, en su gran mayoría, recursos humanos calificados, que ahora deben esperar, cual tabla de salvación, la posibilidad de ser incorporados al Estado o salir a buscar trabajo, en una época de crisis.

En segundo término, la esencia del problema es que los fondos de los afiliados a las AFJP han sido incautados (lisa y llanamente) por el Estado y entregados a la Anses, que, a su vez, determinará el destino final de esa masa de dinero más el del flujo mensual que se incorpore por parte de los contribuyentes.

Ya se ha podido advertir que esos aportes están siendo dispuestos para financiar diversos proyectos, por fuera del presupuesto nacional. Y hasta, curiosamente, para operar en la Bolsa de Comercio. Esto último no deja de llamar la atención, atento la insólita acusación de "timberos" que lanzó la presidenta de la Nación contra los operadores bursátiles que gestionaban fondos de las AFJP, cuando ahora es la propia Anses la que participa impertérrita de la "timba", con los fondos incautados a los particulares.

Tal vez por esa circunstancia, el gobierno ha querido disimular la confiscación de los fondos y, para ello, ha acuñado la frase "cambio de administración", que es la que la presidenta usó fuera del país, cuando tuvo que explicar ante sus absortos pares de otras naciones cuál había sido la naturaleza jurídica de la modificación operada en el sistema jubilatorio argentino.

Claro que los eufemismos semánticos no sirven como explicación suficiente para los propios afectados. Por eso, tal como se había anticipado, una verdadera avalancha de juicios se está interponiendo, en distintas jurisdicciones, para proteger, en el inicio cautelarmente, los fondos aportados por cada afiliado a las AFJP.

Tampoco sirven los citados eufemismos para engañar a la comunidad internacional, en la cual, los eventuales inversores observan minuciosamente el comportamiento de las instituciones políticas de nuestro país que, sin llegar a calificarlo directamente de errático, al menos muestra un preocupante y progresivo deterioro de la seguridad jurídica. El mismo Congreso que estableció la opción, en 2007, la elimina un año después. ¿Qué seguridad puede brindar una ley en la Argentina, cuando está sujeta a los repentinos cambios de humor de un poder político bicéfalo que domina a voluntad, recurriendo a presiones de toda índole, el Congreso?

Pero, dejando de lado a los inversores, para los propios argentinos, ¿puede haber alguna confianza en la seriedad y permanencia de la ley? ¿Cómo queda la cultura del ahorro y la responsabilidad previsional de aquellos millones de argentinos que quisieron asegurar su porvenir?

Por último, las recientes licitaciones de parte de los fondos apropiados que ha realizado la Anses para entregar su manejo al sistema financiero, han mostrado que el 66% ha sido adjudicado a bancos oficiales, en claro detrimento de la banca privada. Además de las consecuencias directas que esta medida ha de tener para los bancos privados y sus clientes, en lo referente al costo del dinero, todo habla de una creciente estatización de la economía, con su secuela de ineficiencia y altos niveles de corrupción.

Pese a lo significativo de lo consignado, podría decirse que las graves consecuencias de la incautación de los fondos de los afiliados a las AFJP, recién se están comenzando a ver.

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Horacio López Santiso es doctor en ciencias económicas y ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.