APRETADORES

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

Una causa judicial al servicio del apriete político

Por Guillermo Cherashny

Durante los últimos ocho años de gobierno, el kirchnerismo ha impuesto y tolerado “la cultura de apriete”. Este sistema de coacción fue montado desde el gobierno y dirigido sobre la oposición política, el empresariado y la prensa. Pero con el tiempo se fueron sumando al apriete los movimientos sociales y el sindicalismo moyanista. Esta cultura se consolidó al punto de convertirse en una forma de gobernar. Pero hay un paso todavía más grave y es la utilización de la justicia como instrumento para apretar a opositores. La causa de la mafia de los medicamentos tiene antecedentes que se remontan a cinco años atrás. El entonces Ministro de Salud, Ginés González García, gestionó en aquel momento el cierre de algunas droguerías truchas que vendían remedios robados y retroquelados. La trama consistía en que los grandes laboratorios se autorobaban medicamentos para tratamientos especiales contra el cáncer, el HIV y otras enfermedades. El procedimiento era el siguiente: los piratas del asfalto robaban los camiones que transportaban las drogas y se las entregaban nuevamente a la droguería, que tenía una línea de montaje clandestina para colocar troqueles falsos. Estéticamente, el medicamento lucía como con un troquel verdadero, ya que el mismo es la cedula de identidad del producto. Los grandes laboratorios no sufrían perjuicio alguno, porque quedaban compensados por el seguro por robo. Así, este círculo perfecto con un alto margen de ganancia se complementaba con el envío por las obras sociales a la APE (Administración de Programas Especiales) de listados de pacientes falsos. La APE aprobaba luego los reintegros correspondientes a estos falsos pacientes. Desde el 2005, la conducción de la APE fue ocupada sucesivamente por tres hombres de Hugo Moyano. A saber, Juan Rinaldi, Hugo Sola y Daniel Colombo Russel. Esta mecánica delictiva funcionó desde el poder durante la presidencia de Néstor Kirchner y continuó en la actual gestión de CFK.

Llega la sangre

El triple crimen de General Rodríguez primero y el asesinato de dos colombianos en el Unicenter después le agregan a esta causa el calificativo de “mafia”. Tendencia que se consolida con el descubrimiento en Escobar de un laboratorio para la fabricación de éxtasis.

Da la casualidad que las droguerías de los asesinados en General Rodríguez además importaban efedrina desde la India sin ningún control real. Esta droga es la materia prima esencial para fabricar el éxtasis que se exportaba a México y se consumía también en la noche en nuestro país.

Los desvíos del juez

Los tres asesinados y otros más eran titulares de droguerías chicas que aparecen en los registros aportando importantes sumas de dinero a la campaña presidencial de CFK.

Oyarbide decidió entonces seguir esta línea principal apuntando sobre Héctor Capaccioli, mano derecha de Alberto Fernández en esa campaña electoral y en otros temas políticos. Sin embargo, las influencias políticas se hicieron sentir y Oyarbide empezó a concentrarse en la relación entre droguerías que retroquelaban medicamentos robados y su relación con los gremios y el cobro de reintegros a la APE. De ahí surge la detención del Secretario General de la Asociación Bancaria, Juan Zanola, y recién la semana pasada, después de más de dos años de iniciada la causa, Oyarbide dicta el procesamiento de Capaccioli por asociación ilícita, lavado de dinero y otras figuras más. Pero -y éste es el dato relevante- lo hace sin decretar la prisión preventiva. El motivo de tanta benevolencia sería que Capaccioli habría avisado a la Casa Rosada que, si quedaba preso, iba a hablar y comprometer al gobierno.

En este punto es cuando el juez recibe el pedido -orden del flamante Secretario de Justicia, Julián Álvarez, promocionado por la Cámpora- para que cambie el ángulo de la investigación y vuelva a apuntar contra el cobro de reintegros a la APE. El objetivo de este requerimiento era poder imputar a un conocido opositor como es el “Momo” Venegas. Mediática y políticamente, la causa sería menos dañina para el gobierno si el duhaldismo también queda salpicado. La cultura del apriete volvió a imponerse, como un anticipo de lo que puede ocurrir en la próxima campaña electoral. De más está decir que la excarcelación de Venegas -obligada por las movilizaciones callejeras- no obsta a que continúe la investigación sobre sus responsabilidades. Pero el paso en falso dado con la detención injustificada tiene sus costos y se sabe que hay discusiones en el seno de los talibanes del cristinismo.