miércoles, 16 de febrero de 2011
BOOMERANG
MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS: UNA CAUSA QUE SE CONVIERTE EN BOOMERANG
La Cámara Federal abrió el camino para el juicio político a Oyarbide
Por Guillermo Cherashny
Buena parte de la opinión pública rechazó la movilización callejera y los cortes de ruta realizados por el sindicato de Gerónimo Venegas (UATRE) reclamando la libertad de éste luego de que Norberto Oyarbide ordenara su detención. En una primera lectura, estas movilizaciones, más las presiones de Eduardo Duhalde y Luis Barrionuevo, habrían amedrentado al juez para que dispusiera la excarcelación de Venegas, lo que sería un resultado lamentable para la salud del sistema institucional. Pero la realidad en este caso es más compleja: al adelantar la indagatoria de Venegas, Oyarbide empezó a poner en evidencia que contaba con pruebas endebles. Esto se confirmó inmediatamente cuando el fiscal Luis Comparatore, que conoce perfectamente la causa denominada “mafia de los medicamentos”, requirió de inmediato la excarcelación con caución antes de que el juez terminara de tomar la declaración indagatoria. Esto puso de manifiesto la arbitrariedad cometida con la detención, ya que Comparatore cuenta con un sólido prestigio profesional.
Un juez acorralado
El que va dejando su prestigio por el camino es Oyarbide. Este deterioro de su imagen empezó el año pasado, cuando dictó sin fundamento el sobreseimiento al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Y recientemente profundizó su descrédito manteniendo en libertad a Ricardo Jaime y Héctor Capaccioli. Es que en la Casa Rosada recibieron la advertencia de esos ex funcionarios en el sentido de que, si les dictaban la prisión preventiva, empezarían a contar públicamente ciertas cuestiones que golpearían seriamente a los Kirchner.
En el día de ayer se sinceró el desprestigio de Oyarbide, porque la Sala II de la Cámara Federal, integrada Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, calificó la investigación del juez como desordenada e improvisada. También sostuvo que las pesquisas no sirven para una conclusión del sumario, que Oyarbide formó legajos anexos sin sentido y que debe realizar más investigaciones antes de determinar responsabilidades y procesamientos en la causa. En la misma resolución, los camaristas ordenaron el desprocesamiento y la liberación de dos empresarios de segundo nivel a los que el juez les había negado la excarcelación. Además, le ordenaron que los legajos anexos vayan a sorteo para que se ocupen de los mismos otros jueces federales. En conclusión, la resolución de la Cámara Federal es un golpe demoledor para el juez, que se puede convertir en la plataforma para pedirle el juicio político.
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