LA LEY DEL YO NO FUÍ

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
Denodados esfuerzos del Gobierno por despegarse de Capaccioli

Ante el avance de la Justicia y las pruebas de que en la campaña presidencial de Cristina Fernández se habría lavado dinero ligado con la mafia de los medicamentos, el Gobierno intenta despegarse de Héctor Capaccioli, procesado en las últimas 48 horas por malversación de fondos, lavado de dinero, asociación ilícita y negocios incompatibles con su cargo en la Superintendencia de Servicios de la Salud.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Gobierno volvió a intentar despegarse de Héctor Capaccioli, el recaudador de la campaña que llevó a Cristina Fernández a la presidencia, quien fue procesado en los últimos dos días por malversación de fondos, lavado de dinero, asociación ilícita y negocios incompatibles con su cargo en la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

"La campaña [de 2007] tenía un jefe de campaña que se llama Alberto Fernandez y Capaccioli, en todo caso, es un hombre de su confianza, o su mano derecha, como se lo quiera llamar", argumentó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en declaraciones a FM Milenium.

Por otra parte, Fernández rechazó el vínculo entre los delitos que se le imputan a Capaccioli y el presunto lavado de dinero durante la campaña proselitista que Cristina.

"En este caso no se está hablando específicamente de la campaña. Por un lado, hay una eventual malversación de fondos públicos y, por otro, se está analizando la forma de manejar el dinero de las obras sociales. No está planteando el tema de la campaña", consideró.

El pasado martes, el juez federal Norberto Oyarbide había ordenado el procesamiento de Capaccioli por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en el marco de una investigación por asignación de fondos a obras sociales.

Al día siguiente, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Capaccioli en el marco de la investigación por el tráfico de medicamentos adulterados. Además, ordenó trabar embargo sobre sus bienes por la suma de diez millones de pesos. Fue procesado por "asociación ilícita, en carácter de miembro", "defraudación a la administración pública" , "abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública" y "encubrimiento y lavado de activos".

Oyarbide también dispuso los procesamientos sin prisión preventiva de Hernán Diez (por encubrimiento y lavado de activos) y de Sebastián Gramajo (por asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento), y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 620.000 y 700.000 pesos, respectivamente. El primero, responsable político y el segundo, responsable económico-financierode la campaña 2007 del Frente para la Victoria.

Además, el magistrado resolvió ampliar el procesamiento de Gabriel Brito por encubrimiento, y dispuso trabar embargo sobre sus bienes por 620.000 pesos. Se trata de un empresario farmacéutico que figura con $310.000 entre los aportantes a la campaña electoral 2007 de Cristina Fernández.

Brito sostuvo que el partido usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier y preso como jefe de una presunta asociación ilícita que traficaba remedios), para justificar el ingreso de fondos a la campaña. Después, según Brito, Lorenzo lo llevó a las oficinas de Capaccioli, donde también estaba Gramajo, y allí lo forzaron a firmar, ante una escribana, que el aporte había sido voluntario.

El 27 de enero pasado, el empresario dijo a la prensa: "firmé (los cheques) porque me amenazaron" (ver nota relacionada).

Oyarbide sostuvo que, según las pruebas reunidas en el expediente, en la campaña se lavó dinero ligado con la mafia de los medicamentos. El origen de los fondos que solventaron la campaña de Cristina Fernández está bajo sospecha desde hace años. De acuerdo con la rendición de cuentas que firmaron Diez y Gramajo, los más de $10 millones que declaró en 2007 el FPV como aportes de personas jurídicas, el 36,5% lo donaron firmas del área de la salud, en su mayoría, laboratorios, droguerías y compañías de prótesis e insumos hospitalarios.

La jueza María Servini de Cubría tiene pendiente resolver si aprobará las cuentas del kirchnerismo. Paralizó el expediente a la espera de que se resuelvan las causas penales vinculadas con el financiamiento, fundamentalmente, la de Oyarbide.

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta causa, celebró ayer el fallo de Oyarbide. "Avanzó sobre los responsables políticos y puso en evidencia una matriz de corrupción histórica en el sistema de salud", afirmó, según publicó La Nación.

Con este fallo, Oyarbide siguió la línea que le había marcado la Cámara Federal, que el año pasado le indicó que profundizara la investigación sobre los responsables políticos detrás de la mafia de los medicamentos.