DERECHOS HUMANOS

EL NEGOCIO DE LOS ABOGADOS DE LOS DERECHOS HUMANOS

¿Por qué se demoran los juicios de lesa humanidad?


Ésta es una pregunta que a diario se formula la prensa, que resulta de interés de muchas personas y directamente de las víctimas y parientes de los hechos en juzgamiento.

Distintas respuestas se ha dado por los protagonistas, con la particularidad, que a todos los que han emitido su opinión han echado la culpa a los demás, muchas veces agitando banderas extrañas a la necesidad de que se promuevan procesos imparciales y justos. Muchos, además con claros intereses en la prolongación de estos procesos- deliberadamente acusan, mienten y atribuyen a los demás en el afán de disfrazar sus verdaderos objetivos.

Una de las explicaciones recientemente esbozada por el Fiscal para este tipo de delito, Dr. Omar Palermo en el Diario “Los Andes” del 24 de marzo último, es que la culpa la tiene el Estado, explicación insólita si se tiene en cuenta que el Estado es una persona de existencia ideal y que sus actos los despliegan los funcionarios que lo integran, entre ellos, el propio fiscal, que en esta materia e instancia, es en Mendoza, y toda la jurisdicción de la Cámara, tanto San Luis como San Juan, el máximo representante del Estado.

Para los abogados de los DDHH, no se trata de un proceso, sino un trámite que debe terminar en una segura, rápida y severa condena. Cualquier tipo de defensa o excepción interpuesta y su eventual admisión es descalificada por ser seguramente producto de sentimientos genocidas o de otros tan vituperables que profieren con irresponsabilidad y mentiras.

Otra opinión es la del periodista Horacio Verbitsky, (a) Capitán Salazar, que además de no conocer los expedientes radicados en Mendoza, exhibe una falta total de imparcialidad por su pasado, ya que Martín Gras (alias "Chacho"), señala que Verbitsky "desde el comienzo de su militancia se desempeñó en la inteligencia del Ejército Montonero, columna a la que ayudó a organizar…”, y defiende a uno de los jueces responsables de las demoras, amigo e informante mendocino. Sostiene este periodista que los atrasos se deben a que en la Cámara Federal existen magistrados de la dictadura -el Dr. Luis Miret y el Dr. Otilio Romano- los que influyen para trabar los avances de los procesos.

Estos jueces se excusaron hace aproximadamente 4 años, desde el inicio, para intervenir en este tipo de procesos.

Sin embargo, las verdaderas causas de los atrasos son más claras y tangibles que aquellas explicaciones. Tres jueces de los Tribunales Orales tienen causas objetivas de inhabilidad para entender en dichos procesos por haber sido parte de las mismas. El Dr. Roberto Nacif fue integrante de la acusación (Ministerio Público Fiscal), el Dr. Héctor Fabián Cortez defensor de las víctimas y el Dr. Antonio González Macías, juez instructor. La Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica e incluso el sentido común indica que cualquier sistema procesal debe asegurar la garantía de imparcialidad como fundamento esencial para que se imparta justicia.

La obstinación en mantenerse en los cargos, lo que además de causal clara de juicio político y la separación -por ahora- sólo del Dr. González Macías por la Cámara de Casación provocó un atraso de más de un año. Incluso se jugó con los sentimientos de las víctimas fijando una fecha de iniciación de los procesos, el 11 de marzo pasado, que más parecía una medida demagógica que un acto procesal serio, porque cualquiera deducía de antemano que ello no iba a ocurrir. Verbitsky pronto encontró culpable al Tribunal Nacional de Casación.

Antes, en una primera etapa, cuando los procesos tramitaban ante la Cámara Federal, fueron los propios abogados de los DDHH, naturalmente llamados a impulsar el avance de las causas, y el propio Fiscal Especial, Dr. Omar Palermo, quienes con recusaciones y nulidades, también rechazadas por el Tribunal Superior por improcedentes, causaron una demora de más de un año.

¿Cuál es la explicación a las demoras? El ex fiscal Julio Strassera con su gran autoridad en el tema, dice que es para prolongar intencionalmente el uso indebido de una bandera política. Lo comparto y le agrego a ello, la significación económica que tiene para todos los beneficiarios -a costa de las víctimas- sigan cobrando jugosos honorarios. Basta analizar el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que dirige Eduardo Luis Duhalde, conocido con “Teniente Demian”.

Invito al Colegio de Abogados de Mendoza, de San Juan y San Luis, al Consejo de la Magistratura de la Nación, a que colaboren, examinando las razones que expongo con los expedientes en trámite para que determinen las reales causas de los atrasos, que constituye una preocupación común y un engaño público que debe en el interés general, ser esclarecido.

Eduardo San Emeterio

Abogado