LA HISTORIA OFICIAL

La historia oficial

Por Jorge Raventos

Juzgar a los actores políticos por lo que ellos predican sobre sí mismos o sobre sus acciones es una segura fuente de errores. Principalmente, cuando esos actores se sienten oficiales de una guerra. Ya se sabe que, en las guerras, la primera víctima es la verdad.

Por ejemplo: tan pronto se conoció el dictamen de la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto entre Argentina y Uruguay en torno al emplazamiento de una planta papelera en la margen oriental del río Uruguay, la señora Cristina de Kirchner dictaminó: "El fallo demuestra que teníamos razón".


Quien quisiera guiarse por ese resumen presidencial podría inferir que el Tribunal, admitió (como planteaba el Gobierno argentino) que el emprendimiento contaminaba notablemente el río y que, en consecuencia, le habría ordenado a Uruguay y a la empresa de marras cambiar de ubicación la fábrica de pasta celulósica. Pues no: la planta no fue conminada a mudarse, seguramente porque la Corte tampoco dio por probado que exista polución.

Pero, ¿no afirmó la Presidente que "teníamos razón"? En todo caso, para justificar la frase ella sólo podría tomarse de un detalle, una suerte de premio consuelo: los jueces de La Haya reconocieron la imputación argentina al Estado uruguayo de haber autorizado el emplazamiento de la pastera sin cumplir con los requisitos previstos en el Tratado binacional sobre el Río Uruguay.


En cualquier caso, esa concesión no tiene ningún efecto apreciable sobre la situación. A la señora de Kirchner le resultará estimulante sentirse ganadora, pero esa victoria, en todo caso, no es la que el Gobierno alentó a esperar cuando, después de convertir el conflicto en "causa nacional" y montarse sobre las expectativas de la población de Gualeguaychú, impulsó, sin prudencia y con objetivos estrechamente domésticos, una variante intransigente de nacionalismo ambientalista, para después tomar por la diagonal judicializadora de La Haya como vía de escape o entretenimiento.


Ahora, con el expediente cerrado, se observa que el presunto triunfo reside en que las cosas no cambiaron mucho en cinco años: Botnia sigue en su lugar (ahora, en funcionamiento) y los vecinos de Gualeguaychú siguen decepcionados (y, también, desgastados).


El Gobierno jamás confesará que ha sufrido un nuevo revés. Tiene una incapacidad notoria para admitir equivocaciones y derrotas; insiste tercamente, por ejemplo, en la farsa del INDEC, que no ha hecho más que extender el descrédito sobre todas sus afirmaciones: la veracidad oficial se mide con el metro de sus estadísticas.



Se resiste a conceder que el 28 de junio de 2009 perdió las elecciones y a aceptar que ha cambiado la relación de fuerzas en el Congreso y, también, en otros planos de la realidad: en cambio, combina esa actitud negadora con una estrategia que fantasea con contraofensivas victoriosas.


El resultado es que los Kirchner se vuelven más débiles y más agresivos, y esa agresividad no se expresa sólo en contra de aquellos a los que definen como enemigos, sino sobre aquéllos de su propia tropa de cuya lealtad o disciplina sospechan o en los que imaginan (a veces acertadamente) una resistencia creciente a su conducción.


Las presiones sobre la Justicia crecen en audacia, la hostilidad contra medios de prensa y periodistas se extiende sin contención. Espoleados por el clima de intolerancia, cunde la acción de escrachadores y violentos de distinto pelaje, espontáneos o profesionales.


Ataques contra el Vicepresidente Julio Cobos, intrigas rocambalescas para castigar al Diputado Claudio Lozano, provocaciones contra una célebre disidente cubana en la Feria del Libro y piquetes contra el ex Presidente Eduardo Duhalde, en Rosario. La atmósfera se va cargando peligrosamente.


Sin embargo, la presión sólo parece tener efecto sobre algunos análisis que encuentran en el oficialismo un vigor que en la realidad ha perdido, porque lo cierto es que, pese a esas acometidas, el Gobierno va perdiendo pie. Le cuesta proteger a sus apóstoles: esta semana fue procesado un ícono del oficialismo, como Ricardo Jaime, colaborador íntimo de Néstor Kirchner desde los días de Santa Cruz.


También esta semana, un Fiscal -Gerardo Pollicita- interrogó al Embajador Eduardo Sadous, un distinguido diplomático de carrera, sobre sus días como Embajador en Venezuela. Ante las preguntas del Fiscal, Sadous evocó quejas de empresarios argentinos a los que se les habría reclamado dinero para poder hacer negocios con la patria de Chávez. Obvio: saltaron los nombres de Claudio Uberti y Julio De Vido, a quienes se les ha adjudicado el manejo paralelo y opaco de las relaciones con Caracas.


Obvio: Elisa Carrió subrayó que en los negocios raros de los que se habla, "el dinero de las coimas que pagaban las empresas para vender a Venezuela iba directamente a Néstor Kirchner". Vale recordar que el Fiscal Pollicita ya imputó en diciembre de 2008 al ex Presidente (Néstor Kirchner), al Ministro de Planificación (Julio De Vido), al ex Secretario de Transporte (Ricardo Jaime), al ex titular de OCCOVI (Claudio Uberti), al Secretario Legal y Técnico de la Presidencia (Carlos Alberto Zannini), y a los empresarios Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor en virtud de una denuncia de Carrió.


Otro caso: en la última semana, en la Cámara de Diputados se trató un proyecto para limitar el alcance y los requisitos de vigencia de los decretos de necesidad y urgencia; el oficialismo fue derrotado con gran amplitud (142 a 98). Votaron por ese proyecto, junto al abigarrado arco opositor, contra el oficialismo, muchos de sus aliados habituales de centroizquierda, y varios legisladores del propio Frente para la Victoria desertaron con distintas excusas o justificaciones.


El Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, fue conminado desde Olivos a que no recibiera del Senado el proyecto de coparticipación del impuesto al cheque, al que la Cámara Alta ya le dio media sanción una semana antes. Los Kirchner, usando el teléfono y también el altavoz parlamentario del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, pretendían que Fellner le cerrara a ese proyecto las puertas de Diputados.


El jujeño sabe que, en algunas cosas, depende mucho del matrimonio presidencial (por ejemplo: en su ambición de ser candidato a Gobernador de su provincia en 2011 y en que esa candidatura no sea bombardeada desde Buenos Aires con la ayuda, en Jujuy, de la jefa piquetera Milagros Sala), pero sabe también que su cargo como jefe de la Cámara Baja no depende del oficialismo, que ha pasado a ser minoría, sino del arco opositor.


Es justamente la oposición la que indirectamente lo ayuda a tener algún grado de independencia en relación con los Kirchner. Por ese motivo, Fellner pagó algún costo personal para cumplir protocolarmente con Olivos y hacer el gesto de devolverle a Julio Cobos el proyecto sobre ley del cheque (por considerar que su sanción era "inválida") pero adelantó que en definitiva "esta Presidencia remitirá el tema al pleno de esta Honorable Cámara, a efectos que se resuelva al trámite definitivo que se otorgará a la cuestión".


Fellner no ignora, obviamente, que "el pleno de esta Honorable Cámara" tiene mayoría del arco opositor y que es precisamente esa remisión la que el matrimonio presidencial lo apremiaba a evitar.


Los balanceos de Fellner ilustran con elocuencia los movimientos que hoy se verifican en el seno de las fuerzas más representativas del oficialismo de raíz justicialista: allí contemplan con preocupación que la porfiada negación de la realidad del matrimonio los arrastra a la derrota electoral en sus territorios y probablemente a un dilatado período de aislamiento político.



Por eso, la desobediencia se extiende como una epidemia sigilosa en el hinterland kirchnerista. Algunos observadores destacaron el hecho de que un grupo de gobernadores peronistas publicaran esta semana una solicitada criticando al Senado por haber dado media sanción a la coparticipación del impuesto al cheque.



Es ciertamente irónico que esos jefes territoriales repudien un derecho que les asiste. Pero es más destacable como noticia el hecho de que, si esos gobernadores han optado por la solicitada, es porque la mayoría de ellos no ejercen la conducción de los representantes legislativos de sus provincias. Y sólo les queda la queja.



Más significativo aún es que el Gobierno sólo haya conseguido catorce gobernadores para que firmaran ese solícito mensaje. ¡Cómo bajó su convocatoria! Es revelador que otros diez gobernadores hayan gambeteado el apriete y optaran por no firmar.


Entre los que decidieron no sumarse a los 14 están los gobernadores peronistas de Córdoba, Chubut, San Luis y La Pampa, hay tres gobernadores a los que el Gobierno suele tratar como aliados (los de Neuquén, Corrientes y Tierra del Fuego), y se cuentan, además, el socialista Hermes Binner, de Santa Fé, Mauricio Macri, de Capital, y el radical Eduardo Brizuela del Moral, de Catamarca.

Breve listado de verdades oficiales: triunfamos en La Haya; en la Argentina no hay inflación; hay menos pobres; el Gobierno ganó el 28 de junio; repudiamos los affiches contra la prensa; el fútbol oficial no le costará un peso al Estado; la inseguridad es una sensación; el Gobierno está más fuerte que nunca.