viernes, 28 de enero de 2011

INSEGURIDAD KIRCHNERISTA



La seguridad se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles del gobierno nacional, lo que lo ha llevado a cambiar en reiteradas ocasiones forma sistemática de política para intentar paliar el aumento de la delincuencia. Las contradicciones políticas al interior del kirchnerismo que llevan a que el principal flagelo para la sociedad argentina esté a años luz de poder resolverse en forma rápida y efectiva

La inseguridad no para de crecer y la dirigencia política nacional, sacando honrosas excepciones, parece mirar para otro lado. La sociedad mientras tanto, espera que la clase política se ponga los pantalones largos y haga valer su poder de decisión para acabar de una vez por todas con un flagelo que no para de crecer.



Del 2003 a la fecha, con un discurso progresista a favor de los Derechos Humanos y contrario al uso de la fuerza pública en los conflictos sociales, el kirchnerismo ha id o ganando a distintos sectores populares que comparten esta visión de la realidad, aunque en realidad si se las comienza a analizar un poco más detenidamente, se pueden ver las fuertes contradicciones que hay al interior del proyecto kirchnerista en cuanto a la política de seguridad.



Estas actuaciones dubitativas y cambiantes en la política contra la delincuencia en nuestro país, ha llevado a que los hechos delictivos crezcan en forma desmesurada en los últimos siete años, convirtiéndose en el problemas más urgente y real para los ciudadanos de a pié, que de acuerdo a todos los sondeos de opinión, lo consideran el principal problema del país.



Del dicho al hecho…



Los defensores del oficialismo suelen señalar como uno de los motivos centrales de esa defensa a rajatabla del modelo iniciado en mayo del 2003, la política de Derechos Humanos asumida por Néstor Kirchner y continuada por Cristina Fernández, lo que le ha llevado a ganar innumerable cantidad de adeptos de los círculos más progresistas de la Argentina.



Muchos de ellos olvidan que ante el primer hecho que sacudió a la administración kirchnerista, como lo fue el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de 2004. Este caso causó honda indignación en una población cansada de la inseguridad, lo que hizo que la Plaza de los Dos Congresos fuera el escenario de las marchas más multitudinarias desde el regreso de la democracia exigiendo mayor seguridad para los argentinos.

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Si bien desde las tribunas, los atriles y los medios, el kirchnerismo seguía manteniendo un discurso progresista en materia de seguridad, la realidad marcó que cedió ante todos los pedidos de muchos de sus aliados políticos que pedían una mayor “mano dura” contra los delincuentes, dejando de lado la tarea de educación y de prevención del delito como arma fundamental para bajar la alta tasa de criminalidad que hay en el país.



El oficialismo apoyó casi todos los reclamos que realizara el padre del joven muerto, el mediático Juan Carlos Blumberg, por lo que la batería de leyes contra la inseguridad que lanzó el empresario textil en las distintas movilizaciones que llevó adelante, fueron aprobadas por un Congreso manejado ampliamente por el kirchnerismo en septiembre de de 2004, lo que marcó la primera gran contradicción de la era K.



Los expositores que tuvo el bloque del PJ en esos momentos, fueron nada menos que dos hombres identificados claramente en la sociedad con el pensamiento de la “mano dura”, como lo fueron Carlos Ruckauf y el recientemente fallecido Jorge Casanovas, dos personas que están emparentadas con el pensamiento más rancio y ortodoxo del peronismo, y no con la renovación que el kirchn erismo quiere darle a su política.



Fue el propio Néstor Kirchner quien públicamente asumió la agenda del falso ingeniero, y logró que siete puntos de su petitorio fueran votados por los bloques del oficialismo en el Congreso. De allí nacieron leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales por diferentes jueces, como por ejemplo la ampliación del artículo 189 bis del Código Penal, que impedía la excarcelación de aquellas personas que tuvieran antecedentes y fueran sorprendidas con un arma de fuego ilegal.



El verdadero objetivo de las leyes Blumberg, fue el de darle mayor poder a la policía, la misma que desde el 2003 a la fecha se ha convertido en el artífice del gatillo fácil, pudiéndose ver eso en que más allá del fin de la impunidad hacia los asesinos de los ’70 que significó la política oficial, la realidad muestra que en otros aspectos, la política de seguridad seguida por el gobierno tiene los mismos mecanismos desgastados de esa vieja época, y eso puede verse en que desde el regreso de la democracia allá por 1983, los gobiernos K se llevan más del 50% de las víctimas de gatillo fácil y de violencias de las fuerzas de seguridad.



En su informe 2010 la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), da muestra de que desde diciembre de 1983 a noviembre de este año, han sido 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, de ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner, es decir, el 52,79% de los casos ocurridos en total desde la vuelta del sistema democrático.



Esta Argentina de las que pocos hablan, tiene que ver con aquella donde el uniformado pasa a ser más que nada un enemigo que un amigo al cual pedir socorro en caso de apuros, y estos casos de gatillo fácil no hace más que dejar en la mente de los que menos tienen y más necesidades sufren la idea de que los que portan un uniforme policial son un “verdugo”, y que la represión que se organiza desde lo más alto del poder, siempre tiene que ver con un control social tendiente a castigar a los marginados del sistema.



Desde los estamentos más altos del poder, se encargan de remarcar que la represión preventiva está destinada para lograr controlar socialmente a través de la ley y conseguir de esa manera un estado más ágil y dinámico contra los infractores de la ley. Para los profesionales encargados de estudiar esta dinámica, los nuevos enemigos para el imaginario policial pasarían a ser el grupo de jóvenes desocupados, morochos y de pelo largo que abundan principalmente en las periferias urbanas, o simplemente los pobres y miserables.



Operativo psicológico



El gobierno sabiendo de que la Inseguridad es el tema central para los argentinos hoy en día, salió a crear luego de los hechos del Parque Indoamericano en el mes de diciembre, el Ministerio de Seguridad al mando de Nilda Garré, como una manera de dar a entender a la sociedad que había comprendido su pedido.



Con la creación de esta carte ra, el kirchnerismo quiere acabar con el conflicto social naciente, que se vio no sólo en Villa Soldati, sino también con la muerte de dos dirigentes de la comunidad Qom en Formosa y la del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Quienes conocen el manejo de las fuerzas de seguridad, aseguran por lo bajo que esta decisión del gobierno nacional de crear una cartera específica para el área, no es más que legalizar lo que se estaba haciendo por “el costado”, es decir, hacer ahora de frente una represión que se había “tercerizado” en manos no profesionales y que originó una serie de muertes que daña hasta lo más hondo de su interior, al gobierno K.



La creación de este Ministerio de Seguridad que estará bajo las órdenes de Garré, es un enorme triunfo de Horacio Verbitsky, periodista y director del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) por sobre el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, una persona a la que siempre criticó por sus manejos y uno de sus mayores enemigos dentro del gobierno kirchnerista, al que tanto defiende y apuesta desde sus columnas dominicales en Página/12 y desde la labor como director del organismo defensor de los Derechos Humanos.



A esto hay que sumarle, tal como se ha venido diciendo desde la Age ncia de Noticias CNA, que el corrimiento a la derecha del gobierno tiene nerviosos a más de uno en los organismos de DDHH, y que ya no saben cómo explicar ante muchos de sus seguidores por qué se apoya a un gobierno que los últimos tres meses ha tenido 5 muertes por represión de sus fuerzas de seguridad, y que no muestra arrepentimiento por los mismos en ningún lado, sino que por el contrario, tratan de quitarse de encima una culpa que les pertenece sólo a ellos.



Para intentar cambiar la opinión de la sociedad y mostrarse más dinámicos en el tema central de discusión de los argentinos, es que el gobierno ha decidido lan zar una campaña publicitaria donde se vea la labor gubernamental llevada adelante en este tema, así como también el intentar que muchos de los casos más resonantes de inseguridad no lleguen a los oídos de los argentinos para no seguir reflejando malas noticias.



Es por eso que se quiere instalar la idea de que hay una especie de “confabulación” contra el gobierno de Cristina Fernández orquestada desde distintos hombres de los organismos de seguridad, proveniente sobre todo de la provincia de Buenos Aires, asociados con el poder político de la derecha argentina, queriendo desestabilizar a un gobierno democrático elegido por el voto popular en el 2007, con la intención de instalar un g obierno “represor” de las conquistas populares.



Toda esta acción psicológica que ha lanzado el oficialismo a través de los medios de comunicación afines a su pensamiento, tiene como motivo poder alcanzar el ansiado 40 por ciento que le permita estar en el poder otros cuatro años. La alta plana K considera indispensable el voto de la “clase media” para llegar a esta meta.



Sin embargo, no se detienen en pensar que la que según muchos constituye la franja social más desequilibrante a la hora de las urnas, ya no está urgida por tantas necesidades consumistas como hasta hace unos pocos años atrás, sino que ahora la inflación, el desempleo y la inseguridad, hacen mella en el estado de ánimo, ya no sólo en los grandes centro urbanos, sino que en gran cantidad de casos se trasladó al interior del país y hasta en pueblos pequeños que han tenido que modificar las pautas culturales que siempre estuvieron impregnadas de la tranquilidad de la siesta pueblerina.



Desde el sector más duro del kirchnerismo, se viene trabajando en un plan tendiente a ganar el voto del electorado independiente y de clase media que le fue adverso en las elecciones legislativas del 28 de junio. Este plan incluye diversos ítems, pero sobre todo tienen que ver con medidas que se sabe cae bien en la clase media y que tienden a un mejoramiento gradual de la inestable condición que se encuentran pasando en estos tiempos de crisis.



Esta campaña que pretende poner en desarrollo el gobierno nacional, tiene q ue ver con la intención de incluir en la idea de la sociedad (sobre todo en la Clase Media), el concepto de que los funcionarios nacionales son "gente como ustedes", queriendo ganar el sector de la reserva moral de la ciudadanía que en las anteriores elecciones se fue con Elisa Carrió, y que ahora aparece volátil ante la inacción dirigencial por el tema de la Inseguridad.



Lamentablemente para el gobierno, toda esta actividad se ve empañada por acciones de sus aliados que no hacen más que retraer el voto de la clase media hacia el kirchnerismo. La última acción “piantavotos” de dirigentes afines al pensamiento ofic ial, fue la que efectuó la líder de la Agrupación Tupac Amaru, la jujeña Milagro Sala, quien de paseo con su esposo y familia por Punta del Este, fue a ver a Charly García a un concierto, y ante el descubrimiento de la guardia periodística de su presencia, sólo atinó a decir “¿Por qué los negros no podemos ir al Conrad?”.



Esta actitud de Sala disminuye el poder de fuego del oficialismo en tiempos electorales, ya que una dirigente social del peso y de la cercanía con el poder político que tiene la jujeña –especialmente con la Jefa de Estado-, sabe que ante todo debe guardar las apariencias, y no enojarse ante los periodistas que le sacan una foto en uno de los lugares más lujosos de la costa esteña. Ya lo dice el dicho popular “la mujer del César no sólo tiene que serlo, sino parecerlo”.



Las contradicciones en la política para la delincuencia del kirchnerismo han sido tan grandes, que evidentemente ha dejado de lado en forma arbitraria los conceptos progresistas sobre control del delito, y se respaldó en una postura totalmente derechosa que pedía la sociedad por medio de las encuestas y sondeos, que pedían una mayor mano dura y un mayor castigo hacia los menores delincuentes y eso se vio cuando dio su apoyo a las leyes Blumberg en el 2004, teniendo como expositores a Ruckauf y Casanovas.



Más allá de las diatribas en contra de la mano dura, lo que se vio durante todos estos años de gobierno K, es una contradicción andante entre lo que se dice y lo que se hace, algo a lo que el gobierno autodenominado de los “Derechos Humanos” tiene acostumbrado a la sociedad, valiéndose de un tono progresista a la hora del discurso público, pero a la hora de ejecutar el mismo, se tiende sobre la mano derecha, reforzando las mismas prácticas de siempre.



Este es el momento crucial para entender dentro del oficialismo que la sociedad ya no quiere más “pan y circo”, y que si bien ha vuelto a creer en la política como el arte de solucionar los problemas más graves de la población, todavía no les cree a los políticos que lanzan grandes discursos en los medios y cuando llegan al poder no los llevan adelante.



Si el oficialismo entiende el pedido de la sociedad de brindar mayor Seguridad a la gente, basándose en el respeto a la ley y a lo que enmarca la Constitución Nacional, el problema que se vive hoy en d ía con la inseguridad puede llegar a tener solución, creer lo contrario a esto sería un gran error político por parte del gobierno, que puede llegar a pagarlo en las elecciones de octubre.

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