La lamentable reforma constitucional de 1994, que ratificó la de
1957,
alteró principios básicos institucionales. El gobierno nacional ya no
es
representativo del pueblo sino de los partidos políticos, ya no es
republicano sino autocrático, y ya no es federal sino centralista. Con
la
actual estructura institucional, el Gobierno Federal anula la división
de
poderes, domina las provincias y municipalidades, dispone sobre la vida
y
actividades de los habitantes de todo el país y para sostenerse arma
una
red de corrupción política y económica que penetra y destruye la
cultura
social.
Nuestra Carta Magna está viciada, y carece de mecanismos de
defensa contra los abusos de los que detentan el poder. En los términos
actuales, no tiene mayor importancia quien es el jefe del Estado; el
poder
absoluto está a su disposición, tanto en medios económicos como en
instrumentación política o institucional. Las facultades
constitucionales
otorgadas, los resquicios legales y las interpretaciones jurídicas le
permiten actuar sin obstáculos.
Un país sin orden institucional, inexorablemente se derrumba. El
primer
paso es eliminar del Art. 30 la exigencia - de resultados
impredecibles -
de la Convención constituyente para reformarla, remplazándola por
enmiendas puntuales que deben ser aprobadas por las provincias o por
la ciudadanía.
Restaurar el poder y control ciudadano es un requisito fundacional.
16/11/2007
Dr. Marcelo J. Castro Corbat
segundarepublica@fibertel.com.ar
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