CRECE EL KIOSCO

EL JUICIO AL FRANQUISMO EN LA ARGENTINA

Se amplía el kioskito de los derechos humanos


Por Enrique A Piragini

Como en España parece que no pueden llevar a juicio a los responsables de “crímenes de lesa humanidad” durante el franquismo, los deudos de esas víctimas pretenden que se lleve a cabo en Argentina el juicio por esos delitos, como si nuestro país fuera ejemplo de Justicia y pudiera abastecer las necesidades insatisfechas en el resto del mundo.

En efecto, hace pocos días -14 de abril cte.- se presentó el abogado Carlos SLEPOY, exilado en Madrid en la época del Proceso militar, ante los tribunales federales de nuestro país para que se investiguen aquellos hechos cometidos en España.

Sostiene, según sus propias palabras “Presentamos la querella como consecuencia de la escandalosa paralización de los procedimientos judiciales en España”, y agrega que su reclamo “Se fundamenta en los principios de jurisdicción universal, los mismos en los que se basó Garzón para abrir diligencias por crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, los mismos en la que se basó la justicia española para condenar a Adolfo Scilingo, los mismos que permitieron la extradición de Ricardo Cavallo o la apertura del caso por genocidio en Guatemala. Es decir, se fundamenta en una idea completamente asentada en la comunidad internacional por la que las leyes de amnistía o punto final no tienen validez ante crímenes contra la humanidad o genocidio”.

Apunta que los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo ”Son delitos que formaron parte de un genocidio. Así lo recoge Garzón en la causa que inició, y nuestra querella se basa en buena parte en esa causa, fundamentada a su vez en multitud de pruebas, hay incluso documentos y manifestaciones de todo tipo hechas por dirigentes del alzamiento nacional que así lo muestran. En ella se determina que hubo 113.000 desaparecidos y más de 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad”.

Este insólito reclamo judicial se hace aquí y ahora por cuanto en España no podría llevarse a cabo atento que ese país únicamente admite la jurisdicción universal cuando no funciona el servicio de justicia, y, según las más altas autoridades de la Península, “En España contamos con un sólido Estado de derecho en donde la ley se cumple, en donde la ley se aplica y en donde la Justicia es independiente” (tal como dijera la vicepresidente María Teresa FERNANDEZ DE LA VEGA, en consonancia con José Luis DORIGUEZ ZAPATERO que reivindicó la solidez y el buen funcionamiento de la justicia española) restándole entidad a esa presentación allende los mares.

La presentación de Carlos SLEPOY se realiza en respaldo a la investigación iniciada por el juez Baltasar GARZON que podría costarle al magistrado su cargo en la Audiencia Nacional, ya que el debate jurídico sobre este asunto le ha implicado una acusación por prevaricato, al dictar una resolución injusta a sabiendas que contradice la ley.

Ello porque, según el Tribunal Supremo español, los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo han prescripto en virtud de lo dispuesto en la Ley de Amnistía del año 1977, en consecuencia el juez GARZON no debió haber promovido causa alguna por tales hechos, como lo resolviera en abril de 2008, pues ello atenta contra el derecho vigente en España.

La carrera del mediático juez podría verse muy complicada no sólo por este delicado asunto, sino también porque recientemente se le ha sumado una querella por la intervención telefónica de implicados en el caso Gürtel, la trama de corrupción que salpica a la dirigencia del Partido Popular.

Toda esta situación podría generar una grave crisis institucional, involucrando ahora a la justicia argentina, pues SLEPOY aduce que intenta perseguir en nuestro país lo mismo que viene investigándose en España, abusando del sistema judicial al amparo de un oficialismo argentino basado en la explotación de la política de Derechos Humanos.

Carlos SLEPOY es abogado especializado en estos asuntos, porque él mismo fue víctima de la dictadura argentina. Fue encarcelado dos semanas antes del golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Pasó por varias prisiones y centros de torturas antes de ser condenado al exilio en noviembre de 1977, cuando se instaló en España.

Veinte años después actuó como abogado de la acusación popular en los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón contra Videla y otros miembros de la dictadura argentina. De ese modo jugó un papel fundamental en el juicio contra Adolfo Scilingo, a quien la justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.

También ha participado en el proceso contra el ex capitán Ricardo Cavallo, extraditado desde México a España y desde allí a Buenos Aires, acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

Ahora las paradojas de la vida llevan a SLEPOY a recorrer el camino inverso: De Madrid a Buenos Aires. En esta ciudad, Capital de la República Argentina, fue presentada este miércoles 14 de abril -día de la República española- una querella para que se juzguen los crímenes de la guerra civil y la dictadura españolas. Entre los demandantes hay varias asociaciones de derechos humanos y por la memoria histórica.

Como si no tuviéramos bastante con los juicios por crímenes de lesa humanidad vinculados a la época del Proceso militar –que aún no concluyeran- ahora sobreviene este reclamo, al cual seguramente adherirán los familiares hambrientos de “justicia” y, por qué no, tal vez de las reparaciones patrimoniales a cargo del Estado Argentino, en un nuevo “negocito” similar a los que reportaran pingües ganancias a tantos exilados que pudieron percibir importantes “indemnizaciones” muy superiores a lo que podría haber ganado de haber trabajado honradamente en cualquier empleo, aquí o en el extranjero, acorde con las reparaciones abonadas a “hijos y nietos aparecidos” de desaparecidos, tergiversando así el anhelo de Justicia o la búsqueda de la Identidad, ambas opacadas frente al metálico que incorporaron a su patrimonio y que pagamos todos los argentinos que seguimos viviendo, y sobreviviendo, en nuestra querida Argentina, tierra generosa en este aspecto.

Veremos qué dice ahora la justicia argentina sobre este pedido, pues ya el juez URSO tuvo oportunidad de rechazar un planteo semejante en la causa CARRILLO, negando la extradición requerida.

Además, nunca fue clara la política exterior de la presidencia KIRCHNER, en esta clase de asuntos, colocándonos en difícil situación frente al concierto internacional y especialmente en relación al Reino de España, pues vale recordar que el gobierno nacional dejó libre a terroristas que operaban en ese país, dándoles asilo político, como fuera el caso del año 2004 en que operara el Canciller Rafael Bielsa, el 9 de abril, relacionado con Rosa Luz PADILLA BACA, Miembro del MRTA, que estuvo detenida en el penal de mujeres de Ezeiza, detenida el 11 de marzo de 2004 y liberada el 9 de abril de es año, y en dichas gestiones de liberación se incluyó al etarra José IRIONDO (ideólogo de la Caravana de la Muerte en España), lo cual fue, sistemática y convenientemente, ocultado a la prensa.

Cuando aún logramos la pacificación nacional, se introdujo ahora una nueva variable imprevista pero vinculada al mismo objetivo. Será edificante ver qué sucede con este deja vù…

ENRIQUE A. PIRAGINI

Presidente de A.R.I.E.L. ong

Argentina Recupera Idoneidad en Libertad