KAVILANDO

KAVILANDO


Por Enrique A Piragini

Así como la presidente Cristina Kirchner no confía en nuestros bancos, al no repatriar los fondos “desaparecidos” de Santa Cruz, dejó bien en claro que en la Argentina no hay justicia, pues quiere recurrir a los tribunales internacionales.

¿Será porque en nuestro país seguramente los condenarán por enriquecimiento ilícito y otras muestras de corrupción?

La muy complicada situación judicial de Ricardo Jaime y otros que también roban para la corona (y de paso algo distraen para sus propios bolsillos) ¿la hará tomar conciencia de su vulnerable situación?

La descabellada idea de someter nuestros asuntos domésticos ante tribunales foráneos, ¿no implica una forma de subversión institucional? ¿Es sólo una manera más de denostar a jueces que no se rinden a la kaja rosada? ¿O se trata de pretender incursionar en esa extraña vía sólo para dilatar sentencias que pudiesen llevarla a la cárcel?

Cuando la presidente habló de jueces delivery, ¿se referiría a jueces como Rafecas o el hermano del Auditor General de la Nación, Javier Fernández, que manejó el asunto de los DNU y le permitió echar mano sobre las reservas del Banco Central?

¿Conocerá la presidente la lista de precios de exenciones y eximiciones de prisión y excarcelaciones? ¿Podría hacerla publicar en internet para que todos sepamos sus valores?

El derecho ciudadano a la información implica también conocer quiénes son los magistrados (jueces y fiscales) que integran el elenco prostituido, ya que no debería ser información reservada sólo para los actuales funcionarios.

No hay que subestimar a quienes sin ser funcionarios podrían acceder a tales servicios por contar con dinero suficiente para afrontar los honorarios correspondientes, después de todo -según la constitución nacional- ¡existe la igualdad ante la ley!

Y por si fuese necesario definir la adquisición de algún legislador, diputado o senador, ¿podrían también publicar sus respectivas cotizaciones?

Y para completar el espectro sería bueno contar además con el precio de las operaciones de prensa y armados de causas, como fuera el caso del “colaborador” del diputado Lozano a quien “sorprendieron” intentando extraer información en forma ilegítima.

Cuando los “carpetazos” dan resultados, aumenta su práctica elevando su cotización. Vale recordar el affaire que tuviera como objetivo denostar a Enrique Olivera, y más recientemente al senador Luis Juez, a quienes se les atribuyeran millones de dólares en paraísos fiscales.

Pero nada hay más interesante que las imágenes, que según los publicistas, valen más que mil palabras. Por eso la profusión de videos que prácticamente sustituyeron las simples escuchas clandestinas, dando imagen y sonido a lo que se quiere difundir. ¿Acaso nos hemos olvidado de la puesta en escena del piquetero oficialista Luis D’Elía cuando filmó y grabó un supuesto intento de soborno por parte de empresarios proveedores del PAMI? ¿En qué quedó ese -en su momento- tan publicitado asunto?

Pero, para crear curiosidad y generar ansiedad, no puede dejarse de lado la vieja e intrigante fórmula de amenazar con la aparición de fotos, videos y grabaciones comprometedoras, si fuesen de corte lujurioso y desviado mucho mejor. ¿O acaso no está en marcha la operación Mimicha?

Si a todo este menú le aditamos el necesario e imprescindible protagonismo declamatorio de las más altas autoridades del poder ejecutivo, y el uso y abuso de la cadena nacional, junto a programas radiales y televisivos del cariz de 6,7,8 con su claque oficialista, concluiremos en que “estamos en el horno” sin que siquiera nos ayude el Chapulín Colorado.

Como diría el maestro Aguinis: ¡Pobre patria mía!

ENRIQUE A. PIRAGINI

Presidente de A.R.I.E.L. ong