ARGENTINA OCULTA

Por: Alberto Solanet



A TODA LA OPINION PUBLICA MUNDIAL

Señores:

Hace medio siglo aparecieron los primeros focos de la guerrilla rural en la provincia de Tucumán, y de la acción de estos y otros grupos que en los años siguientes recurrieron a la violencia, fue expandiéndose una verdadera guerra interior.



El conflicto se acentuó en la década del 70. Lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas, y liberar indiscriminadamente a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que inmediatamente retomaron sus actividades criminales.



La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos y otros gravísimos delitos.



A partir de decretos dictados por Isabel Perón e Italo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.

La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.

Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes en Jefe, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.



A partir de 1987 surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra.



Ante el estupor de muchos que consideraban superado el conflicto, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, en la que los agresores de la sociedad civil quedaron transformados en jóvenes idealistas que habían sido injustamente perseguidos. Ahora se los apaña y destaca como personalidades ejemplares y hasta se les paga abultadas indemnizaciones, además de ocupar altos cargos en el Gobierno.



En los últimos siete años se acentuó el hostigamiento contra militares y policías cuyo objetivo fue privarlos de su libertad a cualquier precio, anulando indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema, anulando el Congreso las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabriendo los procesos y vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.



Es así, que resolvimos unirnos los abogados para enfrentar semejante estado de cosas, y fundar la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, habiendo obtenido la personería jurídica recientemente, luego de cumplir el año desde la firma del acta fundacional. Fuimos doscientos en ese entonces y hoy llegamos casi a los cuatrocientos abogados, más los adherentes que participan de idénticos ideales. Ponemos de relieve que se ha incorporado un grupo de prestigiosos médicos, dispuestos a monitorear el estado de salud de los mil presos políticos, encerrados en distintas cárceles del país.



La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Son ya cerca, como reitero, de mil los presos políticos y el número crece de modo inquietante. Digo bien, se trata de presos políticos, pues su procesamiento y encierro obedece a una decisión política, absolutamente infundada en ningún presupuesto legal. Que están presos por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. Que democracia y que república se puede construir sobre esta realidad aciaga. En definitiva no estamos en tiempos de paz, de la paz verdadera, que como decía San Agustín, es la tranquilidad en el orden, y en nuestra patria no hay orden.



Como ustedes saben, nació nuestra agrupación en torno a la visita a las cárceles, para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo, aunque en este punto por lo general ocurre lo contrario, ellos son los que nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en nuestro empeño. Sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, institucionalmente les soltaron la mano, dejándolos a merced del enemigo. Luego de cada visita, uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian. Distintas agrupaciones de Oficiales retirados y asociaciones de familiares de presos políticos, colaboran de distintos modos con los presos. Hago mención especial a la valiente y corajuda actitud del grupo de señoras encabezadas por Cecilia Pando, que, días pasados, se encadenaron en la entrada del edificio Libertad. Como he dicho, refiriéndome a tal circunstancia, me imagino la impresión de los altos oficiales, que advirtiendo su presencia, habrán requintado sus gorras y esquivado la mirada para evitar la turbación.



No hemos faltado una sola semana a las visitas a las distintas cárceles, Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Nuestra actividad, en el primer año de vida, ha crecido en forma constante. Hemos denunciado en distintos foros esta realidad, frente a la sociedad, indiferente y adormecida, sometida desde hace años a una venenosa e implacable campaña de adoctrinamiento sesgado, que ha logrado desonzar a las fuerzas armadas, sin discernimiento alguno. La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Hoy, observamos con estupor, que, al mejor estilo Stalinista, cerraron un siniestro acuerdo, la Sra. de Carlotto y el Ministerio de Educación, para la edición de libros de lectura, para distribuir en todas las escuelas del país, de cuyo contenido y orientación no caben dudas, destinados a horadar el pensamiento de nuestros niños, quienes recibirán la ponzoña desde su mas tierna infancia.



La situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los Comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se pretende extender a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra, haciendo tabla rasa con principios elementales del Derecho Constitucional y del Derecho Penal que distinguen desde hace años a los países civilizados. Al convalidar la detención de un ex Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cámara del distrito ha llegado al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo, es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna. Con esta nueva línea jurisprudencial la revancha ya no tiene límites.



Rechazamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargo en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados



Urge volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo incluso a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra. Sobre el punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto en todos los casos, incluso para los delitos más graves.



La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?

Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento. Queda así en evidencia que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos.



En mayo pasado, en un acto que organizamos en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, en conmemoración del asesinato del Juez Quiroga, leímos a vos en cuello, una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia, suscripta por mas de 180 abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que días mas tarde fue publicada en el diario La Nación, mediante una solicitada de casi una página.



Entre otros conceptos manifestábamos que nos inquietaba la instauración, a través de fallos dictados por ese Tribunal, a partir del año 2003, de una suerte de derecho de dos velocidades, donde las garantías básicas contenidas en la constitución, que ese mismo cuerpo proclamó hace ciento veintitrés años, valen para unos y resultan absolutamente ineficaces para otros. A través de los precedentes Arancibia Clavel, Lariz Iriondo, Simón y Mazzeo, a los militares y fuerzas de seguridad, empleados para combatir el terrorismo que asoló a la Argentina en la década del setenta, se les han negado derechos y principios que rigen desde siempre para todos los ciudadanos, que, en enumeración no taxativa, expusimos. Entre otros, decíamos, se ha desconocido el principio de legalidad, siendo estos ciudadanos juzgados por delitos llamados de lesa humanidad que no existían como tales al momento de los hechos, y que todavía no han recibido tratamiento legislativo para que se los defina como a todo delito, evitando así el caos interpretativo que impera actualmente, y su consecuente utilización con fines políticos contra adversarios del poder de turno.

Solo a ellos no se les aplica el plazo razonable para su juzgamiento consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, y se les agravan las condiciones de encierro, manteniendo prisiones preventivas por tiempo indefinido y a personas que superan los setenta años, edad en que los jueces deben conceder la prisión domiciliaria. Las cárceles no deben ser instrumentos de tortura y no están preparadas para recibir ancianos ni enfermos. Ello ha generado decenas de muertos en cautiverio.



Abandonar la legalidad para alcanzar lo que algunos creen que sería justo, significa la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.

Como consecuencia de este insoportable desvío de la administración de justicia, sustentada en el odio y la venganza, nos encontramos con mil presos políticos y ciento dieciséis muertos en cautiverio. Son presos políticos, por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes llamadas de punto final y obediencia de vida, y de la Corte Suprema de Justicia que terminó avalando esas nulidades, cometiendo uno de los más inmensos prevaricatos de la historia.



Señores nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado proceso, sin embargo somos concientes que en los años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación. Somos concientes que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente concientes, que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y de venganza, que, además demolió las fuerzas armadas y de seguridad, dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa.



Parece evidente que el propósito es que se mueran en la cárcel. Estas no están preparadas para el encierro de personas que superen los cuarenta y cinco años de edad promedio, y los presos políticos superan fácilmente los sesenta o sesenta y cinco años, muchos arriba de ochenta . Hemos podido ver casos emblemáticos, como el que se publicó en todos los diarios, por lo que resulta inocultable, me refiero a Martínez de Hoz. Los médicos legistas, funcionales al ensañamiento del Juez, estuvieron al asecho, para ubicar el instante que consideraren propicio, para mandarlo a la cárcel. Otro como el General Vertplaetsen, que fue encerrado en Marcos Paz padeciendo un acelerado proceso de Alzehimer, y fue menester llevarlo a la audiencia oral en ambulancia. Así podría comentar otros, como el caso del Comisario Patti, cuyo estado actual es de suma gravedad. Es indudable que los quieren ver muertos. Las normas del debido proceso no existen para esta justicia prevaricadora.

Entre otras actividades, hemos asistido a las audiencias celebradas en los distintos procesos, y podemos señalar que en muchos casos se parecen mas a un circo romano que a una instancia judicial. Muchas veces con la asistencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y patotas de cuantos grupos de izquierda andan por ahí. Este es el clima y el ambiente que han creado los propios jueces, para instalar en la sociedad la sensación de que está el propio demonio en el banquillo de los acusados. No puedo pasar por alto lo ocurrido en Córdoba, en la causa que se le sigue, entre otros, a los generales Videla y Menendez. En la audiencia se hicieron presentes el Secretario de Derechos Humanos y ex terrorista, Eduardo Luis Dhualde acompañado de Baltasar Garzón, recientemente separado de la justicia española por prevaricador, quienes se permitieron hacer declaraciones acerca del proceso judicial, en un desenfadado propósito de presionar a los jueces.

Los presos se sienten reconfortados con nuestra presencia. También hemos visitado a los jueces, a quienes, sin eufemismos, les hemos planteado nuestras inquietudes y puntos de vista. Es importante que los jueces tomen conciencia que hay cuatrocientos abogados que los estamos mirando.

Hemos ido a Rosario, Córdoba, Salta y Tucumán. En cada una de estas ciudades visitamos a los presos, a los miembros de los Tribunales, pronunciamos charlas y conferencias, haciendo conocer los objetivos de nuestra Asociación, dejando la simiente en los foros locales para que se formen agrupaciones similares a la nuestra, como quisiéramos que ocurra aquí.

Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como hoy, desde la Presidencia de la República, se impulsa el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de lesa humanidad. Aquí les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites.



Días atrás, en una elocuentísima demostración de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte Dr. Lorenzetti, acompañado de varios Ministros y políticos absolvió posiciones ante las madres y abuelas de plaza de mayo, y por supuesto, frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él. En esta oportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de la Republica, declaró que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos, y agregó que el avance de estas causas no solo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del poder judicial. Continuó manifestando que el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión ínter poderes para llevar adelante una política de estado.



Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Anticipa que se acabó la república por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte y, al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los argentinos

No podemos dejar de mencionar las declaraciones del Canciller Timerman, ante el periodista Mariano Grondona, quien acerca de la reconciliación de los argentinos, sostuvo que él no se reconciliará jamás con quienes fueron responsables y personeros de la así llamada dictadura militar. También destacó que no necesitaba de ninguna reconciliación y que esto no alteraba en nada su paz. Además de la gravedad institucional que significan ambas declaraciones, estos personajes estarían instigando peligrosamente a una guerra civil entre los argentinos



En un momento, como dije al principio, pareció que las secuelas de la terrible guerra de los años setenta habían sido superadas. Todas las causas que se imputan a quienes hoy están perseguidos o presos, por los hechos de esa guerra, lo mismo que los crímenes cometidos por los subversivos que hoy no están ni perseguidos ni presos, están incuestionablemente prescriptas. Por ello los primeros están ilegalmente presos y estos últimos, legalmente libres.



La guerra que se ganó en el campo militar, se viene perdiendo en el campo cultural, en manos del enemigo. Sus mentores tienen despacho cercano al gobierno, que es su astuto brazo ejecutor. Salvo honrosas excepciones, tanto el poder judicial, como el legislativo le han sido funcionales y por ello hoy se vive en la argentina este clima de odio, venganza y degradación. En orden a la funcionalidad, no puedo dejar de aludir a la reciente sanción por parte del Congreso de la ley del llamado matrimonio homosexual. Con la misma majadería, desparpajo e irresponsabilidad, podrían haber decidido que Dios no existe o derogado la ley de gravedad. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, en línea con la política destructora de la sociedad argentina, se manifestó en favor del aborto, en una decisión totalmente extraña a sus fueros. Por último, hace pocos días, la Cámara de Diputados, casi por unanimidad, dio media sanción a la ley que prácticamente despenaliza el infanticidio. De sancionarse estas leyes, nuestro país se convertirá en zona de alto riesgo para la vida de los mas chiquitos. Definitivamente no hay paz en nuestra patria.



Buscamos alertar a la sociedad argentina, en especial a sus dirigentes políticos, a la Iglesia a los jueces honestos e imparciales que aún quedan, sobre la urgente necesidad de reaccionar con la fuerza de la ley y el orden, contra la acción destructiva de esta revolución cultural que padecemos. Debemos empeñarnos para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia.



Que Dios nos ayude.

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