PIROTECNIA

Análisis nacional
Los enormes costos de la pirotecnia del oficialismo

por Pepe Eliaschev

La presidenta Cristina Kirchner hablaba en público y por una cadena de televisión, mientras le ofrecía protección al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y conjeturaba que le daría “asilo” en la Casa Rosada.

Eso fue lo de menos. Lo más notable es que se preguntaba si alguna vez la provincia sureña había sido intervenida. Lo primero fue que no supo describir a Santa Cruz como lo que fue hasta el 15 de junio de 1955, cuando la ley nacional 14.408, promulgada por el presidente Juan Perón, la convirtió en provincia argentina, un territorio nacional. La definió como “distrito federal” o “distrito nacional” y ni siquiera mencionó que fue Perón el que la hizo provincia, pero lo notable es que, además, afirmó que Santa Cruz nunca había sido intervenida como provincia.

Insegura, lo miró en búsqueda de aval al gobernador Daniel Peralta, que -naturalmente- acató en silencio, aceptando que tal intervención nunca había ocurrido. Todo lo contrario: la única vez que Santa Cruz fue intervenida, sucedió durante un gobierno constitucional, en 1974.

El mandatario derrocado por el gobierno peronista fue el hoy fallecido Jorge Cepernic, ídolo de los Kirchner. En verdad, el peronismo en el poder liquidó a nada menos que cuatro gobernadores justicialistas. En Mendoza le quitó el cargo a Alberto Martínez Baca. Luego vino Santa Cruz, donde sacó del medio a Cepernic. La siguió Salta, donde expulsó del cargo al gobernador Miguel Ragone. Y ya en 1975, intervino Misiones. Al margen de estas intervenciones, el propio Perón desplazó a los gobernadores Oscar Bidegain de Buenos Aires y Ricardo Obregón Cano de Córdoba.

Todos estos gobiernos, intervenidos desde un Poder Ejecutivo Nacional controlado por el justicialismo, habían sido definidos como “zurdos”, o sea, influidos por la tendencia revolucionaria del peronismo.

Resulta curioso que la primera mandataria finja ignorar ahora la historia de la provincia que eligió como propia en 1976 y a la que representó como senadora durante años. Tiene que ver esto con la irreprimible tendencia a la improvisación que caracteriza sus discursos y declaraciones, pero -además- con otra tentación a la que cede el oficialismo: la que radica en distorsionar y reescribir la historia.

Un dato insólito

Este relato incluye un dato que, si no fuera tan dramático, es hasta tragicómico: quien en 1974 pidió y obtuvo el golpe contra Cepernic fue la madre del actual gobernador Peralta, Nélida Cremona de Peralta, que era una legisladora adicta a José López Rega en aquella época.

El actual gobernador alega que quienes han pedido la intervención federal de Santa Cruz son “golpistas”. Pero este pedido de intervención fue mentado por partidos opositores tras la negativa del gobernador actual de reponer en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa, tal como solicitó explícitamente la Corte Suprema de Justicia. Sosa, como se sabe, fue echado en 1995 por Néstor Kirchner porque se metía demasiado en los negocios privados del entonces gobernador.

Estos trapicheos y manipulaciones, políticas e históricas, se fueron dando en un contexto en el que el Gobierno tuvo otras malas noticias. En efecto, las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) para renovar sus autoridades fueron un contraste para la lista encabezada por Hugo Yasky, muy cercana al kirchnerismo. Aunque los resultados son cuestionados por ambas listas, todo indica que ganó el sector de Pablo Micheli, que remite ideológicamente a la tradición de Germán Abdala y Víctor De Gennaro y mantiene empatía con Proyecto Sur y fuerte diferenciación del Gobierno. Al margen de la derrota electoral de los amigos de Kirchner en la CTA, hay un aspecto que corresponde subrayar a propósito de estas elecciones. Autodefinida como expresión directa de las bases, la CTA se ufana de haber contado con la afiliación directa e individual de 1.200.000 trabajadores. Las cifras del recuento electoral, sin embargo, exhiben un resultado bien escuálido, porque no fueron a votar más de 200.000 personas. La conclusión es inescapable: si la CTA tenía, según sus dirigentes, un millón 200 mil afiliados, quiere decir que fue a votar no más del 16 por ciento del supuesto padrón, una radiografía de la indigencia civil argentina.