DESARME

LA GRAN INCÓGNITA DEL DESARME

El País, ausente del cambio presidencial de nuestro vecino más importante. Controlada por Verbitsky, Zannini, Parrilli y otros, la Presidente no aplica autoridad ni define los pasos por seguir. Ahora quieren limitar la capacidad armamentística de la Policía Bonaerense, lo que incrementará el delito, también consecuencia de la prevaricación en la justicia. Un severo problema para Scioli. Pueden darse cambios ministeriales.

Por Carlos Manuel Acuña

A lo largo de su trayectoria, Nilda Garré cumplió a la perfección el cometido de clausurar la capacidad militar del país. Minuciosamente, la ministro de Defensa abarcó en este proyecto, que ya se cumplió tanto en el aspecto material como en la moral de las Fuerzas -tal vez el factor más importante-, un aspecto que todavía no ha concluido y que está llamado a generar consecuencias graves y profundas dentro de un plazo relativamente breve. Las sentencias a militares, hombres de las Fuerzas de Seguridad y policías tienen un contenido que va más allá de la formalidad persecutoria y la dosis de venganza que entrañan. La medida que pasa por los tribunales posee, además, otros componentes, en los que es necesario reparar para entender lo que sucede y encarar el futuro que inevitablemente se presentará. Si decimos esto, es porque las sentencias arbitrarias y contrarias a derecho tienen como finalidad subterránea suprimir toda una generación militar y de uniformados que estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas, a arriesgarse y combatir contra organizaciones montadas en torno de una ideología determinada. Si bien el escenario se ha modificado con la desaparición del mundo bipolar y el fracaso estruendoso del comunismo, aún restan ideólogos que entienden que es posible avanzar políticamente debajo del paraguas de la izquierda para hacerse del poder y poder manejarlo sin mayores controles: los actuales serán removidos y esto comprende tanto a los hombres como a las leyes y estructuras que aún permanecen vigentes pero que, progresivamente, son degradadas hasta generar el acostumbramiento y, con ello, la aceptación de lo incorrecto. Lo más evidente de este aspecto del problema es lo que sucede con los juicios que hemos mencionado, donde jueces y fiscales que saben muy bien el alcance de las normas no han dudado en ingresar en el mundo de la prevaricación, del acomodamiento de los falsos testigos para darle una apariencia de legalidad a lo que sucede y, finalmente, dictar sentencias que alcanzan a la cadena perpetua, aunque en su intimidad saben que se trata de “sentencias políticas”, es decir, injustas.

Estos funcionarios judiciales saben que corren el riesgo de que en el futuro este comportamiento se vuelva contra ellos mismos si llegaran a modificarse las condiciones políticas, pero lo que es más grave es que aquellos que son más inteligentes e incluso resisten calladamente la doctrina que impulsa el ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni, en el sentido de que no existe el derecho penal -hablamos en términos simples para que el tema sea comprendido por todos- crea una situación proclive al cometido de delitos de distinta naturaleza y, entre otras, es una razón del crecimiento delictual pero, sobre todo, de la violencia innecesaria que se registra en determinados hechos que es innecesario recordar. Más aún, la doctrina que se difunde en el sentido de que el delincuente no es culpable por su conducta antisocial, sino que es la misma sociedad la que lo lleva a actuar como lo hace, es un componente que circula por los vericuetos que componen los caminos generadores de los crímenes más diversos y más horribles. Es necesario y conveniente que la ciudadanía comprenda lo que sucintamente dejamos expuesto sobre este aspecto de la realidad argentina, aspecto todavía asentado especialmente en los ámbitos urbanos pero que, inevitablemente, ha comenzado a extenderse hacia los terrenos rurales para formar parte de las inquietudes cotidianas.

Por cierto, este esquema vigente viene de lejos y se puso en marcha durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín; avanzó lento pero seguro durante las administraciones posteriores, que no sólo ratificaron sino que ampliaron la política de desarme militar y de persecución a quienes derrotaron al terrorismo setentista; se respaldó mediáticamente a los jueces que participaron de las primeras condenas -jueces que incluso fueron homenajeados recientemente por el gobierno metropolitano de Mauricio Macri, quien parece no haber entendido este verdadero problema- y finalmente se dispuso desarmar a la Policía Federal de manera inicialmente disimulada, como lo es la medida inicial de enfrentar sin armas a las manifestaciones que se multiplican. Por falta de espacio -esa vieja tiranía que enfrenta a los periodistas- no vamos a entrar en los detalles de lo que ya es un conflicto regional pero sí vamos a referirnos nuevamente al crecimiento del delito, alimentado por la quiebra jurídica que se expresa en los juicios que comentamos más arriba, su clara y firme incidencia en nuestra alterada sociedad y al impulso que significa el desarme policial que comentamos brevemente.

Ahora vamos a referirnos a la continuidad de este proceso encomendado a Nilda Garré y que está referido al control armamentístico que se prepara para con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras se planifican cambios ministeriales de envergadura, pues también abarcan al ámbito de la Justicia. Es lógico que se quiera encarar un proceso que tenga en la mira la corrección de las corruptelas, pero no que se comience por reducir la ya acotada posibilidad de utilizar armas y municiones en buen estado, un tema de relevancia por la peligrosidad que existe en determinadas zonas urbanas e incluso rurales. Esto último y entre otras cosas, por el traslado de habitantes de determinadas villas de emergencia capitalinas y del conurbano que, para descomprimirlas, se enviaron a la periferia de determinadas ciudades bonaerenses, donde ya han comenzado a surgir los clásicos problemas.

Pero un desarme de la Bonaerense, aunque sea parcial, le generará un inevitable problema al gobernador Daniel Scioli, tironeado por distintos sectores del oficialismo que resisten o apoyan, según los casos, su eventual candidatura presidencial. Como es obvio, esto genera problemas de distinta intensidad en el seno del peronismo y en el tejido de eventuales acuerdos políticos que cuesta mucho -digamos que demasiado- formalizar con la reserva del caso.

Todos estos componentes confluyen en un escenario cada vez más confuso y fiel reflejo de la falta de autoridad y conducción. Quien hoy puede ser candidato para un puesto, mañana puede serlo para otro y así sucesivamente. Lo único cierto es que Cristina Fernández está emocionalmente inestable pero controlada por el ala más ideologizada del oficialismo. Horacio Verbitsky, Carlos Zannini, Parrilli y otras figuras de la izquierda se entretienen en afirmar este control pero son incapaces de encarar otros problemas de importancia que se complican día a día y entre ellos podemos citar algo que ya comentamos: la ausencia de Cristina de la ceremonia del cambio presidencial en el Brasil, nuestro vecino más importante por múltiples razones. No sabemos cómo lo explicará Timerman -en realidad poco importa- pero el hecho es que en su discurso de asunción, Dilma Rousseff, la nueva presidente, no mencionó ninguna vez a la República Argentina.