viernes, 20 de marzo de 2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.....


"CORREO DE BUENOS AIRES"
POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL Aparece los Jueves

El Consejo de la Magistratura obstaculiza el contralor y depuración del Poder Judicial
Por JUAN JOSÉ GUARESTI (nieto)

Es parte de la experiencia histórica argentina el fracaso del contralor del Poder Judicial por medio del denominado "juicio político" a realizar en el Congreso Nacional según la Constitución de 1853. Por ese motivo la reforma constitucional de 1994 creó un organismo donde la sociedad estuviera representada denominado Consejo de la Magistratura, que realizara ese imprescindible contralor de la conducta de los Magistrados Judiciales. El eje de esa reforma fue la presencia del ciudadano que, a solas con su conciencia y sin compromisos políticos, pudiese denunciar a los malos jueces y poner en marcha un organismo imparcial donde confluyesen representaciones de distinto origen, y no dejaran impunes las faltas graves de la judicatura como hasta aquel momento. La impunidad de los Jueces es el origen de los malos fallos y del desprestigio del que goza nacional e internacionalmente nuestro Poder Judicial.

Es harto posible que el número de los buenos jueces sea superior al de los malos magistrados, pero el hecho concreto es que estos últimos son impunes. De esa lenidad surge el desprestigio de nuestra judicatura, que puede no estar totalmente justificado pero que está alimentado por una serie de hechos u omisiones de los cuales la opinión pública nacional y extranjera deduce que estamos ante el caso que describe ese verdadero tratado de Derecho Constitucional que es la frase de Lord Acton cuando dijo: "El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente".

Como lo fue antes de la reforma de 1994, nuestros jueces siguen gozando de un poder absoluto en la medida en que no hay contralor alguno de su actuación, porque la inmensa mayoría de las denuncias que se les hacen son desestimadas por el Consejo de la Magistratura que obstaculiza a los denunciantes a ejercitar su rol constitucional de participar en el contralor de la marcha del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura dificulta la labor del denunciante al extremo que cuando aquél lee la contestación de su denuncia y pide copias de la misma, le dan una hoja de papel y lo invitan a tomar a mano alguna nota de lo que considere esencial. La fotocopiadora no existe para el denunciante sino que debe desempeñar el rol de copista como si fuera un monje de la Edad Media. La inoperancia del Consejo de la Magistratura para controlar a la Judicatura y su actual desprestigio no se va a resolver con entregarle fotocopias al denunciante que hasta ahora se le han negado. Para corregir este mal desempeño hace falta una auditoría de la gestión del Consejo de la Magistratura que tenga seriedad y el examen minucioso de todas las desestimaciones de denuncias producidas en los últimos dos años.

En este prolongado período la única acusación que prosperó es la realizada contra el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, Guillermo Tiscornia, que fue destituido SIN EL VOTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS MAGISTRADOS JUDICIALES QUE SE ABSTUVIERON. Cuando fue tratado el tema en la Comisión de Disciplina y Acusación, los representantes de los Magistrados votaron en contra de someter a juicio a ese pésimo Juez, quedando en claro que los magistrados judiciales no apoyan la depuración de sus cuadros.

El rol del denunciante es el de ser un contralor popular de la Judicatura que debe enterarse que no puede hacer lo que quiere; ni sentenciar sin estudiar el expediente; que debe conocer las leyes; atender a los letrados y resolver expeditivamente las causas, buscando terminarlas sin que se eternicen. Después de la reforma constitucional los jueces siguen sin contralor alguno porque el denunciante en el Consejo de la Magistratura no puede defender su denuncia, no se lo considera parte esencial del expediente pese a que está cumpliendo con una tarea de raigambre constitucional, y no puede actuar planteando los errores que se cometen en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ni puede exigir siquiera la producción de las pruebas que existan en sustento de su denuncia.

El reglamento interno ningunea al denunciante de manera que no se pueda prestar para el debido esclarecimiento de su denuncia y desde luego, imposibilita ejercitar la importante responsabilidad que la Constitución pone en cabeza de los ciudadanos. El reglamento fue confeccionado para evitar que las denuncias prosperaran mediante normas antirrepublicanas que no hace falta derogarlas: no deberían ser aplicadas por nadie porque contrarían la forma republicana de gobierno que exige la transparencia en los actos públicos, que los ciudadanos sean escuchados y respetados, y que ayudan a controlar la marcha de los tres poderes del Gobierno. El reglamento que se dictó frustró el ejercicio de ese contralor y el sentido de la reforma constitucional. No cabe duda que este reglamento contraría el principio republicano por excelencia que los funcionarios (contamos a los magistrados judiciales entre éstos) son responsables de sus actos u omisiones, y que hay un sistema de contralor establecido con el cual pueden tropezar los malos jueces. Como aquí no hay contralor alguno, no hay más remedio que aceptar el libertinaje o, por el contrario, convocar a los mejores hombres y mujeres de la Nación para que unidos por un noble afán, terminen con la impunidad judicial.

Dicha impunidad trae aparejada la impunidad para el crimen. En la experiencia de quién esto escribe. Los malos hábitos de algunos jueces están peor desde que se halla en funciones el Consejo de la Magistratura. Se han nombrado centenas de empleados, desde luego sin someterlos a concurso alguno, se han comprado edificios y mobiliarios caros para nada. ¿Alguien cree que la Justicia está mejor desde la creación del Consejo? Debe haber muy pocos que sinceramente piensen eso.

En el cónclave del Foro Económico Mundial al que concurren muchas de las personalidades más importantes del mundo que se realizó en Davos en 2007, la entidad que lo organiza presentó un informe en el que se estudiaron distintos rasgos de las naciones para establecer su competitividad en el orden internacional en el período 2006/2007. Este informe tuvo la originalidad de incorporar el entorno institucional para establecer aquella competitividad. Por el valor de sus instituciones entre las cuáles se encuentra el Poder Judicial, se adjudicó a la Argentina el lugar 112. La República Popular de Angola, cuya credibilidad institucional es muy baja, recibió el lugar 111. Se dirá como siempre, que este lugar lo debemos a una conjura contra la Argentina u otras simplezas, pero ¿no será que nuestra Justicia anda mal porque el organismo de contralor no sirve porque en la práctica las denuncias que se hagan contra los Magistrados no van a tener resultado alguno aunque se tuvieran pruebas terminantes contra ellos? El organismo de contralor no va a funcionar hasta que no incorpore al denunciante al proceso que pueda defender su denuncia y cumplir con su mandato constitucional.

El dictamen que produce la Comisión de Disciplina y Acusación, casi siempre absolutorio, no es notificado al denunciante pese a ser una pieza de contralor institucional con la excusa de que nada tiene que ver con la investigación. De esta manera se le quita toda posibilidad de saber lo que dice y de contestarlo, exhibir sus errores para que sean corregidos, ofrecer pruebas adicionales, etc. En la práctica, ese dictamen sella la suerte del expediente. ¿Cuántas veces ha sido revocado ese dictamen a instancias de algún interesado a quién le rechazaron la denuncia? En la revisación que hemos hecho: nunca. Supongamos que el denunciante se entera de lo que propuso la Comisión de Disciplina y Acusación y quiere elaborar una protesta y mostrar el error en que se ha incurrido para lo cual lógicamente necesita de una copia del dictamen y la pide ¿Quá va a ocurrir? Le dan una hoja de papel y le dicen que copie a mano todo lo que necesite copiar. Esas son las órdenes que tienen los empleados.

Por las razones expuestas, el Consejo de la Magistratura, como contralor judicial, es la negación de la forma republicana de gobierno y de su razón de existir, y abrió por su inoperancia y dictámenes contrarios a las constancias de expedientes judiciales -que muchas veces ni se los solicitó para ver si era cierto lo que dijera el denunciante- un ancho cauce de impunidad judicial.

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