PAZ SOCIAL EN PELIGRO

Se precipitan conflictos institucionales y políticos

por Rafael Fano

El país asiste a una serie de conflictos institucionales y políticos cuya magnitud afecta el normal funcionamiento de la división de poderes, así como también el orden público, indispensable para transitar el año electoral que se aproxima con un mínimo de previsibilidad.

Sin lugar a dudas, el que reviste mayor gravedad es el desacato del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a nada menos que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Peralta desoye la orden judicial de reponer al ex procurador provincial, Eduardo Sosa, cesanteado durante la gestión de Néstor Kirchner como gobernador, hace quince años. No conforme con ello, Peralta acusa a la Corte de “intencionalidad política”, uno de los peores insultos que puede recibir el alto tribunal, cuyos integrantes reciben el respeto de todos los abogados y políticos de los más variados pensamientos.

En octubre del año pasado la Corte ordenó a Peralta que restituyera a Sosa porque su desplazamiento había sido inconstitucional. Pero Peralta desobedeció la orden y la Corte ahora lo denunció penalmente y pidió al Congreso de la Nación que la ayudara a cumplir el fallo.

El fallo de la Corte es el sexto consecutivo en el mismo sentido y en sus distintas composiciones, desde Carlos Menem a la fecha, siempre dispuso igual resolución.

El desconocer un fallo de la Corte es de una gravedad institucional fenomenal. La Corte es el intérprete final de la Constitución y de las leyes. La interpretación que haga de las mismas no puede ser desconocida por un gobernador, ni siquiera por el presidente de la República, por lo tanto se debe cumplir sin objeciones de ningún tipo.

Peralta gobierna una provincia donde el sistema republicano no funciona y pretende que a nivel nacional ocurra lo mismo. Está claro que en la medida que no se respeten las jurisdicciones de los poderes y no se respeta la función que cada poder tiene dentro del Estado, el sistema republicano no funciona.

El dislate institucional se agranda cuando salen a respaldar al gobernador santacruceño prominentes voceros del oficialismo, que ocupan cargos relevantes tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, puesto que potencian la crisis institucional peligrosamente.

Lamentablemente no es la primera vez que no se acata una orden de la Corte, lo cual habla a las claras de la falta de respeto al máximo órgano judicial del país. El actual gobierno se niega a cumplir con lo resuelto en el caso Badaro en cuanto a la actualización de las jubilaciones obligando a 400.000 jubilados a iniciar juicio a la Anses. También se niega a descontaminar el Riachuelo.

Ofende la inteligencia de las personas en general y de los juristas integrantes de la Corte en particular expresar que “nadie en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento”, como lo ha hecho el jefe de Gabinete. ¿Cómo creer que los destacados miembros de la Corte van a dictar un fallo de imposible cumplimiento? ¿Los estamos calificando acaso de ignorantes?

Vivir en un Estado de Derecho obliga a todos los ciudadanos a respetar la ley y es una responsabilidad ineludible de los funcionarios cualquiera sea su rango ser los primeros en acatar los fallos judiciales, máxime cuando provienen de la Corte. No hacerlo es conducir a la democracia hacia la dictadura.

Conflicto político

Avanza también un conflicto político en la provincia de Buenos Aires que crece con insospechadas consecuencias electorales y peligrosa alteración de la paz social en un conglomerado urbano por demás comprometido económica y socialmente.

El reto y la descalificación pública de Néstor Kirchner hacia el gobernador Daniel Scioli sobre el tema de la inseguridad intranquilizaron a las huestes políticas en general y a los intendentes en particular.
Anteriormente, Kirchner respaldó a Hugo Moyano para impulsar su candidatura a gobernador al asumir la presidencia del PJ. También impulsó a los ministros Aníbal Fernández, Florencio Randazzo y Amado Boudou, como precandidatos a gobernador.

La pregunta entonces cae de maduro ¿Si así se actúa con un aliado incondicional como Scioli qué le puede suceder al resto?

No extrañó entonces la reacción de ocho importantes intendentes que pueden lograr la derrota del kichnerismo en la provincia más importante electoralmente del país. En efecto Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Sandro Guzmán (Escobar), Joaquín De La Torre (San Miguel), José Eseverri (Olavarría), Luis Acuña (Hurlingham), Gilberto Alegre (General Villegas), Sergio Massa (Tigre) y Pablo Bruera (La Plata), se han revelado contra el apoyo a Hugo Moyano y están dispuestos a romper lanzas.
Conflictos sociales

También se precipitan los conflictos sociales ya sean estos por reivindicaciones salariales o educativas. La Capital Federal y sus alrededores soportaron en un solo día más de cien cortes o bloqueos por alguno de estos motivos, convirtiendo el desplazamiento callejero en prácticamente imposible.

Con treinta escuelas tomadas por el mal estado de sus instalaciones y con cinco universidades nacionales en igual estado por reclamos de todo tipo, la educación se encuentra amenazada. El conflicto excede lo educativo e ingresa en lo ideológico y partidario con consignas muchas veces desmedidas o fuera de lugar. Se ha encendido allí una luz roja que amenaza extenderse a todo el país.

La ruta Panamericana entre Rosario y la Capital Federal se encuentra bloqueada desde hace quince días por un conflicto gremial en la empresa Paraná Metal, trastornando el tránsito vehicular de la principal ruta del país.

Hugo Moyano insiste en bloquear fábricas si no se cumplen sus deseos de que todo lo que se mueve termine afilado al sindicato de los camioneros.

Muchos de estos conflictos institucionales, políticos y sociales los está generando el propio gobierno o por lo menos tiene a su alcance la influencia suficiente como para moderarlos o frenarlos.

De no actuar en consecuencia el país entrará en un terreno de confrontación sumamente preocupante, cuando se encuentra a pocos meses de un año electoral. La precipitación de los acontecimientos no es aconsejable para el mantenimiento de la paz social.