CAIDA DE CARETA MAPUCHE

El País (España) - 14-Dic-10 - América Latina

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LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Los problemas de las minorías indígenas
Chile pidió ayuda al espionaje de EE UU frente a los mapuches

El Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo internacional
La Embajada norteamericana no veía al movimiento mapuche como una amenaza seria

por Soledad Gallego-Díaz

Edmundo Pérez Yoma, ministro de Interior del último Gobierno de Michelle Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el "problema mapuche" y le pidió apoyo "de inteligencia" para seguir de cerca sus eventuales contactos con grupos extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para "seguir el dinero" que les pudiera llegar.

La conversación se produjo en 2008, cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la construcción de represas en territorio mapuche. "El consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los carabineros para localizar la llegada de esos posibles contactos", asegura un telegrama de la Embajada.

Los sucesivos despachos enviados a Washington, en 2008 y 2009, indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta; "el problema ha sido magnificado por los medios", y quienes alegan que existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado pruebas de ello".

Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002, de solo 604.000), la mayoría de las ONG que trabajan en el país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y el 6% de la población).

Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje por el territorio en conflicto, recoge la opinión, bastante irónica, de los diplomáticos norteamericanos: "Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles", se mofan. "El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, generalmente conservadores, publican a menudo en primera página reportajes sobre este conflicto". Los diplomáticos no ocultan su indignación: "La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".

"Hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto", informa el embajador Paul E. Simons. "Las comunidades mapuches son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera, que es incapaz de establecer y alcanzar objetivos realistas", explica.

Las protestas de los mapuches, que reclaman las tierras de las que fueron expulsados, obtuvieron alguna respuesta en los años sesenta, pero con la llegada de la dictadura de Pinochet fueron, de nuevo, aplastadas. El primer Gobierno democrático de Patricio Aylwin, explica otro telegrama estadounidense, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a las comunidades indígenas, "pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años, contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años rompiendo las promesas que les hacen".

Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las autoridades chilenas, agobiadas por la carencia de energía suficiente como para sustentar su creciente desarrollo, decidieron poner en marcha un plan de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en territorio ancestral mapuche. A partir de ese momento, se renovaron los incidentes. "Aunque preocupantes e ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y dirigidos contra propiedades y no contra personas". El telegrama recoge la queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas porque se aplique a los mapuches una controvertida ley antiterrorista de la época de Pinochet.

La Embajada constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado chileno son conflictivas, pero mayoritariamente "no violentas". "Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a la Araucaria y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas urbanas", explica Simons. Según la información que asegura que le ha proporcionado el subsecretario de Interior, Patricio Rosende, 27 de las 2.100 comunidades mapuches del país están realmente en conflicto con el Gobierno chileno o con los propietarios de la tierra, y de esos 27 casos, solo en ocho se han registrado acciones violentas. De hecho, recuerda el embajador, en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos jóvenes activistas mapuches.

El embajador reproduce también conversaciones mantenidas con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que minimiza las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas como las FARC o ETA. "Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento. Unos pocos representantes de Askapena, del brazo político de ETA, visitaron en agosto de 2009 algunas comunidades mapuches. Sin embargo, caracterizan esas relaciones como informales e infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador que se trata de "turismo de guerrilla".