EL GOLPO MONTO

Fuerte crítica del canciller Timerman a “LA NACION”. Dijo además que la Justicia debería “condenar a los civiles que fueron cómplices de la dictadura”
Publicado en Opinión, Política |


Periodismo de Verdad: 22 de marzo de 2011

Ocurrió ayer durante un acto en el Palacio San Martín. Fue a raíz de una nota que “La Nación” publicó con la firma del Presidente de la “Asociación de Abogados Justicia y Concordia”, Dr. Alberto Solanet, titulada “Derechos Humanos y legalidad” que reproducimos a continuación.

Es lamentable que un funcionario de un Gobierno “democrático” en pleno siglo XXI opine del modo que lo hizo públicamente, pretendiendo censurar la libertad de opinión y amedrentar a quienes no coinciden con él.

Hay que tener principios y valores fuertes para permitir a los ciudadanos expresarse libremente y a los lectores informarse conociendo respetuosamente, la otra parte de la historia.

A continuación la nota de Solanet y la respuesta de Timerman



DERECHOS HUMANOS Y LEGALIDAD. Por el Dr. Alberto Solanet

Seguramente el jueves, 24 de marzo, el Gobierno desplegará toda su artificiosa liturgia para celebrar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La institución de ese feriado y su denominación muestran una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia. Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible que el 24 de marzo de 1976 no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada contra un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos.

Como siempre, la fiesta abundará en la exaltación de los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, para no andar con eufemismos, que hoy, para una parte importante de los argentinos, sustituye a la legalidad. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad”, figura difusa que alcanza, además de a los militares y fuerzas de seguridad que participaron en la guerra contra la subversión en los años 70, a cualquier ciudadano a designio del Gobierno. No es una afirmación retórica. Con esa calificación utilizada para alegar la imprescriptibilidad, la señora Herrera de Noble y sus hijos sufren una implacable persecución judicial; José Alfredo Martínez de Hoz y Jaime Smart están presos y desde la Presidencia de la Nación se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios vinculados a los medios de prensa más importantes.

Esta política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento se intensificó a partir del gobierno de Néstor Kirchner, a cuya instancia el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales. Estas leyes habían sido sancionadas por gobiernos constitucionales y por parlamentos plenamente representativos, que interpretaron la voluntad ciudadana de superar un pasado de violencia y confrontación. Las leyes de amnistía fueron declaradas constitucionales por el mismo alto tribunal que luego, a través de los fallos “Arancibia Clavel”, “Lariz Iriondo”, “Simón” y “Mazzeo”, obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos.

De esta forma se vulneró la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno y desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados. Se ha negado la detención domiciliaria a quienes en derecho les corresponde. Se ha excedido en mucho el límite de dos años impuesto para la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria. Se ha ejecutado, además, un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. Así, hay hoy mil presos políticos y ciento veinte muertos en cautiverio. Son presos políticos por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes mencionadas, haciendo tabla rasa con un principio elemental: el Congreso no puede anular las leyes, sino, en todo caso, derogarlas para el futuro. Sin duda, lo más grave ha sido la disposición de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando esas nulidades.

Quienes juzgaron a la junta de comandantes fueron entrevistados en el suplemento Enfoques, editado por este diario, el 15 de agosto de 2010, y Julio César Strassera afirmó: “Este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos”. En tanto, Guillermo Ledesma dijo: “Nosotros, en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes”. Y más adelante: “Yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que como dije viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión”. Finalmente, sostuvo que “el principio de legalidad no puede ser derogado por nada, porque es uno de los logros más importantes de la civilización”. Por último, Luis Moreno Ocampo opinó: “Yo creo que es válida la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio, no se pueden utilizar para la prescripción. Aquí hay un problema grave de prescripción”.

En varias oportunidades el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante ministros, políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ha declarado que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos”, que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del Poder Judicial. Manifestó además que “el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado”. Y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida, así como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Por último, agregó que se había creado una comisión inter-poderes para llevar adelante esa política de derechos humanos como una política de Estado. Con estas manifestaciones cometió un grosero prejuzgamiento, revalidó el funesto error en el que incurrió la Corte y evidenció que se ha operado la sustitución del Código Penal por una difusa política de derechos humanos.

El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debería consentirlo y ningún hombre de derecho debería dejar de denunciarlo. Es necesario reaccionar con la fuerza de la ley para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia. © La Nacion

El autor es presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Fuente: La Nación, 21 de Marzo de 2011

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La reacción del Canciller Timerman:

El canciller Héctor Timerman dijo ayer que la justicia argentina debería condenar a los “civiles que fueron cómplices” de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. “No alcanza con condenar a los militares, hay que condenar también a los civiles que fueron cómplices y usufructuaron el terrorismo de Estado en beneficio propio”, afirmó Timerman durante un acto en el Palacio San Martín en homenaje a detenidos-desaparecidos que trabajaron en la Cancillería.

En declaraciones a la prensa, el ministro acusó a LA NACION de ser “cómplice” de los delitos que se cometieron durante la dictadura, según informó la agencia oficial Télam. “Una de las empresas propiedad de LA NACION es parte de lo que usufructuaron gracias al terrorismo de Estado con el secuestro de la familia Graiver. Ellos son parte, por eso LA NACION no va a querer nunca que se haga justicia”, remarcó.

Timerman señaló que el diario publicó ayer un editorial “a favor de la señora Ernestina Herrera de Noble (dueña del Grupo Clarín), de Martínez de Hoz (el ex ministro de Economía de la dictadura) y de Jaime Smart (ex camarista)”, que fue quien, dijo, “ordenó” el secuestro de su padre, Jacobo Timerman.

En realidad, el responsable de la política exterior del gobierno de Cristina Kirchner hacía referencia a un artículo de opinión publicado en la página 15 firmado por el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Alberto Solanet.

“Esas personas no pueden estar libres por las calles. No alcanza con condenar a los militares, hay que condenar también a los civiles que fueron cómplices y usufructuaron el terrorismo de estado en beneficio propio”, sentenció Timerman.

El funcionario agregó que “después de 30 años de democracia quien tenga dinero y poder puede evitar que la justicia investigue un crimen de lesa humanidad”. Además, se refirió a los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble: “Si esos chicos algún día van a heredar el monopolio de prensa más grande que hay en este país deberían dar el ejemplo de someterse a la Justicia”.